ELA requiere intervención federal – Por Dr. Hernán Padilla

ELA requiere intervención federal

Dr. Hernán Padilla

Hernan Padilla

Hernan Padilla

El Congreso considera el anteproyecto ‘Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act (PROMESA) que crearía una Junta Federal independiente con poderes y autoridad para supervisar las funciones del gobierno insular y promulgar un plan y un presupuesto fiscal, si el gobernador y la Asamblea Legislativa fallan en hacerlo. También participará y colaborará en la restructuración de la deuda y ayudará a que PR tenga acceso al mercado de bonos bajo condiciones razonables.

Reconocemos que el ELA es un territorio colonial sin igualdad de representación congresional, voto presidencial y sin los poderes políticos de los estados. En donde más de la mitad de la población vive bajo los niveles de pobreza y subsiste de ayudas federales para salud, nutrición, vivienda, educación, y otros. Como resultado, un gran seguimiento de la población emigra en busca de empleos y diez municipios perdieron más de 10% de la población en los últimos cinco años.

La revista “Money” resaltó que cuando García Padilla anunció que la deuda era impagable la convirtió en la deuda impagable más grande en la historia de EEUU. Moody’s señaló que la deuda de $15,637 per cápita del ELA es diez veces mayor que la deuda promedio nacional y la más alta en la nación.

De acuerdo al Mercatus Center de George Mason, la economía de PR está muy por debajo de la de los 50 Estados y PR no tiene solvencia para cubrir obligaciones a corto plazo o para saldar las cuentas por pagar. Los ingresos presupuestados solo cubren el 74% de los gastos legislados. El colapso del BGF afectará la economía, los municipios y el gobierno central.

El fracaso del PPD para manejar la crisis fiscal obligó al Congreso a exigirles que presenten estados financieros auditados y expliquen qué han hecho para reducir el gigantismo gubernamental, reestructurar las corporaciones públicas, operar con un presupuesto balanceado, controlar y reducir los gastos del gobierno, pero García Padilla ha hecho caso omiso a esos requerimientos.

AGP solo ha presentado un llamado “Plan de Crecimiento Económico y Fiscal” que pospone las soluciones y contiene un listado incongruente que incluye completar la imposición del IVA, aumentar el salario de los empleados exentos, solicitar una dispensa de 10 años para la aplicación local del salario mínimo federal y la nefasta moratoria del pago de la deuda que concede poderes cuasi-dictatoriales al Gobernador.

Ante la ausencia de un gobierno comprometido a resolver la crisis, la administración Obama reiteró que «PR necesita urgentemente la capacidad de reestructurar sus obligaciones financieras acompañada de supervisión independiente” y que “la legislación final debe proveerle a PR las herramientas para lograr una solución viable a esta crisis y crear un camino hacia la recuperación”.

Concurro con el Comisionado Pierluisi en que se debe delinear un proceso razonable que fomente acuerdos justos y equitativos que se puedan hacer cumplir en los tribunales de justicia. Respaldo también que el Gobernador y la Asamblea Legislativa conserven su función en el desarrollo de un plan fiscal, la elaboración de presupuestos y la toma de decisiones fiscales. Puerto Rico debe estar representado con voz y voto en la Junta Federal.

Las expresiones de AGP constituyen un obstáculo para resolver la crisis, pero confío que el Congreso apruebe un proyecto con las enmiendas necesarias, y que esta Ley no interfiera con nuestro derecho a determinar nuestro futuro estatus político, incluyendo usar los $2.5 millones autorizados para llevar a cabo una consulta avalada por el gobierno federal.
García Padilla y su gobierno-colonial han ignorado la decisión mayoritaria del pueblo que revocó el consentimiento al presente estatus territorial-colonial y aún no han podido articular su definición del ELA según requiere el proyecto aprobado por Obama y el Congreso para un plebiscito que resuelva el estatus de PR y la base para un crecimiento y desarrollo económico sostenible.

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