Con 16 votos a favor y 9 en contra, finalmente se aprobó al filo de las 3:00 de la madrugada de este martes la denominada ley de moratoria para toda la deuda del Estado Libre Asociado (ELA), la cual concede abarcadores poderes al gobernador, al secretario de Hacienda y crea un súper síndico con facultad para liquidar el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), operar una o más estructuras bancarias nuevas y efectuar cesantías.
En esta mañana, según pautado para las 11:00 am, la pieza de poco más de 80 páginas (las otras 80 son la traducción al inglés) deberá llegar a la consideración de la Cámara de Representantes. En el Senado apenas surgieron enmiendas, más bien de estilo y muy poco de contenido.
Además de la moratoria en el pago de los próximos vencimientos de las emisiones que conforman parte de los $70,000 millones adeudado a los bonistas, la legislación impulsada por el Ejecutivo a través de sus senadores (P. del S. 1591) introduce cambios significativos para una entidad desapercibida hasta ahora en toda la discusión de la deuda, el Banco de Desarrollo Económico (BDE). A este, le extiende los mismos estatutos para habilitarle el mecanismo de un síndico en caso de que sus finanzas colapsen.
Con la abarcadora ley de moratoria, que en realidad incluye mucho más que esa alternativa para evitar el pago de deuda por un periodo, entre otros supuestos, se puede solicitar un síndico si “el banco es incapaz de pagar sus deudas a su vencimiento en el curso ordinario de los negocios”.
Aunque la presidenta del BGF, Melba Acosta Febo, dijo hasta ayer que la liquidez del banco rondaba los $700 millones, el proyecto puntualizó que al 1 de abril solo había $562 millones. Por lo tanto, prácticamente está asegurada la solicitud de un síndico y la eventual liquidación de activos.
No obstante, la pieza legislativa provee para que el gobernador pueda decidir esquivar los límites de reserva al eximir los mismos, y tiene autoridad para “restringir solicitudes de retiro de depósitos” de las entidades públicas en el BGF. Esto va en consonancia con el adelanto de Hacienda y otras entidades que abrieron cuentas en bancos comerciales para proteger sus fondos antes de que llegara un síndico.
En el fundamento de esta abarcadora ley de moratoria, se expresa que le concede al ELA la capacidad de estabilizar y hacer crecer su economía y “evita al mismo tiempo el cúmulo desmesurado de litigios”. De hecho, se observó la presencia de representantes de grupos de acreedores durante la atropellada sesión para la aprobación de la medida y se anticipa una estela de pleitos legales, principalmente entre los tenedores de deuda garantizada.
Al mencionar estructuras alternas para ser el nuevo agente fiscal del ELA y cargar con los activos “buenos”, que la identifica como “banco puente”, también se diseña para tomar mando de los esfuerzos de reestructuración.
Se crea un periodo de emergencia en el cual operará la moratoria, y durante este, el nuevo banco se regirá por una junta sin la aplicabilidad de la Ley de Bancos de Puerto Rico. Ese “banco puente” será una corporación pública independiente del ELA, pero podrá recibir fondos de Hacienda.
Aunque el síndico para el BGF (y que igual aplicaría la misma estructura para el BDE) puede realizar cesantías, al “banco puente” se le faculta para reconocer las uniones de empleados de los que sean transferidos a la nueva entidad, y por consiguiente el convenio vigente.
De otra parte, se podrán hacer contrataciones de personal necesario y con peritaje, por encima de las disposiciones laborales, para ejecutar el plan de reestructuración.
Al mismo tiempo, la moratoria habilita para que se protejan los contratos de consultores y empleados “esenciales”, así como asesores legales y financieros aunque los honorarios y salarios “se hayan incurrido antes”. Aquí se podrían incluir los contratos millonarios con las firmas especializadas como Millstein & Co. y Cleary Gottlieb.
