NUEVA YORK –  Aunque el representante del Secretario del Tesoro les pidió ayer seguir apostando al Congreso, líderes de la diáspora boricua exploran nuevos caminos para lograr que el gobierno federal –incluso el Ejecutivo-, mitigue la crisis fiscal y de deuda pública de Puerto Rico.

En la primera jornada de dos días de una reunión cumbre en Nueva York de medio centenar de organizaciones de la diáspora, dirigentes políticos y cívicos afirmaron que desobediencia civil, una movilización de protesta a  Washington y, sobre todo, mayores esfuerzos para inscribir electores puertorriqueños en estados claves  deben estar en un plan de acción.

Hoy, una coalición de funcionarios electos boricuas en EE.UU. propondrá formalmente un plan de acción.

«Hay que considerar seriamente la desobediencia civil», como se hizo durante el movimiento en contra de las antiguas maniobras militares en Vieques, dijo la presidenta del Concejo Municipal de Nueva York, Melissa Mark Viverito, al abrir los trabajos de la cumbre en el edificio de Trabajo Social del Hunter College, en el antiguo barrio puertorriqueño de Manhattan.

Con su mensaje, Mark Viverito, la segunda persona  electa de más rango en  la ciudad de Nueva York, marcó la incomodidad que grupos y funcionarios electos de la diáspora boricua expresan sobre la legislación federal que persigue crear una junta federal de control fiscal y consideran una nueva capa de colonialismo sobre la Isla.

La legislación 4900 ha quedado estancada en el Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja federal –por lo menos hasta mediados de mayo-, principalmente por la oposición de los republicanos a ofrecerle al gobierno de Puerto Rico un mecanismo que permita una reestructuración abarcadora de su deuda pública.

En el inicio de la cumbre, que concluye hoy, el propio Antonio Weiss, consejero del Secretario del Tesoro, escuchó las quejas de la comunidad en contra de los poderes de la junta y la falta de iniciativas para el desarrollo económico de la Isla.

Pese a que la medida 4900 del republicano Sean Duffy (Wisconsin) no provee iniciativas de desarrollo económico ni encamina la paridad en los programas federales de salud, Weiss afirmó que el proyecto republicano debe verse en este momento como una medida «de emergencia, necesaria pero no suficiente». «Estamos teniendo discusiones positivas con la Cámara de Representantes. No debemos asumir que la legislación actual será la final», señaló.

Solo el Congreso puede proveer una reestructuración abarcadora, que permita resultados a corto plazo, poner en marcha una economía sostenible y evitar  una litigación judicial de «10 años» tras una ola de impagos  masivos,  afirmó Weiss.

De todos modos, defendió los poderes que la medida la otorgaría a siete personas expertas en finanzas – solo una de ellas con residencia o negocio principal en la Isla- para controlar el presupuesto, los planes fiscales y hasta revisar leyes.

Weiss coincidió con las expresiones que hizo esta semana el presidente del Comité de Recursos Naturales, el republicano Rob Bishop, en el sentido de que la junta federal no debe ser considerada una autoridad que controlará al gobierno de Puerto Rico, pues si los funcionarios electos cumplen con las órdenes iniciales sobre planes fiscales la supervisión será limitada.

Solo el Congreso puede proveer una reestructuración abarcadora, que permita resultados a corto plazo, poner en marcha una economía sostenible y evitar  una litigación judicial de «10 años»,  afirmó Weiss.

Pero, las organizaciones de base y los funcionarios electos que participan de la cumbre – organizada por el Centro de Estudios Puertorriqueños del Hunter College -, advirtieron que el proyecto divulgado la semana pasada hace muy claro que las decisiones últimas estarán en la junta federal.

«Dígale al presidente Obama que le dé poderes a Puerto Rico para desarrollar su economía y que no le quite lo poco que el Congreso le dio en 1952», contó el exconcejal municipal de Filadelfia Angel Ortiz, que le dijo a Weiss cuando el funcionario federal terminó su presentación.

A los congresistas demócratas boricuas José Serrano (Nueva York), Nydia Velázquez (Nueva York) y Luis Gutiérrez (Illinois), desde el público les plantearon por qué no organizar una movilización nacional de la diáspora y de Puerto Rico frente al Congreso, en Washington.

Los tres acogieron la idea, aunque Gutiérrez advirtió que para septiembre se organiza el «Concierto por la Libertad» en el parque Lafayette frente a la Casa Blanca en reclamo de la excarcelación del prisionero político puertorriqueño Oscar López Rivera, cuya petición de clemencia ha sido endosada por los grupos que participan de la cumbre.

En el panel final de la jornada de ayer, los congresistas demócratas boricuas  expresaron optimismo de que – aunque el proyecto de ley está en el aire se logre aprobar una legislación antes del 1 de julio, cuando puede ocurrir un impago masivo de la deuda.

En el foro estuvo también el senador demócrata Charles Schumer (Nueva York).

«(El speaker Ryan) tiene que hacer una transacción con los demócratas.  Creo que va a haber una solución legislativa, aunque no perfecta», indicó Velázquez, quien comentó el rechazo de los republicanos a permitir la reestructuración de las obligaciones generales del gobierno de Puerto Rico y a  dar preferencia en el cumplimiento de los pagos de  los sistemas de pensiones de los empleados públicos.

