Si el cabildeo concertado entre la Casa Blanca y el portavoz republicano de la Cámara baja federal, logra aunar los votos para aprobar el proyecto H.R. 5278, abreviado PROMESA, Puerto Rico sería gobernado por una junta de carácter territorial -como se hace constar explícitamente en la pieza legislativa- que desde la Isla o fuera de ella, podrá implantar medidas que conciernen en la vida de los 3.5 millones de puertorriqueños que reciben servicios o son empleados del gobierno.

Aunque a los demás territorios estadounidenses les aplica la junta solo si lo solicitan, en el caso de Puerto Rico se impone.

Los poderes son abarcadores sobre las finanzas y administración pública. Incluyen dar recomendaciones sobre controles de gastos en nómina y beneficios marginales, reducción de agencias, reestructuración gubernamental, cambios al sistema contributivo, impuestos adicionales, financiamiento de pensiones, transferencia de servicios gubernamentales, echar para atrás leyes, contratos, reglamentos y órdenes ejecutivas que no sean cónsonas con el plan fiscal, así como la privatización de agencias.

Del gobierno electo no acatar las “recomendaciones”, tendrán que someter por escrito las razones de ello ante el presidente y el Congreso de Estados Unidos.

La junta tiene la facultad de solicitar y representar a Puerto Rico en un proceso de reestructuración en el que se establecen los términos y condiciones de pago a los acreedores, no sin antes contar con una súper mayoría -cinco de los siete miembros- que así lo aprueben.

Estos siete miembros tendrán la “discreción única” -una palabra repetida constantemente en las 148 páginas de PROMESA- de juzgar como satisfactorios o no los planes de presupuesto y ajuste fiscal del gobierno de Puerto Rico. Si no les satisface, podrán someter el presupuesto y de así hacerlo, “se considerará aprobado por el gobernador” y por la Legislatura aunque en realidad no haya sido así.

El proyecto explícitamente deja sin efecto la Ley de Moratoria firmada por el gobernador Alejandro García Padilla, mientras reduce a solo seis meses o hasta febrero de 2017, el periodo bajo el cual el gobierno está amparado contra reclamaciones de pago y embargo de propiedades de parte de sus acreedores. Esto limita el tiempo de negociación voluntaria que tiene que demostrar el gobierno, previo a que la junta solicite iniciar un proceso de reestructuración sin correr el riesgo de ser demandado.

Cualquier proceso de reestructuración es referido a las cortes de distrito federal, mientras que el juez será designado por el secretario de Justicia federal.

La nueva versión de PROMESA fue presentada cerca de la medianoche del miércoles por los congresistas Rob Bishop, Sean Duffy y Jim Sensenbrenner.

Cuidadosos con los votos

Es difícil anticipar si el proyecto contará con los votos para ser aprobado, dado a que conservadores y liberales se han expresado con igual recelo y cautela sobre el contenido enmendado en negociaciones.

El presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara federal, Rob Bishop, aún no ha emitido el aviso a los miembros para celebrar la vista de consideración y votación del proyecto, pero se espera, según fuentes de EL VOCERO, que esto suceda el próximo miércoles. El Comité debe dar el visto bueno para que la medida pase al hemiciclo de la Cámara baja, por lo que necesitan que 23 de los 44 miembros voten a favor, cifra que puede cambiar minuto a minuto en el Congreso ante tan férreo cabildeo.

Aunque el secretario del Tesoro federal, Jack Lew, y el portavoz de la minoría Demócrata en el Comité, Raúl Grijalva, emitieron declaraciones persuadiendo la aprobación de lo que les parece un “compromiso” bipartidista que urge ante la crisis en Puerto Rico, otros representantes expresaron reservas.

Tal fue el caso del líder del caucus de minoría en la Cámara baja, Xavier Becerra, quien dijo que revisará la medida “cuidadosamente”. “He tenido muchas preocupaciones sobre por dónde se dirigían las negociaciones”, expresó justo antes de dar indicios de su decepción: “una solución real debe ir tras las causas fundamentales de la crisis fiscal de Puerto Rico y los malos actores… debe ayudar, no herir, a las familias trabajadoras que no deben cargar con el peso de esta crisis”.

Del ala conservadora, el grupo de cabildeo Heritage Foundation comunicó que el proyecto es insuficiente en cuanto a reformas económicas. “Ha fallado en permanecer neutral en la lucha entre los acreedores, al diseñar un proceso de reestructuración de nuevo en lugar de confiar en la negociación y la ley actual”, expresó el portavoz Dan Holler en un comunicado.

El representante Raúl Labrador, quien pertenece al Freedom Caucus que reúne a los ultraconservadores del Partido Republicano, expresó que aunque cree “que este es un buen proyecto de ley que logrará una mayoría de apoyo de los republicanos”, “quiero revisarlo para asegurarme de que estoy cómodo con toda la medida”.

Con mayor cautela se expresó el puertorriqueño liberal, del Partido Demócrata, Luis Gutiérrez, quien aún con sus reservas expresó que “a primera vista, este proyecto es una mejora, pero todavía estoy mirando los detalles”.