Mientras, en el orden de utilizar los recursos disponibles para cubrir las necesidades esenciales de los ciudadanos, si el proyecto finalmente se convierte en ley igualmente se salta la Ley Orgánica de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) sobre el orden de prioridades en caso de problemas de liquidez, al relegar de una prioridad como hasta ahora, el levantar primero los pagos de la deuda garantizada por la Constitución del ELA.
Además, le ordena a Hacienda y a OGP identificar en el presupuesto vigente que vence el 30 de junio, unos $2 millones para los gastos de la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público.
El periodo durante el cual se puede declarar una moratoria es inmediatamente después de la aprobación de la Ley y vence el 31 de enero de 2017. A este tiempo se le define como el “periodo cubierto” y está sujeto a una prórroga de dos meses a discreción del gobernador. Mientras, una vez se apruebe la ley, contempla que las obligaciones cubiertas recibirán pagos de intereses o devengarán intereses durante el periodo de la moratoria.
Si una obligación de intereses del BGF o entidad gubernamental está garantizada por el ELA, “se pagará dicha obligación en su totalidad hasta el 1 de julio de 2016 si adviene pagadera. Comenzando el 1 de julio de 2016, obligaciones de intereses que constituyan deuda pública se pagarán en la cantidad determinada por el Gobernador, luego de consultar con el Secretario de Hacienda”.
Se aclara que “no se harán pagos de principal durante el periodo de emergencia a menos que el emisor ya tenga fondos depositados con un fiduciario (o agente de pago)”. Y, “las obligaciones enumeradas devengaran intereses sólo si tienen derecho al mismo bajo sus respectivos acuerdos”.
Carlos Antonio Otero, EL VOCERO
Periodista con 24 años de experiencia en la cobertura de temas económicos, política, tribunales y cultura en diferentes periódicos y revistas. Estudió periodismo en la Universidad del Sagrado Corazón e historia y cultura puertorriqueña en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y El Caribe.
Senado aprueba proyecto para declarar moratoria de emergencia
La Cámara de Representantes considerará la medida al reanudar sus trabajos a las 11:00 a.m. de hoy
El Senado de Puerto Rico aprobó en la madrugada de este martes el proyecto que crea la Ley de Moratoria de Emergencia y Rehabilitación Financiera, el cual viabilizaría la declaración de una moratoria al pago de la deuda del Gobierno.
La medida pasó poco después de las 2:30 a.m., con 16 votos a favor y nueve en contra.
Mientras, la Cámara de Representantes recesó sus trabajos hasta las 11:00 a.m., para entonces considerar la propuesta de legislación.
El Proyecto del Senado 1591 busca garantizar las operaciones del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y los servicios esenciales a los ciudadanos, a través de varios mecanismos que garantizarían atender el problema de liquidez que confronta el Banco Gubernamental de Fomento (BGF).
Declara un estado de emergencia fiscal para, entre otros aspectos, autorizar e instruir al gobernador a cumplir con su deber de salvaguardar la salud, seguridad y el bienestar público de los residentes del Estado Libre Asociado, otorgándole poderes de emergencia para declarar una moratoria temporera en los pagos del servicio a la deuda de todas las instrumentalidades del gobierno, incluyendo sus corporaciones públicas.
El proyecto de 81 páginas divididas en seis capítulos, también enmienda la Ley Orgánica del BGF para cambiar la manera en que se nombraría un síndico, así como para permitir la creación de un “banco puente”. Al sumarse su versión en inglés, se trata de un documento de 164 páginas.
Aprobación sin debate
El portavoz de la Mayoría en el Senado, Aníbal José Torres, fue quien presentó la medida con el plan de acción a seguir para atender la emergencia fiscal del BGF sometida por el Ejecutivo pasada la medianoche del martes.
Durante su consideración, ningún senador del Partido Popular Democrático (PPD) tomó turno para debatir. Solo Jorge Suárez habló desde su escritorio para presentar enmiendas en sala.
