El Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) no le enviará la Contribución Adicional Especial (CAE) al Banco Gubernamental de Fomento (BGF)  hasta tanto se aclare cómo continuarán las operaciones de la instrumentalidad de gobierno con los municipios.

La determinación, según expresó el presidente de la Junta de Gobierno del CRIM, Jorge Márquez, se tomó la semana pasada luego que el gobernador Alejandro García Padilla declarara un estado de emergencia en el BGF e impusiera una serie de restricciones en el manejo de las cuentas y el desembolso de los préstamos.

El CAE es usado para el repago de la deuda de los ayuntamientos con el BGF. Márquez, quien se desempeña también como alcalde de Maunabo, indicó que la decisión de la Junta del CRIM no pone a los ayuntamientos en una situación de impago ya que el BGF  tiene los $117 millones que los municipios tenían pendiente a pagar para el final de este año fiscal.

 “Lo que se está reteniendo es el exceso a ese pago”, dijo Márquez. Explicó que normalmente, el dinero que el CRIM enviaba al BGF en exceso por concepto del repago de la deuda municipal era acreditado a los municipios. Ese dinero pagado en exceso se convertía en algo similar a una cuenta de ahorros municipal. La determinación del CRIM lo que hace es sacar de las manos del BGF ese dinero.

“Ese dinero ahora va a estar en la banca privada”, dijo Márquez.

El funcionario no pudo ofrecer cifras o estimados sobre los recaudos del CAE en exceso, aunque afirmó que la suma es millonaria si se cuenta el balance de todos los municipios. La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, al hacer referencia a la determinación, estimó en al menos $30 millones las transferencias que el CRIM está desviando a la banca privada.

“Es una medida cautelar. Hace poco tuvimos dificultades hasta para el pago de la nómina con las cuentas que estaban en el BGF porque acababa de pasar la orden ejecutiva del gobernador”, dijo Márquez.

La determinación, sin embargo, ha causado inquietud de algunos alcaldes que estiman que la situación podría poner en juego las remesas que el gobierno estatal le envía a los municipios, en parte, producto de lo que se recauda a través del CRIM.

“Creo que se debe discutir el asunto por todos los alcaldes y tener una copia de la resolución de la Junta de Gobierno (del CRIM) para ver exactamente el alcance de las decisiones que se tomaron”, dijo el presidente de la Asociación de Alcaldes, Rolando Ortiz, quien también se desempeña como el ejecutivo municipal de Cayey.

Ortiz indicó que la determinación se tomó sin consultar a los municipios que no son miembros de la junta. Además, cuestionó si esa es la única transferencia de dinero al BGF que está reteniendo el CRIM. De ordinario, además de los fondos del CAE, el CRIM envía las aportaciones municipales al seguro de salud del Gobierno y las aportaciones al plan de retiro de los empleados públicos.

“Si el CRIM no envía esos fondos al BGF muy bien podrían ponerse en juego las remesas a los municipios y eso puede desestabilizar las operaciones de los municipios, especialmente los más pequeños”, dijo Ortiz.

Esto, sin embargo, fue descartado por Márquez, quien afirmó que desde diciembre, con el establecimiento de un fideicomiso que custodia los fondos del CRIM, las remesas están en cuentas en bancos privados y son enviadas por el CRIM sin la intervención directa del BGF o del Departamento de Hacienda.

“Solo se están protegiendo las cuentas del banco ante la incertidumbre que hay”, dijo Márquez.

“Estos fueron cambios para no corrernos el riesgo de perder el dinero que tienen los municipios”, dijo el presidente de la Junta de Gobierno del CRIM.

“Yo lo que entiendo es que esto es una acción para forzar al gobierno a establecer una política clara en cuanto a los municipios y el BGF. La Ley de Moratoria y la orden ejecutiva (declarando una emergencia en el BGF) cambió las reglas y no están claras”, dijo, entretanto, el alcalde de Comerío, José A. Santiago.