Los seis hombres y seis mujeres que durante unas cuatro semanas escucharon la prueba contra tres exfuncionarios de la presente administración y la hermana de uno de estos, acusados por corrupción junto al convicto empresario Anaudi Hernández Pérez, comenzarán a deliberar en la mañana de hoy.

El proceso de deliberación se iniciará luego de que el juez federal Pedro Delgado les imparta las instrucciones.
“Mañana (por hoy) les entregaré el caso a ustedes. Les explicaré las instrucciones en detalle”, afirmó el juez.
Ayer tanto los los abogados de defensa como el ministerio público concluyeron la presentación de sus argumentos finales.

El fiscal federal José Capó, repasó parte de la prueba presentada durante el juicio y solicitó al jurado que emita un veredicto de culpabilidad contra la exadministradora de la Administración de Derecho Laboral (ADL), Sally López Martínez, Glenn Rivera Pizarro exayudante del convicto exadministrador de la Cámara de Representantes Xavier González Calderón, la exvicepresidenta de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) Ivonne Falcón y su hermana Marielis Falcón.

“Es hora de la justicia y le pedimos a ustedes que rindan un veredicto de culpabilidad contra todos los acusados en todos los cargos”, afirmó Capó.

En cuanto a Marielis Falcón Capó, planteó que la acusada recibió el 10% de los pagos que le hizo la AAA al contratista Ramón Crespo, propietario de la empresa I AM MECH, sin que hiciera nada.

Expuso que Crespo pagó por trabajos de remodelación de propiedades de Marielis Falcón porque fue extorsionado por la acusada. El fiscal mostró en sala varios cheques a nombre de efectivo, pagados por I AM MECH, cobrados por Marielis.

En cuanto a Rivera Pizarro, el fiscal señaló que este fue el que firmó la carta en el que se cambiaba la fecha límite para que compañías licitadoras sometieran sus propuestas para el proyecto para la instalación del cuadro telefónico en la Cámara baja.

Capó planteó que el 17 de septiembre del 2013 Rivera Pizarro asistió a una reunión en las oficinas de Hernández Pérez y sus socios para discutir la refería propuesta. Destacó que al otro día el coacusado, el convicto exdirector de la Oficina de Tecnología e Informática Víctor Burgos y José Carrión recomendaron a 3 Comm Global para el contrato.

Sobre Ivonne Falcón, el fiscal mostró en sala un correo electrónico enviado por uno de los socios de Hernández Pérez, Ramses Maldonado, con copia a la coacusada y a la convicta exdirectora de Compras de la AAA Sonia Barrero, en el que incluía la versión número seis de la propuesta para la digitalización de la división de Compras.

En relación a López Martínez, Capó mostró el email enviado por la exfuncionaria a Hernández Pérez en el que le incluía su resumé. Recordó que Hernández Pérez le reenvío el resumé a Luis Gerardo “Gery” García Padilla para que lo ayudara, a fin de que la acusada fuera nombrada titular de la ADL.

Asimismo, mencionó que Hernández Pérez se comunicó con la senadora Mari Tere González y otros dos senadores para que lo asistieran con ese nombramiento. Recordó que González declaró que sabía que el empresario tenía interés en el nombramiento de López Martínez.

Incluso la senadora reconoció que le envió a Hernández Pérez el informe senatorial sobre el nombramiento de López Martínez.

Capó mostró un email enviado por Hernández Pérez a López Martínez que contenía la propuesta de 3 Comm Global.
El fiscal también presentó los contratos otorgados por la ADL a las empresas de Hernández Pérez.

Capó mostró el listado de las aportaciones de Hernández Pérez donde menciona los almuerzos con López Martínez, Ivonne Falcón y Sonia Barreto. También presentó el estado de la cuenta de la tarjeta de crédito American Express negra con la que Hernández Pérez pagaba los regalos y comidas a las coacusadas.

“Ustedes escucharon a (Godwin) Aldarondo (abogado de Ivonne Falcón) decir que ella no aceptó nada de valor a cambio de una gestión oficial. La defensa preguntó a ustedes si creían que Ivonne vendió sus 20 años de servicio por un bolígrafo o cenas. El precio lo puso la acusada”, apuntó el fiscal.

