El comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, censuró esta mañana la legislación en horas de madrugada, luego de que a eso de las 2:49 a.m., el Senado aprobara la medida para declarar una moratoria del pago principal e intereses de la deuda pública.
El también presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP) advirtió al Partido Popular Democrático (PPD) que decretar cualquier tipo de moratoria de forma unilateral es opuesto a los mandatos establecidos en la Constitución.
“La posición institucional del PNP es combatir esta medida legislativa y hacer cumplir nuestra Constitución. Anoche, nuestra delegación en el Senado votó en contra y estoy seguro que nuestros compañeros en la Cámara harán lo propio. Más aún, hago un llamado a la cordura y la responsabilidad a la mayoría legislativa del PPD en la Cámara de Representantes para que recapaciten y pongan al pueblo de Puerto Rico primero”, sostuvo Pierluisi en declaraciones escritas.
Asimismo, aseguró que el Proyecto del Senado 1591, presentado como remedio al impago de alrededor de $2 mil millones y para ‘salvar’ al Banco Gubernamental de Fomento (BGF) de un cierre, resultará en la radicación de costosas litigios en contra del País y provocará que desaparezcan las oportunidades de negociaciones de buena fe con los acreedores.
“Desde que esta administración y su candidato a la gobernación, David Bernier, sugirieron el concepto de una moratoria unilateral, he sido claro en mi oposición a la misma. Una cosa es negociar de buena fe una moratoria con los acreedores afectados y otra cosa es imponérsela unilateralmente”, estableció.
Según el líder de la Palma, la única forma de atender el asunto de la deuda pública y la crisis económica y fiscal que afecta a la Isla es mediante un mecanismo de reestructuación que provea para negociaciones consensuales y de buena fe. “Legislar en horas de la madrugada a espaldas del pueblo, los mercados y el Congreso es exactamente lo contrario”, mencionó
“Ya lo advertí una vez y lo reitero, la administración de turno y todo el que apoye este tipo de medida temeraria, en clara violación de los principios básicos de nuestra Constitución y del proceso democrático, se están pasando de la raya. Pretender suspender unilateralmente las garantías constitucionales es una afrenta bien seria que pudiera conllevar consecuencias civiles y hasta criminales contra quienes se presten para ello”, añadió.
Pierluisi recomendó redoblar esfuerzos para que el Congreso brinde un mecanismo de reestructuración que permita a la Isla negociar nuevos términos de pago.
La medida, aprobada esta madrugada en el Senado, con 16 votos a favor y nueve en contra, sería discutida hoy en la Cámara de Representantes.
El precandidato a la gobernación del Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi, arremetió hoy contra la administración del Partido Popular Democrático (PPD) por legislar en horas de la madrugada de hoy para otorgar al gobernador Alejandro García Padilla la autoridad de decretar una moratorias unilateral en el pago del interés y principal de la deuda de Puerto Rico.
Según Pierluisi, la medida incluye la deuda constitucional y otros créditos, y la posibilidad de suspender los derechos y remedios que otorga la Constitución.
“La posicion institucional del PNP es combatir esta medida legisltiva y hacer cumplir nuestra Constitución. Anoche, nuestra delegación en el Senado votó en contra y estoy seguro que nuestros compañeros en la Cámara harán lo propio” afirmó el Pierluisi.
Agregó que, “más aún, hago un llamado a la cordura y la responsabilidad a la mayoría legislativa del Partido Popular en la Cámara de Representantes para que recapaciten y pongan al pueblo de Puerto Rico primero”.
Opinó que “esta legislación solo resultará en la radicación de costosos litigios en contra de Puerto Rico y harán desaparecer las oportunidades de negociar de buena fe con nuestros acreedores”.
Para el político, “desde que esta administración y su candidato a la gobernación, David Bernier, sugirieron el concepto de una moratoria unilateral, he sido claro en mi oposición a la misma. Una cosa es negociar de buena fé una moratoria con los acreedores afectados y otra cosa es imponérsela unilateralmente”.
Pierluisi recordó que “desde un principio he sido consistente e inequívoco en mi posición, e insisto una vez más que la única forma de atender responsablemente el tema de la deuda pública y la crisis económica y fiscal que vivimos es mediante un mecanismo de reestructuración que provea para negociaciones consensuales y de buena fe, y permita que se haga cumplir los acuerdos alcanzados”.