Sí se expresaron los demás portavoces en la Cámara Alta.
“¿Cuáles van a ser los efectos de esta moratoria, entre otras cosas, que dispone el proyecto? En primer lugar, el impacto inmediato va a ser contra las cooperativas de ahorro y crédito y las personas retiradas que invirtieron sus ahorros en bonos del ELA. El segundo efecto van a ser los impagos que provocarán una lluvia de pleitos judiciales y el tercer efecto va a ser un ambiente de poca atracción para prestarle a Puerto Rico”, expuso el portavoz del Partido Nuevo Progresista, Larry Seilhamer.
“Llegaremos a junio 30 y comenzaremos el año presupuestario siguiente sin ningún tipo de acceso a financiamiento alguno y con la dificultad de poder operar el gobierno de Puerto Rico”, señaló.
“No hay nada más cerca de una dictadura que lo que hoy se está aprobando”, estableció.
“Pero más allá de eso, hoy aquí lo que estamos haciendo es violentando la Constitución del ELA (Estado Libre Asociado) y la de Estados Unidos. Particularmente, el Artículo 2 de la sección 7 del ELA, y el Artículo 1 y la Sección 1 de la Constitución de Estados Unidos expresamente prohíben el menoscabo de las obligaciones contractuales, que dispone que no se aprobarán leyes que menoscaben las obligaciones contractuales. ¿Y cuál es el propósito de esa garantía constitucional? Pues precisamente asegurar la estabilidad de las relaciones contractuales que son tan importantes para el desarrollo económico, la confianza y la credibilidad del gobierno”, agregó Seilhamer, quien también apuntó que la medida delega unos poderes absolutos al gobernador.
“No hay nada más cerca de una dictadura que lo que hoy se está aprobando”, insistió y anticipó que el proyecto será impugnado en el Tribunal Federal y declarado inconstitucional.
El también penepé Thomas Rivera Schatz advirtió que es “peligroso” delegar en el gobernador las facultades que le confiere esta legislación para establecer moratoria.
“Se está cometiendo una barbaridad. Se están asaltando las facultades y obligaciones que la Constitución le impone al pueblo de Puerto Rico”, lanzó Rivera Schatz.
Por su parte, la portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, consideró que “la noticia que ha estado circulando los últimos días sobre el estado crítico del banco era un verlo venir”.
“No es posible que haya sorprendido a nadie, pero inexplicablemente, irresponsablemente, las personas con capacidad, con el poder para intervenir en esa crisis seguían pensando que las cosas se iban arreglar solas”, arremetió Santiago.
Aun cuando la senadora del PNP Margarita Nolasco dijo que no se les permitió la participación a las senadoras de minoría, el presidente del Senado, Eduardo Bhatia, determinó que no procedía su reclamo.
Tras la aprobación, este cuerpo legislativo recesó sus trabajos hasta el jueves 7 de abril a las 11:00 a.m.
Larga reunión en La Fortaleza
Los legisladores del PPD llegaron a eso de las 8:00 p.m. al Capitolio tras permanecer reunidos cerca de cuatro horas con el gobernador Alejandro García Padilla y su equipo financiero en La Fortaleza.
A pesar de que Bhatia, y su homólogo en la Cámara, Jaime Perelló, aseguraron entonces que la medida sería llevada a votación más tarde en la noche. Pasada la medianoche del martes, el panorama era todavía incierto.
La propuesta para atender el grave problema fiscal del BGF fue presentada a los legisladores luego que el lunes el banco fue objeto de una primera demanda de un grupo de acreedores en el Tribunal Federal. Sin embargo, fuentes consultadas por este medio aseguraron que la premura para atender la pieza responde al temor de que la inminente insolvencia del BGF provoque que las entidades públicas con cuentas en la institución acudan en masa a sacar sus fondos del ente fiscal para depositarlos en cuentas privadas, tal como hizo el gobierno municipal de Caguas.
