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Más allá de la moratoria para extender los pagos de la deuda pública, los decretos que confieren altos poderes al Gobernador para incursionar en el derecho a la propiedad y confiscación de los depósitos, ha levantado una gran preocupación, al trastocar los límites de la constitucionalidad.

Varios expertos constitucionalistas, así como abogados y economistas aunque presentan posiciones diversas, coinciden en que la Ley de Moratoria de Emergencia y Rehabilitación Financiera firmada ayer por el gobernador Alejandro García Padilla, será retada en los tribunales. Principalmente, por estar fundamentada en procesos de inconstitucionalidad.

Igualmente entienden que la ley limita la inversión extranjera y “encierra” cada vez más a la Isla, justamente en momentos donde impera la globalización y el ojo del dinero internacional parece estar enfocado en Cuba.

Arturo García, director general de la firma de abogados McConnell Valdés LLC, opinó que en su carácter personal entiende que la nueva legislación podría representar serias implicaciones para muchos de sus clientes, pero también para las personas “de a pie”. Lo fundamenta en los derechos, autoridad y poderes “casi plenipotenciarios” que le concede a la figura del Gobernador, casi como gobernar por decreto.

“Esté la ley o no, lo importante es que nos unamos y comencemos a remar en una misma dirección. Esta ley hace mucho daño a los esfuerzos que se están haciendo afuera, a la vez que tiene un serio impacto en los negocios y las entidades gubernamentales. Nos ubica en una posición desventajada ante los demás países”, manifestó García.

Otros entrevistados tuvieron lecturas más fuertes y contundentes, al entender que en momentos cuando países como Cuba buscan una mayor apertura, Puerto Rico se inserta en estrategias que lo acercan peligrosamente a políticas en apariencias dictatoriales, donde se invaden derechos y poderes.

Para el economista Elías Gutiérrez, la ley de moratoria implica eliminar la Constitución, que en esencia es la que viene obligada a gobernar al gobierno y no viceversa. Sostuvo, que en un país donde esto no impere, se trastoca la sociedad de una de prosperidad a una deplorable. “Esta ley la da poderes al Gobernador para suspender la Constitución, poniendo en peligro la economía, credibilidad y palabra de Puerto Rico. Esta ley menoscaba los contratos. Ahora el sacar el dinero del Banco Gubernamental de Fomento es un acto criminal y ni siquiera concede el derecho a defenderse. Es como el corralito de Argentina, es la interface hacia Venezuela. El gobierno restituye la esclavitud obligando a ofrecer servicios aunque no se les pague. No podemos tolerar esto”, sostuvo enérgico Gutiérrez.

El economista afirmó estar convencido que la medida no va a prevalecer pero costará mucho en términos de tiempo y capital. “La Constitución hay que protegerla. Es la única herramienta que se posee para evitar que el Gobernador se convierta en un tirano. ¿Cómo se va a permitir que el gobierno se quede con la empresa de un suplidor si este rehúsa a seguir ofreciendo el servicio por falta de pago y no puede ni siquiera defenderse en los tribunales? Esto es absurdo, un menoscabo de los contratos y una apropiación sin justa compensación”.

En este sentido coincide el licenciado y analista, John Mudd quien identificó los artículos 201 B-4 y el 204 de la ley, como algunos de los que le permiten al Gobernador hacer cualquier cosa, desde expropiación de propiedades, empresas y confiscación de dinero en virtud del decreto de poder hacer lo que quieran para garantizar los servicios esenciales, los cuales no han sido identificados. “Se trata de una ley inconstitucional, una afrenta a la democracia puertorriqueña. Hay que ir en un pleito unidos ante el Tribunal para que se descarte. Se trata de gobernar por decreto, así comenzaron las dictaduras”, puntualizó.

No obstante, el abogado constitucionalista Eudaldo Báez Galib explicó que se trata de un estado de derecho diferente y nuevo, por lo que da tanto trabajo entender su magnitud. Aclaró, que el estado tiene la potestad de declarar una emergencia real y explicada, como estado de derecho limitado para proteger la salud y seguridad del pueblo. “Si se coloca en una balanza la protección del ser humano o el pago de la deuda, la balanza se inclina en favor de la primera. La discusión se ha creado por tratarse de un estado de derecho diferente al que el país está acostumbrado. No descarto que será impugnado en los tribunales. Pero ya, bajo la administración de Fortuño hubo un precedente, donde el Tribunal Supremo validó la Ley de Emergencia”, explicó.

Baez Galib sostuvo que hablar de dictaduras o comparar la Isla con países como Cuba o Venezuela, son “expresiones histéricas”, ya que contario a esos países, en Puerto Rico por encima de esa ley y del Gobernador están los tribunales, que finalmente dictan la última palabra. “Esta tercera rama hace que se cumplan los principios constitucionales, pensar lo contario es irrazonable”, indicó.

En tanto, el licenciado constitucionalista José Julián Alvarez, quien coincide en que la ley es inconstitucional, entiende que la misma lo que persigue es provocar una negociación, ya que aunque en Puerto Rico la medida será descartada en los Tribunales, en el Congreso pudiese tener salida. “Los litigios se toman mucho tiempo y cualquier cosa puede suceder. En virtud de ello, la medida lo que persigue es crear presión y lograr la negociación. Lo ideal sería sentarse a negociar todas las partes de buena fe”.

Esta nota aparece en la edición impresa de El Vocero.

Ileanexis Vera Rosado, EL VOCERO

Graduada de Maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez y egresada de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, con más de 20 años de experiencia como periodista en prensa escrita, radial y televisiva.