PROMESA y Estatus – Por Dr. Hernán Padilla

PROMESA y Estatus  

Hernán Padilla

Lunes, 29 de agosto, 2016

Hernán Padilla

La ley federal que creó la “Junta de Supervisión Administración y Estabilidad Económica de PR” es fundamental para lograr un gobierno eficiente que trabaje con un presupuesto balanceado, reduzca la deuda pública, promueva el desarrollo económico y preste los servicios esenciales al pueblo de PR.

El objetivo de PROMESA es sacar a PR del colapso fiscal y parálisis administrativa provocados por la administración actual por sus acciones irresponsables.  Se autorizó a la Junta a supervisar las operaciones gubernamentales, reestructurar la deuda y lograr que PR tenga acceso favorable al mercado de bonos.

Las pésima política pública e inacción del gobierno local obligaron al gobierno federal a intervenir para revisar las decisiones fiscales; promover medidas para estabilizar la economía e incrementar el desarrollo económico; asegurar que el costo de la deuda sea sostenible; establecer proyecciones de ingresos y gastos certificadas por fuentes independientes; y asegurar que los recursos no se transfieran o se presten a otras entidades gubernamentales.

PROMESA le requiere al gobierno local un plan fiscal de cinco años para lograr responsabilidad fiscal, eliminar déficits estructurales y restablecer acceso a los mercados de capital. Si el gobierno no corrige las deficiencias, la Junta  redactará el plan y/o un presupuesto.

El régimen actual ha ignorado que los ingresos y gastos no cumplen con sus propias proyecciones.  El nuevo gobierno tiene que comprometerse a reducir el   gigantismo gubernamental y eliminar los contratos que no son costo-efectivos. La Junta tiene potestad para revisar leyes, contratos, reglamentos y órdenes ejecutivas para asegurar que cumplen con el presupuesto y el plan fiscal. Prohíbe que reasignen fondos aprobados,  garanticen una deuda o participen en cualquier transacción relacionada a la deuda sin tener razones poderosas.

Contrario a las mentiras de los soberanistas-separatistas, PROMESA reafirma que nada puede limitar la autoridad constitucional del Congreso a ejercer autoridad sobre los territorios, según el Artículo  IV, Sección 3 de la Constitución de EEUU o citar a oficiales judiciales o empleados de las cortes locales porque PR es un territorio sujeto a los poderes plenarios del Congreso.

Ante esa realidad, las acciones gubernamentales no serán suficientes para rescatar la economía de PR sujeta a un modelo político-económico que le niega a PR igualdad de oportunidades, crecimiento económico y garantías que tienen nuestros conciudadanos en los 50 estados.

Contrario a otra falsedad del PPD de que con PROMESA se destruyó la estadidad, el Congreso  y el Ejecutivo incluyeron la Sección 402: “Derecho de PR a Determinar su Estatus Político Futuro»  que dispone: «Nada en esta ley será interpretado para limitar el derecho de PR a determinar su condición política futura, incluso realizar el plebiscito autorizado por la ley pública federal 113-76».

Esta Ley  estipula que el gobierno de PR someterá al Secretario de Justicia federal la definición de las formulas para la consulta; que el Secretario determinará si cumplen con la Constitución de los EEUU, leyes, reglamentos, y la  política pública para autorizar el plebiscito; y asigna fondos federales para educar sobre este proceso avalado por el Congreso.  Lamentablemente, el gobierno separatista actual se ha negado a cumplir con ese requisito para resolver el estatus, que según la encuesta de END el pueblo quiere la Estadidad para lograr un mejor futuro. 

Por no darle importancia a resolver el estatus político, desde 1949 las políticas para el desarrollo económico han sido inefectivas para prevenir situaciones como la crisis fiscal que mantiene a más de la mitad de la población en la pobreza e impulsa la migración poblacional.

El éxito depende de que se elimine el gigantismo gubernamental, el favoritismo político, el despilfarro de recursos y la corrupción. Exijamos un gobierno eficiente, efectivo, honesto, que le dé prioridad a resolver la condición colonial que mantiene a nuestro pueblo como ciudadanos americanos sin poderes políticos y participación en el gobierno nacional.

fórmulas para la consulta; que el Secretario determinará si cumplen con la Constitución de los Estados Unidos, leyes, reglamentos, y la política pública para autorizar el plebiscito; y asigna fondos federales para educar sobre este proceso avalado por el Congreso. Lamentablemente, el gobierno separatista actual se ha negado a cumplir con ese requisito para resolver el status, que según la encuesta de El Nuevo Día el pueblo quiere la estadidad para lograr un mejor futuro.