Carlos F. Luna Cruz, coacusado junto a Anaudi Hernández Pérez, convicto por corrupción es el segundo que levanta las manos y pide declararse culpable por este caso.
Así lo informó su abogado Jason González, durante una vista de status del caso ante el juez federal Pedro Delgado, quien pautó el inicio del juicio contra el resto de los acusados para el 15 de agosto.
La posposición del juicio -que originalmente había sido pautado para el 10 de mayo- fue a petición de la inmensa mayoría de los representantes legales de los coacusados, quienes expusieron que necesitan tiempo adicional para prepararse debido a que la prueba es voluminosa.
Delgado notificó que el 15 de agosto sólo enfrentarán el juicio la exadministradora de la Administración de Derecho Laboral (ADL), Sally López Martínez, la exdirectora de Compras de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) Sonia Barreto, la exvicepresidenta de la AAA Ivonne Falcón y Javier Muñiz Álvarez, quien trabajaba en JM Professional and Training Group (JMPTG) con Luna Cruz.
El juez instruyó al abogado González a radicar la moción de solicitud de alegación de culpabilidad de Luna Cruz en los próximos días.
Luna Cruz, ofrecía servicios de psicología a JMPTG y fue acusado por mentirle al gran jurado y por obstrucción a la justicia. La referida empresa firmó un contrato con López Martínez, por concepto de servicios profesionales para organizar y ofrecer ferias de empleo alrededor de la Isla. López Martínez firmó ese contrato por la cantidad de hasta $200 mil.
Este contrato fue enmendado por López Martínez el 3 de junio de 2014, para aumentar la cantidad a $800 mil.
El coacusado Javier Muñiz Alvarez trabajaba en JM Professional and Training Group y estaba a cargo de conseguir los contratos. Muñiz Alvarez, quien fue aspirante a la alcaldía de Moca, fue acusado por conspiración para cometer fraude, conspiración para lavar dinero y destrucción de evidencia (computadoras). Este se encuentra recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Guaynabo (MDC, por sus siglas en inglés) desde su arresto, el 3 de diciembre, luego de que Delgado le denegara fianza porque alegadamente amenazó a una testigo del caso.
Francisco Rebollo, abogado de Muñiz Alvarez que el juicio contra su cliente se celebrara en la fecha original, 9 de mayo. El letrado expuso que la reclusión de Muñiz Alvarez en MDC ha provocado su deterioro de salud y que ha perdido 80 libras de peso, por lo que solicitó al juez que reconsiderara su orden previa en la que le denegó la fianza.
El fiscal federal José Capó, quien junto a Timothy Henwood está a cargo del caso, objetó que se le conceda fianza al acusado. Planteó que esas son las consecuencias de cometer delitos.
Argumentó además que de ser encontrado culpable el acusado se expone a siete años de prisión.
El juez Delgado ordenó a Rebollo a radicar una moción sobre su petición por escrito.
El juez pautó para el 30 de junio la fecha límite para que los acusados le informen si finalmente enfrentarán el juicio o se declararán culpables.
A la vista de status acudieron además los abogados Laura Maldonado quien representa a Barreto, José Aguayo y Joaquín Monserrate Matienzo, quienes representan a López Martínez, Godwin Maldonado representante de Ivonne Falcón, Ernesto Hernández Milán representante del exadministrador de la Cámara de Representantes Xavier González Calderón, Héctor Ramos de la Oficina del Defensor Público federal, Francisco Adams, representante de Marielis Falcón (hermana de Ivonne) y Juan Masini Soler, representante de Glenn Rivera Pizarro, ex ayudante de González Calderón en la Cámara de Representantes.
Hernández Pérez, se declaró culpable por este caso el pasado 18 de febrero de 14 cargos, luego de que su abogado Osvaldo Carlo llegó a un acuerdo con el gobierno a cambio de que recomienden una sentencia de entre cinco años y ocho meses a siete años y tres meses de prisión. El empresario coopera con las autoridades.
Contra el grupo pesan cargos por conspiración para cometer fraude a programas federales, fraude electrónico, declaraciones falsas al Gran Jurado, soborno y conspiración para privar al pueblo de Puerto Rico de sus servicios honestos.
La acusación alega que los acusados conspiraron desde finales del año 2012 para obtener de manera corrupta y fraudulenta,
contratos y beneficios en varias agencias del gobierno de Puerto Rico.
Melissa Correa Velázquez, EL VOCERO
Periodista con más de 20 años de experiencia. Asignada a la cobertura del Tribunal Federal.
You must be logged in to post a comment Login