“¿Alguien forzó a algunos de los acusados a tomar algo de valor?. Es un crimen aceptarlo aunque no lo solicites”, agregó.

Mientras, Joaquín Monserrate Matienzo abogado de Sally López Martínez argumentó que para un servidor público, recibir un regalo no es un crimen y que lo que sí lo es es aceptar un regalo a cambio de una gestión oficial.
“Alguien que soborna no dejaría una tarjeta que diga un regalo especial para una amiga especial”, afirmó.

Destacó que Hernández Pérez engañaba a sus socios al inflar los precios de las cenas y regalos que hacía para luego cobrárselos a sus socios.

Aunque reconoció que su clienta le envió su resumé a Hernández Pérez y que este a su vez se lo suministró a Gery García Padilla, sostuvo que no hay evidencia de que éste último haya hecho alguna gestión a favor de la acusada.
El letrado recordó que López Martínez conocía al gobernador García Padilla y a su familia y que su representada trabajó durante diez años en la ADL en Ponce.

Expuso que el nombramiento de López Martínez siguió el proceso de rigor. Fue entrevistada por el secretario del Trabajo Vance Thomas y la secretaria de la gobernación Ingrid Vila y que su designación fue avalada por senadores populares y penepés, incluso por Thomas Rivera Schatz, de quien dijo se opone a todo.

Recordó que Hernández Pérez testificó que le hizo regalos a la primera dama Wilma Pastrana. “Y no la veo a ella acusada de sobornos”, dijo.

“Aquí no hay testimonios de que estos regalos son un soborno”, agregó el letrado.

Comentó que Hernández Pérez le regaló a su clienta un rosario y agua bendita. “Qué sacrilegio haber sobornado a Sally con un rosario y agua bendecida por el Papa Francisco”, exclamó Monseratte.

Mientras, Juan Masini Soler representante legal de Rivera Pizarro afirmó que “Glenn Rivera Pizarro no es es culpable…no hay evidencia de que Glenn Rivera sea culpable de los cargos que se le acusa”.

El letrado planteó que contrario a lo alegado por el gobierno, su cliente no recibió ningún beneficio ni ningún objeto de valor por parte de Hernández Pérez. “Ni siquiera le regaló una camiseta Jockey…no hay evidencia de que Glenn le rascó la espalda a alguien y de que alguien le rascara la espalda a Glenn”, señaló.

Rivera Pizarro fue acusado de los cargos 24 y 25 del pliego acusatorio. Estos son conspiración para cometer fraude electrónico y mal uso de fondos públicos.

Atacó la credibilidad del testigo principal contra su cliente Víctor Burgos Cotto, exdirector de la Oficina de Tecnología e Informática de la Cámara de Representantes. Mantuvo que este mintió durante todo su testimonio.
Destacó que Burgos Cotto se declaró culpable de una denuncia que radicó la fiscalía federal en la que se le imputó que no informó a las autoridades federales la comisión de un delito.

Apuntó que como parte del acuerdo con el ministerio público federal, a Burgos Cotto declaró en este caso y se le desestimarán los cargos 24 y 24 de la acusación.

Asimismo, indicó que como parte del acuerdo los fiscales recomendarán al juez una sentencia de entre seis a 24 meses de cárcel y que su representante legal puede pedir una sentencia en probatoria.

“Los verdaderos culpables se declararon culpables”, dijo Masini Soler en referencia a Hernández Pérez, Burgos Cotto y el socio de Hernández Pérez Héctor Vargas, quien también testificó en este caso.

El letrado manifestó que su cliente no aparecía en la mayoría de los correos electrónicos entre Hernández Pérez y sus socios Ramses Maldonado, Vargas, Burgos Cotto y el ex administrador de la Cámara Xavier González Calderón.

De igual forma, mencionó una comunicación entre Hernández Pérez y su cliente en la que el empresario le recriminaba que el acusado nunca le respondía las llamadas telefónicas.

A su vez, recordó otro mensaje en el que Hernández Pérez invitó a Rivera Pizarro a un concierto en el Coliseo de Puerto Rico y que su cliente declinó la invitación porque iba a su pueblo.