La dimensión del escándalo de la compra de terrenos del Corredor Ecológico del Noreste, que ha estado a punto de quedar enterrada por la burocracia y los intereses partidistas, tiene que ser investigada con rigurosidad por el Departamento de Justicia en un proceso expedito que adjudique claras responsabilidades.

Corruption

La evidencia surgida en una investigación legislativa apunta a que a lo largo de tres cuatrienios, y ante la mirada de altos funcionarios de agencia que debieron velar por los dineros públicos, se fijaron precios inflados por unos terrenos que había que proteger a perpetuidad, pero no a costa de la argucia de sus propietarios de pedir sumas desmesuradas para las arcas públicas.

Sin embargo, se dio paso a tasaciones cuestionables, calculadas en base a lo que se hubiera podido construir en los terrenos a ser expropiados, aunque los propietarios carecieran de cualquier permiso y nunca los hubieran obtenido.

Acogiendo como buenos los argumentos de los dueños de los predios, los gobiernos de turno  así como algunos jefes de agencia y representantes legales de esas entidades públicas accedieron a dar luz verde a unas expropiaciones cuyos números no casaban con la realidad.

Científicos y planificadores serios advirtieron que se estaban inflando los precios, aprovechándose de la urgencia que tenía el País de proteger esas zonas de alto valor ecológico. Sin embargo, las advertencias fueron ignoradas.

En el verano de 2007 se consumó la negociación y se empezó a expropiar, pero los pagos a sobreprecio continuaron siendo honrados por administraciones gubernamentales posteriores. Tan reciente como en mayo de 2013 se hizo un desembolso por concepto de la compra final de los terrenos de Dos Mares en Fajardo.

El informe de la Comisión de Recursos Naturales del Senado, que llega tarde, pero que al fin llega porque la pesquisa estuvo engavetada y demorada por años, deja en manos del Departamento de Justicia una investigación criminal de peso que tiene la responsabilidad de determinar si hubo conspiración para defraudar al fisco.

Funcionarios de carrera, que presuntamente fueron nombrados a sus puestos porque conocen al dedillo los procedimientos de expropiación y tasación, resulta que en este caso fallaron en sus apreciaciones y pagaron un dinero excesivo por terrenos en los que no se podían construir los megaresorts que se habían propuesto. Los implicados, todos, deben dar respuestas.

La intervención del llamado “Trust for Public Land”, una organización a la que se le adjudica participación para ayudar a levantar fondos federales destinados a la compra de los terrenos, tiene que aclararse. No debe estar exenta de dar explicaciones, en un caso tan escabroso como este, una entidad que ayudó a conseguir fondos federales para la transacción, pero que tampoco dejó entrever dudas cuando vio el alto precio que se estaba pagando por los terrenos.

Recuperar el dinero que se pagóde más, tiene que ser la meta. Procurar que no vuelva a haber un aprovechamiento ilícito, también.

Lo inmediato, hasta que se apruebe legislación que ayude a regular de manera estricta las expropiaciones, es evitar que la compra de terrenos que se llevó a cabo en el Corredor produzca unas comparables que se utilicen a la hora de hacer otras expropiaciones.