Al respecto, indicó que “legislar en horas de la madrugada a espaldas del pueblo, los mercados y el Congreso es exactamente lo contrario”.
“Ya lo advertí una vez y lo reitero, la administración de turno y todo el que apoye este tipo de medida temeraria, en clara violación de los principios básicos de nuestra constitución y del proceso democrático, se están pasando de la raya. Pretender suspender unilateralmente las garantías constitucionales es una afrenta bien seria que pudiera conllevar consecuencias civiles y hasta criminales contra quienes se presten para ello”, aseveró.
Adivrtió, asimismo, que “esta legislación pone en riesgo las negociaciones de buena fe que hemos estado llevando en el Congreso para lograr que la legislación propuesta sea de beneficio para nuestro pueblo y todas las partes interesadas”.
El comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, censuró esta mañana la legislación en horas de madrugada, luego de que a eso de las 2:49 a.m., el Senado aprobara la medida para declarar una moratoria del pago principal e intereses de la deuda pública.
El también presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP) advirtió al Partido Popular Democrático (PPD) que decretar cualquier tipo de moratoria de forma unilateral es opuesto a los mandatos establecidos en la Constitución.
“La posición institucional del PNP es combatir esta medida legislativa y hacer cumplir nuestra Constitución. Anoche, nuestra delegación en el Senado votó en contra y estoy seguro que nuestros compañeros en la Cámara harán lo propio. Más aún, hago un llamado a la cordura y la responsabilidad a la mayoría legislativa del PPD en la Cámara de Representantes para que recapaciten y pongan al pueblo de Puerto Rico primero”, sostuvo Pierluisi en declaraciones escritas.
Asimismo, aseguró que el Proyecto del Senado 1591, presentado como remedio al impago de alrededor de $2 mil millones y para ‘salvar’ al Banco Gubernamental de Fomento (BGF) de un cierre, resultará en la radicación de costosas litigios en contra del País y provocará que desaparezcan las oportunidades de negociaciones de buena fe con los acreedores.
“Desde que esta administración y su candidato a la gobernación, David Bernier, sugirieron el concepto de una moratoria unilateral, he sido claro en mi oposición a la misma. Una cosa es negociar de buena fe una moratoria con los acreedores afectados y otra cosa es imponérsela unilateralmente”, estableció.
Según el líder de la Palma, la única forma de atender el asunto de la deuda pública y la crisis económica y fiscal que afecta a la Isla es mediante un mecanismo de reestructuación que provea para negociaciones consensuales y de buena fe. “Legislar en horas de la madrugada a espaldas del pueblo, los mercados y el Congreso es exactamente lo contrario”, mencionó
“Ya lo advertí una vez y lo reitero, la administración de turno y todo el que apoye este tipo de medida temeraria, en clara violación de los principios básicos de nuestra Constitución y del proceso democrático, se están pasando de la raya. Pretender suspender unilateralmente las garantías constitucionales es una afrenta bien seria que pudiera conllevar consecuencias civiles y hasta criminales contra quienes se presten para ello”, añadió.
Pierluisi recomendó redoblar esfuerzos para que el Congreso brinde un mecanismo de reestructuración que permita a la Isla negociar nuevos términos de pago.
La medida, aprobada esta madrugada en el Senado, con 16 votos a favor y nueve en contra, sería discutida hoy en la Cámara de Representantes.
Periodista digital de El Vocero desde julio de 2012. Graduada del Departamento de Comunicaciones de la Universidad del Sagrado Corazón.
Gobierno se prepara para “tirar la toalla”
El aspirante primarista a la gobernación por el PNP, Pedro Pierluisi, opinó que la renuncia del secretario de Hacienda a la Junta de Directores del BGF es una señal clara
Para el comisionado residente cualquier impago masivo solo provocará mayor confrontación con los acreedores. Eric Rojas/EL VOCERO.
El comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, exigió a la administración de Alejandro García Padilla que se siente a negociar de manera “transparente” con los acreedores.
El también aspirante primarista a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP) alegó que la única forma de atender responsablemente del tema de la deuda pública y la crisis económica es mediante negociaciones consensuales y de “buena fe”.
