La Oficina del Contralor mantiene abierta una pesquisa sobre el uso de fondos públicos por parte del Municipio de San Juan para apoyar actividades en repudio a la Junta Federal de Control Fiscal y pidió al Tribunal de San Juan confidencialidad sobre los documentos requeridos como parte de dicha investigación.

“Cónsono con tales deberes, la honorable Yesmín M. Valdivieso Galib, contralora de Puerto Rico, solicitó el pasado 30 de septiembre a la alcaldesa y al presidente de la Legislatura Municipal Marco Rigau, documentos e información como parte de un proceso de investigación de varias querellas recibidas en la Oficina del Contralor de Puerto Rico”, reza la moción radicada por la abogada Nilsa Añeses, representante de la Contralor.

El documento legal de la Oficina de la Contralor fue sometido en respuesta a una orden emitida por el Tribunal de San Juan el 5 de octubre en la que se le concedía a Valdivieso hasta el 11 de octubre para que expresara su posición sobre la alegación de la parte demandada, la alcaldesa de San Juan Carmen Yulín Cruz Soto, “de que no procede entregar la información y documentación solicitada al estar bajo investigación de la Oficina de la Contralora y exigirle confidencialidad sobre el particular”.

La respuesta de la Oficina de la Contralora al Tribunal de San Juan surge luego de que el pasado 26 de septiembre el candidato a alcalde por el Partido Nuevo Progresista, Leo Díaz Urbina, radicó ante ese foro un recurso de mandamus para obligar a la alcaldesa de San Juan a informar la cantidad de dinero público que utilizó para apoyar las protestas contra la Junta Federal de Control Fiscal.

Así las cosas, la Oficina de la Contralora pidió al Tribunal de San Juan que se mantenga la confidencialidad de todos los documentos e información requerida por esa dependencia relacionados a la
pesquisa en curso. A su vez, Valdivieso indicó que los requerimientos de información al ayuntamiento capitalino se tramitaron en forma privilegiada y confidencial.

Expuso que mediante el “subpoena” se pidió información sobre los desembolsos y las gestiones efectuadas por el municipio de San Juan.

Los requerimientos incluyen documentos públicos, la inspección de expedientes y la producción de varios informes de los cuales deben incluir una “serie de datos y cualquier otra documentación sobre los desembolsos”.

En el mandamus, Díaz Urbina pidió un desglose de las partidas de gastos municipales invertidos en la actividad conocida como Asamblea de Pueblo. Asimismo, solicitó información de la propiedad, servicios y recursos municipales utilizados en la actividad como el Coliseo Roberto Clemente, material promocional, vehículos de empleados, oficiales del orden público y emergencia, comestibles y bebidas, equipo y cualquier otro detalle relacionado.

De igual forma, requirió un desglose de las partidas de gastos municipales en cualquier otra actividad relacionada a las manifestaciones o protestas contra la Junta Federal de Control Fiscal alrededor de la isla.

También pidió información de los equipos, servicios y recursos humanos municipales que se han utilizado para estos fines, incluyendo la imprenta del ayuntamiento o cualquier otro bien material y el detalle de la asignación presupuestaria para costear las actividades.

EL VOCERO solicitó una reacción de la alcaldesa de San Juan, pero su portavoz de prensa indicó que la funcionaria se remitía a las expresiones que ha hecho en el pasado sobre el tema.

Cruz Soto confirmó el pasado 6 de septiembre que el municipio financió actividades de manifestación contra la Junta Federal de Control Fiscal al asegurar que una ordenanza de la Legislatura Municipal permitió destinar unos $20 mil en fondos públicos para la actividad Asamblea de Pueblo celebrada en junio en el Coliseo Roberto Clemente.

En marzo pasado, se aprobó una resolución para “manifestar el repudio a cualquier junta de control fiscal o gubernamental impuesta por Estados Unidos”. La resolución indica que la alcaldesa “puede llevar a cabo aquellas actividades consignas con esta resolución y utilizar los recursos necesarios razonablemente”.

“El municipio de San Juan es miembro de una concertación y estoy avalada por la Asamblea Municipal de San Juan para utilizar recursos municipales para apoyar los movimientos para educar a la gente sobre lo que nos viene pa’ encima, que es el abuso de una junta que viene a pagar a bonistas, quitarle el derecho a la gente para saciar la sed de los buitres”, afirmó Cruz Soto cuando se le preguntó si el dinero municipal pagaba el campamento frente al Tribunal Federal.