Además, el Gobernador rechazó la imposición de una junta de control fiscal que se desvíe de la autoridad del gobierno local.

En aproximadamente diez minutos de alocución el Gobernador auguró que de implantarse una junta fiscal que no respete a los funcionarios electos a nivel local se agravaría la crisis. «Ya estamos en una crisis financiera y humanitaria. No queremos una crisis política», dijo.

Describió como una vergüenza pública el que Estados Unidos inicie guerras en el extranjero para llevar la democracia, mientras se la niega a sus ciudadanos en el patio de su casa. “Le daría la bienvenida a una junta de supervisión fiscal que asistiera al gobierno de Puerto Rico en el proceso de balancear su presupuesto y mejorar su disciplina fiscal para que los errores que cometieron gobernadores del pasado, no los cometan otra vez los gobiernos del futuro”, concedió.

Pero expresó su oposición a una junta de control fiscal con funcionarios federales cuyas decisiones prevalezcan sobre las del gobierno local. “Si el Congreso actúa de manera distinta, estaría reestableciendo el gobierno colonial sobre la Isla y eso abriría una caja de Pandora con consecuencias sumamente peligrosas”, aseguró.

Hizo referencia a sus viajes a Washington y a la visita del secretario del Tesoro Jacob Lew, catalogando de urgente la situación de la Isla. “He testificado ante el Congreso en varias ocasiones, y el Secretario del Tesoro ha explicado varias veces los peligros que encierra esta crisis y además ha manifestado que Puerto Rico ha hecho su parte”, subrayó, a la vez que dijo que en ningún momento han solicitado un rescate financiero. “Lo que queremos es un proceso de reestructuración que no le costará nada a los contribuyentes”, reiteró..

Achacó la inacción del Congreso en aprobar el proyecto de reestructuración ya presentado a peleas internas en el cuerpo legislativo federal motivadas por luchas ideológicas. “Los puertorriqueños y las puertorriqueñas necesitan que el presidente de la Cámara federal Paul Ryan ejerza su liderato y cumpla su palabra. Necesitamos ese mecanismo legal de reestructuración ya», imploró.

Criticó la campaña de algunos acreedores, calificándola de discrimen racial contra los puertorriqueños. “Han convencido a algunos congresistas que lo que Puerto Rico necesita no es un proceso justo sino un castigo colectivo.  En una acción de pura codicia, los llamados fondos buitres y algunos cabilderos nos niegan el acceso a herramientas legales para reestructurar su deuda. Lo mismo que ocurrió cuando triunfaron hace 30 años al excluir a Puerto Rico del capítulo 9 de la ley de quiebras federal”, señaló.
Concluyó el mensaje asegurando que su prioridad será el pago de los servicios a ciudadanos. “Seguiré trabajando para negociar con los acreedores, ese es mi compromiso. Hasta que lleguemos a la normalidad utilizaré todos los recursos disponibles por limitados que sean para atender tus necesidades”, indicó.