Por: Lcdo. Ramón L. Rosario Cortés
En la vista del caso Sánchez Valle ante la Corte Suprema Federal, la Administración de García Padilla informó que no quieren una soberanía con “S” mayúscula sino una con “s” minúscula. Eso debe comerse con pan y aguacate. No es broma, eso se dijo en la Corte a nombre de Puerto Rico.
En medio de esa tragicomedia jurídica, los puertorriqueños reciben una propuesta federal para establecer una junta que decidirá hasta la grasa que debe tener el mondongo boricua. La Junta propuesta sarcásticamente lleva el nombre de “PROMESA”, por sus siglas en inglés. Esta Junta tendrá el poder de decidir las obligaciones que pagaremos, los impuestos que cobraremos y la cantidad de dinero que destinaremos a la salud, seguridad y educación. Pero, la Junta no podrá ser evaluada por los puertorriqueños ya que ni escogemos a sus miembros. Esa Junta haría fútil e inoficioso el ejercicio democrático del próximo noviembre y de los otros noviembres que vengan. Cortesía del ELA.
Hay consenso en que esta Junta es injusta y elimina nuestra democracia. ¿Cuál es la causa? Pues, nuestra relación de subordinación con los Estados Unidos. Decir lo contrario hiciera lucir a alguien “mezquino” y “tonto”. El Congreso solamente ha impuesto una junta similar a Washington D.C. porque no se trata de un estado y sí de un territorio bajo el control del Congreso. La Junta de la ciudad de New York la impuso el Gobierno estatal y no el Congreso. Bajo la estadidad, tuviéramos acceso al suplicado Capítulo 9 y con la independencia el Gobierno federal no nos tuviera bajo sus “poderes plenarios”.
Por otro lado, David Bernier, siguiendo una estrategia política, anunció que no atenderá en específico el tema del estatus hasta que la Corte Federal decida los casos de Puerto Rico. Eso ocurrirá cerca del mes de junio. ¿Qué hacemos en lo que el hacha va y viene? Para cuando Bernier hable, tendremos una junta de Control fiscal con “C” mayúscula. Entonces, no hará falta que alguien hable sino que escuche las instrucciones de la Junta.
Iván, dile a Bernier que meta mano ahora que pa’ luego es tarde.
Por: Lcdo. Iván Rivera
El borrador de legislación federal que impondría una junta de control fiscal sobre la nación puertorriqueña ha logrado lo que muy pocos temas políticos consiguen en nuestro país; “consenso en repudiar la misma por parte de nuestra clase política”. Ese consenso debe ser el punto de partida para una lectura amplia de nuestra realidad fiscal, económica y política. En el absolutismo conceptual del que históricamente han pecado nuestros dirigentes partidistas, observamos como muchos se expresan enajenados. Obviamente ante el hecho de que no soy experto en comportamiento psicológico no me refiero a “enajenación” desde el punto de vista clínico. Me refiero a “enajenación” como concepto. Según el Profesor Pérez Soto, “la enajenación como concepto es una situación objetiva, es decir, algo en que estamos involucrados más allá de nuestra voluntad”. A lo que me refiero es que cualquier construcción discursiva de nuestra parte nos autolimita a la hora de exigir respeto con acciones afirmativas a las autoridades federales en cuanto al discrimen geográfico y/o territorial al cual se le somete a los puertorriqueños.
En ese aspecto están completamente enajenados tanto aquellos que quieren desvincular el tema de la mencionada “junta” del tema del estatus, así como aquellos que quieren limitarlo exclusivamente al mismo. La facultad del Congreso de imponer un tipo de medida antidemocrática como esa se fundamenta en su prerrogativa constitucional de control sobre sus “territorios”. Pero los que repudiamos cualquier tipo de imposición de tipo colonial o “cuasi-colonial” no podemos limitarnos a realizar ese señalamiento sin acciones adicionales so pena de vivir enajenados por la eternidad.
Es necesario realizar un frente común contra dicha atrocidad que incluya la propuesta de medidas específicas para atender nuestra crisis fiscal al margen de esa “junta” y combatir la misma desde todos los frentes necesarios incluyendo el intelectual con alternativas. Además, compromisos calendarizados para atender el tema del estatus. Y si fuese necesario incluir desobediencia civil, pues, organizarla. A la fin y a la postre, el colonialismo hay que combatirlo con actos no solo con palabras.
Ramón, ¿tú y cuántos estadistas más se apuntan?
