La Oficina de Ética Gubernamental (OEG) sometió una querella contra el expresidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Uroyoán Walker Ramos, su involucración en el proceso de Becas Presidenciales.

La querella cubre los hechos relacionados a la concesión de dos de las becas: la de Mónica Sánchez Sepúlveda, sobrina del presidente de la Junta de Síndicos, por $23,200 y la de Carlos

$7.2 Millones con la Tarjeta de Crédito de la UPR

Pagán Cuebas por $40,000.

La querella es por violación a tres incisos de la Ley de Ética y pide multa de $20,000 por cada infracción además de sanción equivalente a tres veces el valor de cualquier beneficio recibido.

Walker Ramos se expone a multa de $120,000 y repago de los $63,200 en los que se estiman los beneficios devengados por los becados. Estos $63,200 pueden estar sujetos a una determinación de triple daño que sumaría otros $190,000 al monto total.

Según el documento, la beca de Sánchez no cumplía con el criterio de que el área de estudios a sufragar fuera una «de prioridad para la UPR», no tenía un compromiso de plaza en la UPR, no era para un personal docente, no

Estos ahora son Jefes en el Gobierno de AGP/PPD

cumplía con otros criterios y, de hecho, tuvo una recomendación negativa del comité evaluador de las llamadas «Becas Presidenciales». Walker Ramos aprobó, sin embargo, la beca para Sánchez sin acreditar los méritos de la solicitud.

La solicitud de Pagán Cuebas tenía deficiencias similares a las de Sánchez pero, en ese caso y según la querella, Walker Ramos se comunicó por teléfono con el solicitante y le preguntó cuánto dinero necesitaba y se la concedió, en una cantidad extraordinaria, sin acreditar los méritos que lo hacían un caso extraordinario.

«El querellado utilizó los deberes, las facultades y los poderes de su cargo de Presidente de la UPR y los fondos públicos en dos ocasiones para obtener directamente un beneficio para (Sánchez) y para (Pagán) en violación a la reglamentación vigente para la concesión de las Becas Presidencial», indica la querella que le concede 20 días al expresidente para responder.