“La falta de transparencia, incluyendo la negativa a presentar los estados financieros auditados del BGF y del gobierno en general, y a revelar el informe de auditoría de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, que no vio la luz hasta que el juez Fusté lo mencionó en una opinión reciente, es otra muestra más de la errada política fiscal de este gobierno”, sostuvo Pierluisi.
“La recién anunciada renuncia del secretario de Hacienda a la Junta de Directores del BGF, y de la secretaria de la Gobernación a sus posiciones en Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) y en la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (APP), denota que la administración se prepara para tirar la toalla. Las señales son claras. Sin embargo, estoy convencido de que nunca es tarde si se actúa de forma profesional y transparente”, agregó.
Para el comisionado residente cualquier impago masivo de esta magnitud solo provocará mayor confrontación con los acreedores, comprometiendo aún más los recursos gubernamentales.
La reacción del líder estadista surgió luego que trascendió que se radicó una demanda contra el BGF por posible fraude a acreedores ante el Tribunal Federal Distrito de Puerto Rico.
Periodista digital de El Vocero de Puerto Rico desde diciembre del 2014. Graduada del Departamento de Comunicación de la Universidad de Sagrado Corazón (USC).
Buscan “comprar tiempo” con moratoria
La medida impulsada por el gobernador Alejandro García Padilla y el liderato legislativo fue aprobada esta madrugada en el Senado y busca «dividir» al BGF en varias entidades
Maricarmen Rivera Sánchez y Laura M. Quintero/ EL VOCERO
La administración de Alejandro García Padilla presentó esta madrugada un proyecto de ley para declarar una moratoria del pago de principal e intereses de la deuda pública vencedera en los próximos meses, como remedio al impago de alrededor de $2,000 millones que se avecina.
Luego de una reunión de cuatro horas en La Fortaleza con el caucus de la mayoría legislativa del Partido Popular Democrático (PPD), los líderes legislativos Jaime Perelló y Eduardo Bhatia salieron ayer del cónclave garantizando la pronta discusión y aprobación de la medida.
Pasada la medianoche, la medida fue radicada al menos en el Senado, pero no fue sino hasta la 1:20 a.m. que la Cámara alta inició la discusión y el portavoz del PPD, Aníbal José Torres, solicitó el descargue del Proyecto del Senado 1591.
El proyecto fue aprobado en la Cámara alta a las 2:49 a.m. con 16 votos a favor y nueve en contra.
Mientras, la Cámara baja abrió la sesión cerca de las 3:00 a.m. y recesó los trabajos hasta las 11:00 a.m. de hoy.
EL VOCERO supo que uno de los asuntos que se discutía previo a la radicación del
proyecto era si toda la deuda debía estar incluida en la medida que daría paso a la moratoria.
Mediante enmiendas a la Ley orgánica del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) se buscaría además que el banco fuera “dividido en varias entidades”, si así lo decide el gobernador, en palabras de la secretaria de la gobernación, Grace Santana.
Aunque los presidentes legislativos reiteraron que se buscaba “salvar” al BGF de un cierre, el proyecto de ley continúa permitiendo el nombramiento de un síndico para suspender las operaciones y liquidar las obligaciones del banco como dispone la ley orgánica; solo que delega al Ejecutivo la facultad de nombrar al síndico en lugar de tener que recurrir al Tribunal de Primera Instancia.
Sin necesidad de un informe de insolvencia, el gobernador por recomendación de la Junta de directores del BGF o el secretario de Hacienda pudiera nombrar un síndico una vez se cumpla con cualquiera de estos cuatro parámetros establecidos en el borrador del proyecto: los activos son menos que las obligaciones, el BGF es incapaz de pagar deudas y obligaciones en sus fechas de vencimiento, el BGF está operando de manera insegura o inapropiada, y ha incurrido en pérdidas que botarán todo su capital.
Se adelantó que el proyecto no sería de más de 50 páginas, pero enmendaría la ley orgánica del BGF para delegar al gobernador la facultad única de decretar una moratoria en el pago , de nombrar a un síndico y crear un “banco puente” al cual se puedan transferir las cuentas y activos que no sean tóxicos.
