El representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Jorge Navarro Suárez, informó ayer que cursó misivas al jefe del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), James Comey, la procuradora general de Estados Unidos, Loretta Lynch, y la jefa de la fiscalía federal en la Isla, Rosa Emilia Rodríguez, para que inicien un procedimiento criminal contra el Partido Popular Democrático (PPD), por supuestas violaciones a la Ley de Organizaciones corruptas e Influencias por Actividades Legales, conocida como RICO Act.

Navarro Suárez aseguró que la prueba que ha desfilado en el caso federal contra cuatro acusados de participar en un esquema de corrupción pública y “venta de influencias”, liderado por el empresario y recaudador popular, Anaudi Hernández Pérez, demuestra que el partido de la Pava ha operado como “vehículo del crimen organizado en Puerto Rico”.

“Cada vez que Anaudi se sienta ahí abre una caja de pandora porque está estableciendo cual fue el esquema donde favorecían a personas con puestos claves con la autoridad de directivos del PPD”, indicó Navarro Suárez, refiriéndose a personalidades populares.

EL VOCERO intentó obtener una reacción del secretario general del PPD, Javier Echevarría, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.

En conferencia de prensa, Navarro Suárez dijo que el caso de Hernández Pérez no trata de un esquema aislado de corrupción gubernamental, sino de un esquema de lavado de dinero y de venta de influencias que ha sido clave “para financiar sus campañas de manera ilícita, incluyendo las campañas de la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, el presidente del Senado, Eduardo Bhatia y el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló”.

“Desde el 2013 nosotros hemos venido denunciando como el gobierno del PPD comenzó a imponer impuestos y alzar el costo de los servicios de luz y agua para costear su esquema de lavado de dinero y venta de influencias. Incluso, presentamos evidencia de los contratos relacionados al esquema de corrupción de Anaudi y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). En aquel entonces lo negaron, pero el tiempo nos ha dado la razón”, aseveró.

“A nuestro juicio, el esquema de actividades criminales por

AGP con su inglés de tercer grado colgao es un bochorno para Puerto Rico.

parte del Partido Popular es claro y no se limita a los cuatro acusados y otros que ya se han declarado culpables, sino se extiende al partido entero. Es por esto que le hemos hecho un llamado contundente a las autoridades federales para que encaminen las acusaciones correspondientes en contra de esa institución política por violaciones a la Ley de Crimen Organizado Federal”, enfatizó Navarro Suárez, quien a preguntas de la prensa, también afirmó que los funcionarios involucrados deben presentar su renuncia.