El comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, está confiado en que la semana próxima surja una “versión revisada” del proyecto de ley H.R. 4900, que crea la ‘Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico’ (PROMESA, por sus siglas en inglés) para que pase a votación ante la Comisión de Recursos Naturales del Congreso.
De acuerdo a Pierluisi, la nueva versión de PROMESA debe ocurrir a mediados de la semana entrante y pasaría a votación luego del próximo receso del Congreso, el cual concluirá el lunes, 9 de mayo.
Mientras continúa el trámite de la legislación en el Congreso, exhorto a la administración actual a hacer todo lo posible por evitar un impago de las obligaciones del Banco Gubernamental de Fomento, logrando los acuerdos necesarios para ello con los principales acreedores del Banco. Como he dicho en repetidas ocasiones, los impagos no le convienen a nadie: ni al gobierno ni a los bonistas ni al pueblo”, afirmó en declaraciones escritas.
Pierluisi se reunió hoy con el presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara federal, Rob Bishop y con asesor especial del Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Antonio Weiss.
“Me consta que ambos están genuinamente dedicados a revisar y afinar el proyecto para asegurarse de que incluya un mecanismo que permita la restructuración del pago de las deudas de nuestras entidades públicas con la mayor efectividad y prontitud”, dijo.
Stephanie Gómez Álvarez, EL VOCERO
Editora de la página web ElVocero.com y profesora universitaria graduada del Departamento de Comunicación de la Universidad de Sagrado Corazón.
Para mediados de mayo futuro de la junta de control fiscal
El comisionado residente Pedro Pierluisi, confirmó ayer que ante la falta de consenso a nivel federal, la consideración del proyecto de ley H.R. 4900 para crear una junta de control fiscal en Puerto Rico se pospondrá hasta mediados de mayo cuando el Congreso de Estados Unidos regrese de receso, por lo que Puerto Rico tendrá que enfrentar por su cuenta el impago de $422 millones del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) pautado para el 2 de mayo.
Pierluisi hizo estas expresiones al salir de una reunión con el congresista Rob Bishop, presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara federal y Antonio Weiss, asesor del secretario del Tesoro de Estados Unidos.
La presidenta del BGF, Melba Acosta Febo, continúa negociaciones con una tercera parte de los acreedores que sostienen alrededor de $120 millones de la deuda de esa entidad. De llegar a un acuerdo, aún hará falta activar la moratoria para evitar reclamaciones por impago de los demás acreedores. Conforme a lo que establece la Ley, la moratoria se extendería hasta enero de 2017, momento en que toma posesión la próxima administración.
Pierluisi indicó que la próxima semana se tendría un proyecto revisado para que el mecanismo de restructuración pueda entrar en vigor “con la mayor efectividad y prontitud”.
El portavoz de la mayoría republicana en la Cámara, Paul Ryan, confirmó la información en expresiones que recoge la agencia de noticias Reuters. “Están trabajando con el Tesoro en los detalles técnicos de cómo funciona la reestructuración en este momento. Creo que están haciendo muy buenos progresos”, comentó el líder republicano.
Mejorar la herramienta de reestructuración y extender el período de moratoria contra impagos permitiría reunir votos en el sector demócrata, ante la intransigencia del sector más conservador dentro de las filas republicanas.
Si la Cámara de Representantes no actúa, desde el Senado se están trabajando enmiendas al proyecto de ley que presentó el presidente del Comité de Finanzas del Senado, Orrin Hatch, aseguró el secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Alberto Bacó, quien estuvo reunido esta semana con personal de su equipo técnico. Es incierto, sin embargo, lo que ocurra con este proyecto una vez pase a la Cámara baja.
El sector más conservador en el Partido Republicano ya ha establecido claramente que la única legislación que están dispuestos a aprobar es la de una junta de control fiscal que asegure que el presupuesto cubra el pago de la deuda. Esto, a la par con una campaña de la Coalición de Bonistas de Main Street que comparan cualquier alteración contractual con un “rescate financiero”.
Mientras, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) prepara un presupuesto contemplando varios escenarios; particularmente, la moratoria. “Estamos preparando el presupuesto partiendo de la premisa de una moratoria. Hemos sido bien claros que no tenemos hoy los recursos para pagar tanto los servicios a nuestros ciudadanos como para también pagar el servicio a la deuda”, contestó a EL VOCERO el director Luis Cruz.
Durante este cuatrienio, el gobierno ha recortado alrededor de $2.6 mil millones de gastos gubernamentales, según cifras de OGP.
La realidad de que Puerto Rico está al borde de un impago no ha sido asimilada por un sector amplio dentro de las filas republicanas, confirmó el martes Bishop, republicano de Utah en expresiones que recogió Prensa Asociada. “No estoy seguro de que el 2 de mayo ocurra el Apocalipsis, pero creo que ilustrará claramente la importancia del problema”, dijo a la prensa. “Aún hay personas que aseguran que no existe un problema”, agregó.
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