Santana reiteró que “no es una moratoria automática”, puesto a que el gobernador tendría la potestad de decretar la moratoria luego de un estudio en el que determine la imposibilidad del pago. Eso incluiría no solo al BGF, sino a la deuda de Obligación General y otras instrumentalidades públicas.
El poder de suspender los pagos estaría vinculado a una declaración de emergencia fiscal, se informó.
El proyecto establece que el periodo de emergencia y por ende la moratoria se pueda extender por un periodo de nueve meses, hasta enero de 2017, con la posibilidad de conceder una prórroga de dos meses adicionales. Sin embargo, los intereses y el principal seguirán generando intereses que serán pagaderos tan pronto se levante el período de moratoria.
La medida además establece en su Artículo 105 inmunidad para los funcionarios del BGF.
“A menos que pruebe mediante sentencia final e inapelable que ha incurrido en negligencia crasa que conlleve una indiferencia temeraria hacia sus deberes, ninguna persona tendrá responsabilidad civil, criminal o de otro tipo hacia entidad o persona alguna y, sin necesidad de notificación u orden adicional, serán exonerados de acciones u omisiones en su capacidad y dentro de su autoridad en conexión con, en relación con, que surjan bajo, o según permitido por esta Ley”, reza la medida.
De otro lado, la medida permite al gobernador dar “prioridad al pago de servicios esenciales sobre las obligaciones cubiertas para proteger la salud, seguridad y el bienestar de los residentes del Estado Libre Asociado” durante el estado de emergencia.
“Mientras no tengamos una herramienta para reestructurar la deuda, todas estas acciones van a terminar (retadas) en los tribunales… esa es la verdad… pero en estos momentos le queda una acción adicional al gobierno más allá de cerrar el banco y declarar la insolvencia”, expresó el presidente de la Cámara, Jaime Perelló, antes de salir del Palacio de Santa Catalina.
“La pregunta del Ejecutivo es si podemos, a la brevedad posible, darle otras opciones a Puerto Rico que no sean exclusivamente la liquidación del Banco Gubernamental de Fomento”, comentó por su parte el presidente del Senado, Eduardo Bhatia.
Suspender el requisito para que las instrumentalidades públicas mantengan sus depósitos en el BGF, dijo, es una posibilidad que se definiría “en las próximas horas”.
El anuncio de que este proyecto sería radicado provocó que ayer mismo llegaran al Capitolio cabilderos de bonistas opuestos a que se le diera al BGF una salida ante el inminente impago.
En tanto, la minoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado criticó la forma en que se discutía el proyecto en plena madrugada. El portavoz Larry Seilhamer adelantó al filo de las 2:00 a.m. que la delegación votaría en contra de la medida y anticipó que el proyecto sería retado en los tribunales.
Más temprano, la portavoz del PNP en la Cámara, Jenniffer González, no pudo precisar si favorecería las medidas pues, dijo, no había podido leerlas.
“Ese es el problema. Como delegación, no podemos decir que estamos a favor ni en contra de una medida que ni hemos visto. ¿Cómo la Legislatura puede considerar una medida de esta envergadura cuando ni se ha podido revisar y son asuntos bien técnicos que tienen consecuencias internacionales?”, expresó González. “Es una irresponsabilidad legislar sin que nadie haya tenido oportunidad de ver esos proyectos. Tenemos la intención de defender al pueblo de Puerto Rico, pero esto de legislar con medidas acabadas de radicar deja mucho que desear”.
Ayer, previo a la reunión de la Conferencia Legislativa en La Fortaleza, el primer ejecutivo se reunió con el alcalde de Caguas, William Miranda Torres.
El ejecutivo municipal informó que aproximadamente hace una semana retiró $1 millón de recaudos del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) y de la contribución adicional especial que le quedaban en el BGF.
Aunque las movidas comenzaron hace ocho meses, la semana pasada movió los últimos recaudos que le quedaban depositados en el BGF ante la incertidumbre sobre el futuro de esa entidad y el pago de alrededor de $2,000 millones que debe hacer el gobierno a sus acreedores entre los meses de mayo a julio.