Durante una improvisada rueda de prensa celebrada temprano en la noche en La Fortaleza, el Ejecutivo y los líderes legislativos defendieron la intención del proyecto de ley.
“No es una moratoria automática. Es una moratoria general que incluye las obligaciones generales (GO’s) y la deuda de otras instrumentalidades públicas”, anunció la secretaria de la Gobernación, Grace Santana.
La secretaria de la Gobernación indicó que la moratoria incluye el pago del principal y los intereses de la deuda del BGF que vencen próximamente.
“La medida incluye concederle al gobernador la facultad de declarar una moratoria sobre la deuda del BGF y sobre otras instrumentalidades, según sea necesario”, detalló Santana.
En riesgo estabilidad de los municipios
La crisis en el BGF impacta directamente las arcas de las alcaldías que tienen depósitos o líneas de crédito con el agente fiscal
El alcalde de Caguas, William Miranda Torres, reveló ayer que en días recientes su municipio transfirió alrededor de $1 millón de su cuenta en el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) a la banca privada.
Al mismo tiempo, reconoció que otros municipios también han sacado “mucho dinero” del banco del Gobierno del Estado Libre Asociado (ELA).
“Sé de muchos municipios que han ido moviendo sus dineros a otros bancos”, dijo Miranda Torres al mediodía de ayer en La Fortaleza, donde se reunió con el gobernador Alejandro García Padilla.
Los presidentes de la Asociación de Alcaldes, Rolando Ortiz Velázquez, y de la Federación de Alcaldes, Héctor O’Neill, también se reunieron ayer con el mandatario.
“Esto se veía venir”, dijo Miranda Torres, quien agregó que hace alrededor de ochos meses que su ayuntamiento había empezado a sacar su dinero del BGF, pero no precisó cuánto han retirado del BGF.
Detalló que ese dinero corresponde a los recaudos del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) y la Contribución Adicional Especial (CAE), entre otros.
Dijo que sacaron el capital del BGF porque “es el dinero que nosotros necesitábamos para el recogido de basura y otros programas ya que podría ocurrir lo que está ocurriendo en el Gobierno, que el pago a suplidores se nos podría atrasar”.
El alcalde, afiliado al Partido Popular Democrático (PPD), indicó que el tema del BGF no estaba en la agenda del encuentro con el gobernador, pero sostuvo que “Dios obra por caminos misteriosos”, en alusión a que la discusión pública en el País gira en torno al tema de la falta de liquidez de la institución pública.
“El Banco tiene que reinventarse, como todo el País, tenemos que reinventarnos”, dijo Miranda Torres a la pregunta de si favorecía que el BGF se privatice o se convierta en una nueva entidad.
Impacto a los pequeños. Miranda Torres destacó que la situación del BGF perjudica a los municipios pequeños en las obras como el desarrollo de proyectos de asfalto en los que no pueden competir en la banca privada.
O’Neill, alcalde de Guaynabo, dijo que no tiene dinero depositado en el BGF y sostuvo que la falta de liquidez de la institución perjudica mayormente a los pueblos pequeños.
El líder de los alcaldes afiliados al Partido Nuevo Progresista (PNP) detalló que tras una demanda que soembió para que el Gobierno le devolviera el exceso de la CAE, el Centro para la Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) le depositó el domingo $6.6 millones y el Banco Popular le debía depositar ayer tarde otros $3.4 millones; todavía el CRIM le adeuda unos $4 millones.
O’Neill agregó que no tenía “muchas esperanzas” con la reunión con García Padilla porque sostuvo que el tema del BGF “lo estamos trabajando hace dos años, que hemos sometido alternativas, que se están buscando soluciones y nunca aparecen”.
Ortiz Velázquez, líder de los alcaldes afiliados al PPD, dijo que los municipios puede solicitar el sobrante de las cuentas para pagar sus préstamos.