Columnistas, EL VOCERO
La Junta… o el colapso total
Puerto Rico es un territorio no incorporado –una colonia- que durante la pasada década ha estado sufriendo la crisis económica y fiscal más grande en toda su historia. Esta ha sido causada por distintos factores. En primer lugar por el gasto por parte de gobernantes irresponsables que excediendo los ingresos del fisco nos endeudaban hasta llevarnos a la quiebra con una monstruosa deuda – la más grande en cualquier jurisdicción de los Estados Unidos- hoy de $70 billones. En segundo lugar, por tener un estatus eunuco incapaz de generar un desarrollo económico autosustentable por adolecer de los poderes del voto presidencial y la representación en el Congreso con 2 senadores y 5 representantes. Como señalara el informe del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca del Presidente Obama del 2011 “: el Grupo de Trabajo reconoce que la cuestión del estatus y la economía están estrechamente vinculadas.” Añade que “la identificación de la manera más eficaz de contribuir a la economía de Puerto Rico depende de la resolución de la fundamental cuestión del estatus. En resumen, el bienestar económico a largo plazo de Puerto Rico mejoraría considerablemente con una pronta decisión sobre el asunto del estatus.”
Vergonzosamente Puerto Rico hoy necesita urgentemente de la asistencia del gobierno federal, de su peritaje y supervisión para impartir disciplina fiscal, mejorar la eficiencia gubernamental, la transparencia y la capacidad de instituir un mecanismo para reestructurar la deuda de tal forma que podamos restablecer confianza y credibilidad en el gobierno y nos permita nuevamente acceder a los mercados financieros. Esto es lo que pretende lograrse con una Junta de control o supervisión fiscal congresional similar a la que se implantó en 1994 en Washington D.C. Esa misma Junta podría propiciar para la resolución del estatus político de Puerto Rico recomendando la celebración de un plebiscito que con aval Congresional contenga alternativas no territoriales de estatus permanente.
Recientemente el Presidente del Comité de Recursos Naturales del Congreso Hon. Rob Bishop hizo público el borrador de un proyecto a someterse ante el Congreso, el “Puerto Rico Oversight Managementend Economic Stability Act”, PROMESA. Este proyecto – con algunos cambios menores – es una opción razonable y necesaria para lidiar con el resultado de las actuaciones irresponsables de muchos de nuestros gobernantes durante las pasadas 4 décadas.
Según las encuestas llevadas a cabo por una universidad privada, del 71 al 85 por ciento de la población favorece el que se establezca dicha Junta. Sin embargo, el gobernador Alejandro, el candidato Benier, Yulin y otros políticos locales se han opuesto tajantemente, manifestando que es indigno, antidemocrático y que sería inaceptable una junta no electa por el pueblo de Puerto Rico. Sin embargo, una junta como la que ellos proponen seria entregarle a los cabros velar por las lechugas. Sería dejar que los irresponsables, despilfarradores que no han tenido la voluntad ni valentía para tomar las decisiones difíciles para resolver los problemas, ahora en medio de la crisis pretendan hacerlo.
Los políticos son los que rechazan la Junta: los políticos populares la rechazan por motivaciones puramente ideológicas. Saben que con ella queda crudamente evidenciado que somos una burda colonia y que el Congreso es quien manda en Puerto Rico. Que la Junta acabaría con la poca soberanía fiscal que se alega obtuvimos en 1952. Además, la rechazan porque pierden control sobre la repartición del presupuesto para fines politiqueros de comprar votos y hacer ricos a los amigos del alma. Con la Junta se acabarían las transferencias de fondos a municipios en quiebra para construir boleras, pistas de patinaje en el hielo, moteles etcétera. Se acabaría la jauja. Otros señalan que la Junta debe venir acompañada por mecanismos de desarrollo económico y un mecanismo para resolver el asunto del estatus… que es el problema.
Recordemos las palabras del Congresista James Sensenbrenner recientemente enviado por el Presidente de la Cámara Paul Ryan: “La Junta de Control Fiscal será fuerte. O se acepta la Junta o no actúa el Congreso…y no habrá capítulo 9.”
El Congreso ha sido más que paciente y razonable para tratar de ayudarnos. Muy bien podría decir lo que se le dijo a NY hace unos años ante una situación parecida: “DROP DEAD NEW YORK”. No se puede permitir que por guapetonerías de politiqueros antiamericanos, acomplejados, ineptos e irresponsables se cuelgue la Junta y colapse la isla. Si no quieren la Junta no hay ayuda del Congreso. ¿Qué propone el presente gobierno entonces? ¿Cuál es el plan B de esta administración? No pagar la deuda y a Dios que reparta suerte.
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