Maricarmen Rivera Sánchez y Yennifer Álvarez Jaimes/ EL VOCERO
El proyecto que crearía la Ley de Moratoria de Emergencia y Rehabilitación Financiera fue aprobado esta madrugada sin enmiendas en la Cámara de Representantes lo que significa que la medida estará hoy mismo en el despacho del gobernador Alejandro García Padilla para que estampe su firma.
Aunque el presidente de la Comisión cameral de Hacienda, Rafael Hernández Montañez, advirtió anoche que el proyecto que busca establecer una moratoria en el pago de la deuda del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) podría tener vicios de inconstitucionalidad, finalmente votó a favor de la medida.
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El proyecto pasó el crisol de la Cámara con 26 votos a favor y 21 en contra.
Fuentes de EL VOCERO aseguraban anoche que era cuesta arriba la aprobación de la medida en la Cámara baja.
Sin embargo, el Proyecto del Senado 1591 fue aprobado a la 1:01 a.m. a pesar del voto en contra de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) y el representante popular Ángel Matos.
Hernández Montañez había presentado enmiendas para que al menos $32 mil millones de la deuda no pudieran ser objeto de la moratoria, pero fueron derrotadas en el hemiciclo. Curiosamente, el legislador no estuvo en su banca en el momento de la votación para respaldar sus propias enmiendas.
Los cambios propuestos por el legislador mantuvieron trancada la votación del proyecto ayer, lo que provocó otra jornada legislativa durante la madrugada en el Capitolio, tal y como ocurrió el martes en el Senado.
Hernández Montañez había propuesto enmiendas al proyecto para que una tajada de la deuda del país no se incluyera en la moratoria en la que insiste el gobernador García Padilla.
Su propuesta de inmediato levantó advertencias del grupo de los llamados legisladores “disidentes”: Luis Vega Ramos, Luis Raúl Torres y Manuel Natal. Esta vez, el trio, respaldó la propuesta del gobernador de incluir en la moratoria toda la deuda.
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Hernández Montañez explicó que sus enmiendas dejarían fuera de la moratoria $16 mil millones en deuda que fue emitida con la protección de la buena fe y el crédito del gobierno y otros $16 mil millones de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA). Las enmiendas buscarían además proteger el mecanismo de titulación o ‘securitization’ creado recientemente para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y que se busca crear para la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).
“Hemos estado tratando de evitar el colapso. Hemos estado velando que los instrumentos sean funcionales. Filosóficamente no tengo oposición a la medida. Técnicamente considero que hay planteamientos en el lenguaje que debemos aprobar para evitar que sea declarada inconstitucional al otro día y lograr que el resultado final sea de provecho”, dijo Hernández Montañez durante su turno previo a votar a favor de la medida.
En su turno de discusión, criticó las actuaciones del actual gobierno y dijo que es por la prisa que han aprobado legislación que luego es declarada inconstitucional o ilegal, como por ejemplo la aprobación de la patente nacional y el caso incoado por Wal-Mart. Sobre el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y su presidenta Melba Acosta, dijo directamente que “no es un problema del vehículo, es un problema del chofer”, en referencia a la funcionaria.
“Para mí es un ‘issue’ del doble discurso. Que digamos una cosa por la mañana, otra cosa por la tarde y que el papel diga otra cosa. Cada vez que las cosas se hacen a la ligera en un debate reunidos sin el papel en la mano, el lenguaje final ha traído problemas”, sentenció. “Hay varios ejemplos de proyectos que mal manejados, mal comunicados, nos pusieron en una posición difícil”.
La oficina de Hernández Montañez tenía en horas de la noche un entra y sale de legisladores y de cabilderos que llenaron el Capitolio. Por los pasillos estaban los portavoces del movimiento cooperativista que llegó con enmiendas para el proyecto con el fin de proteger a este sector de la economía. Estaban además los abogados de los bonistas que llegaron para impedir la aprobación de la medida o al menos lograr salvar su tajada.
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Este proyecto fue aprobado en el Senado el martes en la madrugada con 16 votos a favor y nueve en contra. La medida aprobada en el Senado otorga amplios poderes al gobernador para decidir si incluso da paso a las solicitudes de retiro de depósitos de las entidades públicas en el BGF. Permite además una moratoria en el pago de los próximos vencimientos de las emisiones que forman parte de los $70 mil millones adeudados a los bonistas.
La delegación del PNP había adelantado que votaría en contra del proyecto, pero al menos dos representantes – Antonio Soto y Gabriel Rodríguez Aguiló – dijeron que favorecerían la enmienda de Hernández Montañez.
La portavoz de la delegación azul, Jenniffer González, dijo que la forma en que fue radicado y discutido el proyecto también podría ser cuestionado en los tribunales.
“La razón de ser de este proyecto responde a cambiar las reglas del juego a mitad de camino en respuesta a una demanda y el Tribunal Supremo ha dicho que esa conducta es ilegal. Esta medida se radicó anoche, de madrugada. El informe se radicó y sin estudio, sin preguntar al secretario de Hacienda sus posturas, sin buscar a los que se ven afectados por esta situación, la Asociación de Bancos, los transportistas”, dijo González. “Aquí no se le preguntó a nadie. Esto se hizo sin vistas ni análisis jurídico”.
Hasta el último minuto no había seguridad de que el proyecto tendría los votos para ser aprobado.
El representante Javier Aponte Dalmau no asistió a la sesión porque se sometió a una cirugía, así es que con dos populares que votaran en contra, el proyecto no sería aprobado.
Según fuentes legislativas, Matos y la representante Sonia Pacheco se mantenían en su rechazo a la medida. Pacheco finalmente votó a favor del proyecto.
Natal, Vega Ramos y Torres se sostuvieron en horas de la noche en que no favorecerían el proyecto si se protegía de la moratoria alguna de la deuda por pagar.
Torres recordó que él y otros representantes populares fueron sancionados por oponerse a la reforma contributiva del gobernador. Anoche, eran los defensores del proyecto del primer ejecutivo.
El presidente cameral, Jaime Perelló, dijo por su parte que si el gobernador finalmente lograba la medida, debía al menos garantizar transparencia.
“Cada paso que se está dando con el manejo de la deuda tiene que ser muy amplio. Si hay negociaciones, si hay grupos que se les debe dinero, debe haber legislación para ayudar a solicitar información sobre la deuda de Puerto Rico”, expresó Perelló. “No vinimos a barrer el sucio debajo de la alfombra. Venimos a construir un nuevo puente de la irresponsabilidad a la responsabilidad”.
La Cámara de Representantes recesó esta madrugada hasta el jueves 14 de abril a las 11:00 a.m.
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