“Esperamos que ya que los ciudadanos están pagando sus contribuciones, propiedad mueble y propiedad inmueble, se le garantice la manera en que esos fondos van a poder seguir llegando a los municipios, ya sea para poder tomar préstamos porque tienen la fuente de repago, según establece la ley, o para en el caso de que se paguen las deudas se den los servicios a los ciudadanos”, afirmó Ortiz.
Buscan “comprar tiempo” con moratoria
Maricarmen Rivera Sánchez y Laura M. Quintero/ EL VOCERO
La administración de Alejandro García Padilla presentó esta madrugada un proyecto de ley para declarar una moratoria del pago de principal e intereses de la deuda pública vencedera en los próximos meses, como remedio al impago de alrededor de $2,000 millones que se avecina.
Luego de una reunión de cuatro horas en La Fortaleza con el caucus de la mayoría legislativa del Partido Popular Democrático (PPD), los líderes legislativos Jaime Perelló y Eduardo Bhatia salieron ayer del cónclave garantizando la pronta discusión y aprobación de la medida.
Pasada la medianoche, la medida fue radicada al menos en el Senado, pero no fue sino hasta la 1:20 a.m. que la Cámara alta inició la discusión y el portavoz del PPD, Aníbal José Torres, solicitó el descargue del Proyecto del Senado 1591.
El proyecto fue aprobado en la Cámara alta a las 2:49 a.m. con 16 votos a favor y nueve en contra.
Mientras, la Cámara baja abrió la sesión cerca de las 3:00 a.m. y recesó los trabajos hasta las 11:00 a.m. de hoy.
EL VOCERO supo que uno de los asuntos que se discutía previo a la radicación del
proyecto era si toda la deuda debía estar incluida en la medida que daría paso a la moratoria.
Mediante enmiendas a la Ley orgánica del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) se buscaría además que el banco fuera “dividido en varias entidades”, si así lo decide el gobernador, en palabras de la secretaria de la gobernación, Grace Santana.
Aunque los presidentes legislativos reiteraron que se buscaba “salvar” al BGF de un cierre, el proyecto de ley continúa permitiendo el nombramiento de un síndico para suspender las operaciones y liquidar las obligaciones del banco como dispone la ley orgánica; solo que delega al Ejecutivo la facultad de nombrar al síndico en lugar de tener que recurrir al Tribunal de Primera Instancia.
Sin necesidad de un informe de insolvencia, el gobernador por recomendación de la Junta de directores del BGF o el secretario de Hacienda pudiera nombrar un síndico una vez se cumpla con cualquiera de estos cuatro parámetros establecidos en el borrador del proyecto: los activos son menos que las obligaciones, el BGF es incapaz de pagar deudas y obligaciones en sus fechas de vencimiento, el BGF está operando de manera insegura o inapropiada, y ha incurrido en pérdidas que botarán todo su capital.
Se adelantó que el proyecto no sería de más de 50 páginas, pero enmendaría la ley orgánica del BGF para delegar al gobernador la facultad única de decretar una moratoria en el pago , de nombrar a un síndico y crear un “banco puente” al cual se puedan transferir las cuentas y activos que no sean tóxicos.
Santana reiteró que “no es una moratoria automática”, puesto a que el gobernador tendría la potestad de decretar la moratoria luego de un estudio en el que determine la imposibilidad del pago. Eso incluiría no solo al BGF, sino a la deuda de Obligación General y otras instrumentalidades públicas.
El poder de suspender los pagos estaría vinculado a una declaración de emergencia fiscal, se informó.
El proyecto establece que el periodo de emergencia y por ende la moratoria se pueda extender por un periodo de nueve meses, hasta enero de 2017, con la posibilidad de conceder una prórroga de dos meses adicionales. Sin embargo, los intereses y el principal seguirán generando intereses que serán pagaderos tan pronto se levante el período de moratoria.