Para Gutiérrez también es claro que el speaker Ryan no puede depender de los votos de su caucus republicano.

Gutiérrez sostuvo además que llega el momento de que el sindicalismo organizado, que ha contado con el respaldo de demócratas como él, acepte que se exima a Puerto Rico de las normas federales de cabotaje.

«Esas normasnos cuestan $450 millones anuales», que multiplicado por las décadas de inferioridad política en las relaciones con EE.UU., suman más que los $70,000 millones de deuda pública de Puerto Rico, dijo Gutiérrez.

«Mientras Puerto Rico sea una colonia de EE.UU. va a ser tratado (injustamente). La razón por la cual Puerto Rico no tiene las herramientas (para lidiar con la crisis) es el status. Tenemos que poner nuestras prioridades en orden, pero hay que resolver el status’, insistió, por su parte, el congresista Serrano.

En su presentación, como hizo el secretario del Tesoro, Jacob Lew, en San Juan en enero pasado, Weiss también reconoció que «no hay dudas» de que las limitaciones que tiene el status actual de Puerto Rico «es un factor clave» en la crisis fiscal y de deuda pública de la Isla.

En un panel de funcionarios electos boricuas, la concejal Mark Viverito, el representante estatal de Pensilvania Ángel Cruz, el representante estatal de Nueva York Marco Crespo, la concejal municipal de Filadelfia, María Quiñones, y la concejal municipal de Chicago (Illinois), Millie Santiago, destacaron la oportunidad que tiene la diáspora de movilizar a la comunidad puertorriqueña en este año electoral.

Mark Viverito sugirió utilizar no solo las convenciones presidenciales demócrata y republicana para llevar un mensaje de acción a largo plazo a favor de Puerto Rico, sino también la elaboración de los programas a nivel estatal en estados como Nueva York, Florida, Pensilvania y otros. Pero, Mark Viverito sostuvo que los esfuerzos que se pongan en marcha «hay que coordinarlos con la Isla».

«Seamos 20 o 20,000», el exconcejal de Filadelfia Ortiz sostuvo que un comité ha comenzado a coordinar una posible protesta en la convención presidencial demócrata de Filadelfia, del 25 al 28 de julio.

El representante estatal demócrata de Florida Victor Torres sostuvo que el Congreso le daría la espalda a Puerto Rico si aprueban el 4900. «Sería una junta con personas dedicadas a los negocios. ¿Nos están diciendo que Puerto Rico está a la venta?», cuestionó Torres.

Anthony Suárez, republicano y presidente de la Asociación de Abogados Puertorriqueños de Florida, dijo que entre los boricuas de la zona de Orlando escucha opiniones divididas sobre la legislación federal y la junta de control fiscal. Pero, Suárez confía que la legislación 4900 no se apruebe.

«No se trata solo de colonialismo, sino que le quitan la responsabilidad a los puertorriqueños sobre la crisis. Los políticos van a decir, ‘si te redujeron tu pensión, ve a donde la junta’. Prefiero que el Congreso no haga nada», agregó Suárez.

Una de las grandes tareas es convertir el debate sobre la crisis fiscal de Puerto Rico en un tema de mayor importancia nacional.

La concejal Santiago sostuvo que ni siquiera las cadenas hispanas de televisión atienden en Chicago la histórica crisis a que se enfrenta la isla.

A los políticos estadunidenses,incluso a nivel local, hay que hacerles entender que la crisis es ineludible también para ellos. Ante la creciente emigración de los boricuas de la Isla hacia Estados Unidos, dijo la concejal Quiñones Saáchez, «hay que decirles ‘vas a tener que ayudar a los puertorriqueños en su casa o en su casa'».

Paridad

Aunque la idea tiene el respaldo del gobierno del presidente Obama,   los partidos Nuevo Progresista (PNP) y Popular Democrático (PPD) y la industria de la salud en Puerto Rico, el portavoz de la Coalición para Atender la Crisis de Salud, Dennis Rivera, descartó que este año pueda lograrse paridad en el acceso al programa Medicaid, una idea que permitiría casi duplicar – para un total de cerca de $3,000 millones anuales-, esos fondos.

Con un Congreso de mayoría republicana que ha votado más de 60 veces para derogar la reforma federal de salud, Rivera indicó que no es realista pensar que van a revivir o aumentar la asignación que hizo Obamacare a la Isla en el programa de Medicaid.

Los fondos de Medicaid de Obamacare para Puerto Rico se agotan a un ritmo acelerado y puede dejar un hueco de cerca de$1,200 millones anuales en el plan de salud del gobierno, Mi Salud.

Los cálculos son que eso significaría la pérdida de beneficios para cerca de 900,000 de los 1.6 millones de beneficiarios de Mi Salud, la mitad de cuyo presupuesto depende de fondos de Medicaid.

Bajo ese panorama, indicó Rivera, «va a aumentar la emigración, más doctores se irán y hospitales colapsarán».