Por: Maricarmen Rivera Sánchez y Laura M. Quintero/EL VOCERO
La cantidad destinada a cubrir la deuda del País, el dinero que se asigne para los bufetes que negocian esa deuda, los fondos que vayan destinados a los Sistemas de Retiro y la cantidad que se destine para pagar a los suplidores del gobierno, podrían convertirse en los puntos neurálgicos entre Cámara y Senado a la hora de negociar el presupuesto del próximo año fiscal que comienza el viernes.
Los dos cuerpos no han comenzado aún las negociaciones formales por el presupuesto pues no será hasta hoy que se creen los Comités de Conferencia donde se supone se negocien los términos que llegarán a la firma del gobernador, Alejandro García Padilla.
El presidente del Senado, Eduardo Bhatia, dijo que su interés será garantizar financiamiento para el Sistema de Retiro de los empleados públicos, que podría quedar insolvente en 2017 o 2018.
Por su parte, Jaime Perelló, presidente de la Cámara, manifestó que buscará garantizar el dinero para los suplidores del gobierno – específicamente las deudas que quedaron pendientes desde este año fiscal. Dijo además que procurará el dinero para el área de familia.
Bhatia opinó que “no puede pasar en Puerto Rico que hayan personas retiradas del gobierno que se queden sin los cheques porque el dinero se acabó. Queremos resarcir…buscar los fondos para inyectarlos ahí”.
Al 30 de junio de 2014, la capacidad del Sistema para pagar el total de obligaciones de pensiones era de .27%, esto es solo $80.6 millones de un total requerido de $30.1 mil millones.
En cuanto a sus diferencias con la Cámara, Bhatia indicó que “el pago de los intereses (de la deuda pública) es todavía una cantidad demasiada onerosa para el país” y que prefiere seguir las recomendaciones del equipo fiscal a cargo de las negociaciones en ese sentido. Expresó también que cree que no se debe seguir posponiendo el pago del principal, sino buscar un recorte. “Yo atendería el asunto ahora, sentarnos con los bonistas y lograr un recorte con el que esté todo el mundo de acuerdo”, comentó.
Perelló, por su parte, dijo que aún falta por evaluar cómo quedaron los proyectos de presupuesto al ser aprobados y enmendados por cada cuerpo.
“Tengo que ver cómo finalmente quedó porque hay parte del fondo de los suplidores que se trastocó para lo de Retiro y ya había un plan que había presentado David Bernier que me parece atendía esto de manera más organizada con un presupuesto como el que tenemos, muy pequeño y con unos retos muy grandes”, dijo Perelló.
Mencionó que atenderá el presupuesto asignado a agencias como el Departamento de la Familia y los centros para menores víctimas de abuso sexual.
“Te puedo adelantar que vamos a llegar a un consenso. Vamos a tener un presupuesto aprobado antes del 1 de julio”, aseguró Perelló.
El presidente de la Comisión senatorial de Hacienda, José R. Nadal Power, no descartó que las asignaciones para las organizaciones sin fines de lucro, así como las partidas que pidió el candidato popular David Bernier para Retiro, se incluyan en otros proyectos que hayan sido aprobados junto con el presupuesto.
“Yo no lo descarto. Creo que es posible, pero hay que esperar a mañana (hoy) para poderlo ver con más detenimiento”, dijo Nadal Power. “No hay compromiso (con Bernier). Simplemente nos parece que son buenas ideas y vamos a intentar incluir lo más que se pueda”.
Por: Maricarmen Rivera Sánchez y Laura M. Quintero/ EL VOCERO
Mientras la administración del gobernador, Alejandro García Padilla, trabaja en una Orden Ejecutiva para definir los “servicios públicos esenciales” que tendrán prioridad de pago ante una declaración de emergencia, en la Cámara de Representantes pretenden legislar para proteger el cobro de los acreedores.
El presidente de la Comisión cameral de Hacienda, Rafael Hernández Montañez, aseguró que en los días que quedan de sesión, buscará aprobar legislación que proteja los acuerdos del gobierno y sus corporaciones públicas con los acreedores y alivie un poco el monumental impago que se acerca para este viernes 1 de julio.
Hernández Montañez dejó saber que durante los próximos días buscará añadir a alguno de los proyectos de enmiendas a la Ley de Moratoria, lenguaje que proteja las negociaciones entre el gobierno y sus acreedores.
Explicó que este lenguaje impediría aplicar la moratoria cuando haya un acuerdo entre las partes. Esto aplicaría, dijo Hernández Montañez, a todas las negociaciones, incluyendo la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y las Obligaciones Generales del gobierno.
Mientras tanto, en La Fortaleza trabajaban ayer en asegurar mediante Orden Ejecutiva la “protección de servicios públicos esenciales” como anticipo al impago de este viernes, confirmó una portavoz de la secretaria de la gobernación, Grace Santana. La Ley de Moratoria permite al gobernador declarar en estado de emergencia a cualquier entidad gubernamental, y dejar de pagar las obligaciones que sean cubiertas por esa orden.
García Padilla dijo la semana pasada en un foro del Center for American Progress que “aún cerrando el gobierno el 1 de julio, no tendré dinero suficiente para pagar (la deuda)”.
El gobernador viajó ayer a Washington D.C. para continuar promoviendo la aprobación del proyecto PROMESA, que se encuentra ante la consideración del Senado federal.
García Padilla ha reiterado la necesidad de conseguir la aprobación de una ley federal que permita una reestructuración forzosa de la deuda pública. Sin embargo, PROMESA condiciona la reestructuración a la aprobación de cinco de los siete miembros de la Junta de Control Fiscal y a que dos terceras partes de los acreedores del principal acepten la reestructuración.
Exige, además, que se hayan hecho esfuerzos para llegar a un acuerdo voluntario con los acreedores, se hayan adoptado procedimientos necesarios para entregar los estados financieros auditados y se haya aprobado un plan de austeridad fiscal.
Las enmiendas que trabaja el presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara persiguen proteger a los acreedores que negocien voluntariamente con el gobierno. “Si usted es tenedor de una (obligación general), no se sienta con el Ejecutivo y no llega a un acuerdo, hay que atenerse a Ley 21 (Moratoria)”, dijo Hernández Montañez. “Cualquier acuerdo, AEE, AAA, Obligaciones Generales, BGF, cualquiera entre el acreedor y el emisor, se va a proteger siempre y cuando la negociación se dé antes del impago. Si llegas a un acuerdo, aunque sea dos horas antes, estás protegido”.
El representante dijo que no espera controversias con el Senado pues, aseguró, ya aprobaron una medida con lenguaje similar.
“Con esto, siempre y cuando se sienten a acordar los acreedores con el emisor, podrías evitar el impago”, manifestó. “Después que negocies, te evitas el impago. No estoy fijando ningún término. Lo que quiero es evitar el default porque ya tienes algo acordado. Incluso hay bonistas que prefieren esto porque negocian con el que llegue (próxima administración)”, sostuvo.
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