La medida además establece en su Artículo 105 inmunidad para los funcionarios del BGF.
“A menos que pruebe mediante sentencia final e inapelable que ha incurrido en negligencia crasa que conlleve una indiferencia temeraria hacia sus deberes, ninguna persona tendrá responsabilidad civil, criminal o de otro tipo hacia entidad o persona alguna y, sin necesidad de notificación u orden adicional, serán exonerados de acciones u omisiones en su capacidad y dentro de su autoridad en conexión con, en relación con, que surjan bajo, o según permitido por esta Ley”, reza la medida.
De otro lado, la medida permite al gobernador dar “prioridad al pago de servicios esenciales sobre las obligaciones cubiertas para proteger la salud, seguridad y el bienestar de los residentes del Estado Libre Asociado” durante el estado de emergencia.
“Mientras no tengamos una herramienta para reestructurar la deuda, todas estas acciones van a terminar (retadas) en los tribunales… esa es la verdad… pero en estos momentos le queda una acción adicional al gobierno más allá de cerrar el banco y declarar la insolvencia”, expresó el presidente de la Cámara, Jaime Perelló, antes de salir del Palacio de Santa Catalina.
“La pregunta del Ejecutivo es si podemos, a la brevedad posible, darle otras opciones a Puerto Rico que no sean exclusivamente la liquidación del Banco Gubernamental de Fomento”, comentó por su parte el presidente del Senado, Eduardo Bhatia.
Suspender el requisito para que las instrumentalidades públicas mantengan sus depósitos en el BGF, dijo, es una posibilidad que se definiría “en las próximas horas”.
El anuncio de que este proyecto sería radicado provocó que ayer mismo llegaran al Capitolio cabilderos de bonistas opuestos a que se le diera al BGF una salida ante el inminente impago.
En tanto, la minoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado criticó la forma en que se discutía el proyecto en plena madrugada. El portavoz Larry Seilhamer adelantó al filo de las 2:00 a.m. que la delegación votaría en contra de la medida y anticipó que el proyecto sería retado en los tribunales.
Más temprano, la portavoz del PNP en la Cámara, Jenniffer González, no pudo precisar si favorecería las medidas pues, dijo, no había podido leerlas.
“Ese es el problema. Como delegación, no podemos decir que estamos a favor ni en contra de una medida que ni hemos visto. ¿Cómo la Legislatura puede considerar una medida de esta envergadura cuando ni se ha podido revisar y son asuntos bien técnicos que tienen consecuencias internacionales?”, expresó González. “Es una irresponsabilidad legislar sin que nadie haya tenido oportunidad de ver esos proyectos. Tenemos la intención de defender al pueblo de Puerto Rico, pero esto de legislar con medidas acabadas de radicar deja mucho que desear”.
Ayer, previo a la reunión de la Conferencia Legislativa en La Fortaleza, el primer ejecutivo se reunió con el alcalde de Caguas, William Miranda Torres.
El ejecutivo municipal informó que aproximadamente hace una semana retiró $1 millón de recaudos del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) y de la contribución adicional especial que le quedaban en el BGF.
Aunque las movidas comenzaron hace ocho meses, la semana pasada movió los últimos recaudos que le quedaban depositados en el BGF ante la incertidumbre sobre el futuro de esa entidad y el pago de alrededor de $2,000 millones que debe hacer el gobierno a sus acreedores entre los meses de mayo a julio.
De otro lado, al presente, la Universidad de Puerto Rico (UPR) le debe al BGF dos préstamos por $78 millones entre ambos y aunque tiene una petición para tal desembolso, la misma se encuentra bajo consideración, confirmó una fuente de EL VOCERO. En cuanto a depósitos de la UPR en cuentas en banca privada, se estiman en más de $100 millones.
Para leer la medida completa puede oprimir aquí.
Yennifer Álvarez Jaimes colaboró en este reportaje
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