De otro lado, al presente, la Universidad de Puerto Rico (UPR) le debe al BGF dos préstamos por $78 millones entre ambos y aunque tiene una petición para tal desembolso, la misma se encuentra bajo consideración, confirmó una fuente de EL VOCERO. En cuanto a depósitos de la UPR en cuentas en banca privada, se estiman en más de $100 millones.
Luego que acreedores presentaron ayer una demanda contra el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), la presidenta Melba Acosta Febo, rechazó que la entidad esté ocultando información financiera para darle preferencia a ciertos depositantes.
La demanda, presentada por bonistas asesorados por Brigade Capital Management, LP, Claren Road Asset Management, LLC, Fore Research & Management, LP y Solus Alternative Asset Management LP, solicita al Tribunal Federal la paralización de todas las transferencias y pagos en el BGF para prevenir un posible fraude a acreedores.
Acosta Febo aseguró, en declaraciones escritas, que la alegación principal de los acreedores en la demanda es “completamente falsa y no está fundamentada en hechos”.
“Aunque el BGF contestará la demanda en su totalidad, a través de los medios legales pertinentes, es importante señalar que el BGF ha continuado desempeñando plenamente sus roles oficiales como depositario del gobierno, agente fiscal y asesor financiero dentro del marco de su ley orgánica y el derecho aplicable”, sostuvo la funcionaria.
No obstante, Acosta Febo agregó que el recurso judicial presentado por los acreedores “constituye evidencia adicional del precio que la inacción del Congreso de los Estados Unidos está haciéndole pagar a todas las partes involucradas”.
“A pesar de que las alegaciones establecidas en la demanda son erradas, es claro que nuestros acreedores están de acuerdo con nosotros en una cosa: la situación de Puerto Rico es crítica, la deuda de la isla es impagable, y la necesidad de un régimen federal de reestructuración que ayude al Estado Libre Asociado (“ELA”) en el camino hacia la recuperación es crucial”, sostuvo la presidenta del BGF.
Reiteramos nuestro llamado al Congreso de los Estados Unidos para que actúe inmediatamente y le conceda a Puerto Rico autoridad amplia para llevar a cabo la reestructuración que necesita con el fin de atender sus deudas e impedir que la crisis humanitaria en la isla continúe saliéndose aún más fuera de control. Los 3.5 millones de ciudadanos americanos en Puerto Rico necesitan y merecen la pronta acción de nuestros líderes en Washington”, añadió.
La también principal oficial financiero de la administración de Alejandro García Padilla, aseguró que “el BGF mantiene su compromiso de trabajar junto a sus acreedores, inclusive junto al mismo grupo de acreedores que ahora son demandantes, para alcanzar una solución abarcadora a la situación fiscal precaria del BGF y que simultáneamente se le permita al BGF continuar desempeñando su papel crucial para el ELA como un todo”.
“El BGF y sus asesores tienen la intención de continuar las negociaciones con los acreedores del BGF que se han anunciado públicamente y confiamos que, a pesar de la demanda, nuestras contrapartes litigantes puedan jugar un rol productivo en ese proceso. A medida que las condiciones económicas continúan deteriorándose en Puerto Rico sin que haya ningún alivio a la vista, el BGF —al igual que todas las agencias del ELA— confronta opciones extremadamente difíciles y es nuestra responsabilidad evaluar todas las opciones que puedan hacer posible que se le pague a los acreedores mientras se garantiza que el BGF continúe en operaciones”, concluyó Acosta Febo.
La demanda incoada por los tenedores de al menos $3,750 millones en bonos busca que el BGF suspenda todos sus pagos, con exepción de los desembolsos necesarios para mantener los servicios esenciales para la seguridad pública de los ciudadanos de Puerto Rico o los gastos operacionales del BGF como las utilidades, rentas y salario de empleados, para evitar un posible fraude a acreedores.
A su salida ayer de La Fortaleza, tras una reunión con el gobernador García Padilla, el secretario de Justicia, César Miranda, rechazó hacer comentarios a la prensa sobre la presentación de la demanda. Aunque confirmó que recibió el emplazamiento dijo que no había tenido oportunidad de leer el recurso legal.
Graduada de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras con una década de experiencia como periodista en prensa escrita, radio y televisión.
Tribunal Federal Distrito de Puerto Rico.
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