Matosantos: “No hay negociación hasta que haya un plan fiscal certificado” – La Junta Salvadora Trabajando

Matosantos: “No hay negociación hasta que haya un plan fiscal certificado”

Mientras, José Carrión, presidente del organismo federal, opinó que el plan fiscal exhibe “una serie de deficiencias

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Willín Rodríguez/Especial para EL VOCERO.

Ana Matosantos, miembro de la junta de control fiscal federal, aseveró hoy que no habrá negociación de la deuda “hasta que haya un plan fiscal certificado”.

En una conferencia de prensa luego de concluida la tercera reunión de la junta en un hotel de Fajardo, Matosantos indicó que “no se pueden tomar decisiones de reestructuración si no hay fondos adicionales, si no sabemos cómo va a cambiar la economía. Es importante que el presupuesto esté balanceado y no se puede asumir que vienen nuevos fondos para Puerto Rico”.

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A su vez, planteó que “no hay negociación hasta que haya un plan fiscal certificado”, lo que recién ocurriría el 21 de enero próximo.

Mientras, José Carrión, presidente del organismo federal, opinó que el plan fiscal exhibe “una serie de deficiencias.

Entre las deficiencias, mencionó que no cumple con el período de diez años de proyección del plan fiscal, que está dentro de los requerimientos de la Ley Promesa, “para lograr un presupuesto balanceado, acceso a mercados y sostenibilidad de las finanzas públicas”.

Sobre los recursos externos, manifestó que “los fondos federales no son confiables” y afirmó, sobre el plan fiscal presentado por el gobierno, que “no llega a los requerimientos básicos de la ley (Promesa)”.

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Proyectan déficit de $16,000 millones en 10 años

A su vez, González, añadió que “no se puede decir ahora mismo”

FAJARDO – Tras la firma Conway MacKenzie presentar un panorama complicado sobre el flujo de efectivo del gobierno para el cierre de este año fiscal, Anna Matosantos, miembro de la Junta de Control Fiscal, afirmó ayer que el plan fiscal de Puerto Rico que sea aprobado debe cubrir el déficit proyectado de $16,000 millones dentro de un periodo de 10 años.

El estimado de Matosantos está basado en que no se asignen fondos federales adicionales para la Isla, y no incluye gastos correspondientes al pago de la deuda pública.

Sin embargo, tanto Matosantos como otros miembros de la junta, como José Ramón González, fueron enfáticos en que queda a discreción del gobierno en qué áreas decide concentrar los recortes para cuadrar el presupuesto.

De acuerdo con los pronósticos de Conway MacKenzie, en junio de 2017 Puerto Rico cerrará con un déficit de $2,181 millones, el que podría subir a $3,000 millones si se asume que se debe cumplir con varios vencimientos de la deuda pública al extinguir el plazo dispuesto en la Ley Promesa para la moratoria en los litigios de acreedores contra el gobierno boricua.

A preguntas de EL VOCERO de si buscarían extender la moratoria ante este cuadro en los niveles de liquidez del gobierno, Matosantos insistió que la prioridad número uno de la junta es trabajar un plan fiscal que se pueda certificar.

“Ese es el requisito número uno para poder llegar a cualquiera de los otros pasos que hay en la Ley Promesa”, puntualizó Matosantos. A su vez, González, añadió que “no se puede decir ahora mismo”.

“Llevamos demasiado tiempo con un grado de incertidumbre sobre las operaciones del gobierno, de las obligaciones del gobierno, afectando a miles de personas en reclamos legítimos contra el gobierno. La prioridad tiene que ser trabajar dentro de las fechas pautadas en el estatuto (Promesa). Ya veremos cuando se acerque la fecha dónde estamos y qué alternativas tenemos”, sostuvo González en conferencia de prensa luego de la reunión de la junta en el Hotel El Conquistador.

Previamente los representantes de la firma Conway MacKenzie les reconocieron a los miembros de la Junta de Control Fiscal que el gobierno redujo sustancialmente los pagos a los suplidores para cubrir la falta de acceso a financiamiento. Actualmente les adeudan alrededor de $1,500 millones. En la medida que no se pague el servicio de la deuda pública, la proyección es que el gobierno puede ir emitiendo pagos a los suplidores.

Por años, el gobierno cerraba con déficit, pero cubría el desfase con financiamiento, algo que no ha estado disponible desde mitad de este cuatrienio.

Aparte de la retención de los pagos a los suplidores, detallaron que el Departamento de Hacienda no le transfirió ciertos fondos a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad de Edificios Públicos (AEP). De igual forma, consiguieron $400 millones mediante un financiamiento interno emitido por la Corporación del Fondo de Seguro del Estado (CFSE), la Administración de Compensación por Accidentes de Automóviles (ACAA) y del Fondo de Incapacidad del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.

Igualmente, suspendieron pagos de vencimiento de deuda de bonos de obligaciones generales (GO’s, por sus siglas en inglés) por más de $300 millones.

Los representantes de la firma consultora aceptaron a los miembros de la junta que estas medidas fueron “paliativas, pero no remediales”.

Argumentaron que la idea era asegurar el flujo de efectivo en el Departamento de Hacienda.

De otro lado, advirtieron que si expira la moratoria para la radicación de litigios que estableció la ley federal Promesa, el gobierno terminaría este año con un déficit de $1,300 millones.

Ante este cuadro, la firma reiteró la necesidad de aprobar lo antes posible el Plan Fiscal y de Crecimiento Económico del gobierno de Puerto Rico (PFCE), y fomentar la transparencia para proveer mayor visibilidad que permita tomar decisiones razonables y que se sostengan en el futuro.

Más temprano, el presidente de la junta, José Carrión, hizo un resumen de las gestiones que ha hecho dicho organismo y detalló el estatus de los nombramientos pendientes para los cargos de director ejecutivo, asesor legal y consultor estratégico.

ELY ACEVEDO DENIS, EL VOCERO

Pronóstico negativo para el cierre de este año fiscal

La Junta Federal de Control Fiscal sostuvo esta mañana su primera reunión en Puerto Rico

Durante la primera reunión de la Junta de Control Fiscal efectuada en Puerto Rico, la firma Conway MacKenzie pronosticó un escenario negativo para el cierre de este año fiscal a pesar de los múltiples ajustes que hizo la administración García Padilla para buscar liquidez en el Gobierno.

Los representantes de la firma les reconocieron a los miembros de la Junta de Control Fiscal que el Gobierno redujo sustancialmente los pagos a los suplidores para cubrir la falta de acceso a financiamiento. Actualmente les adeudan alrededor de $1,500 millones a los suplidores. En la medida que no se pague el servicio de la deuda pública, la proyección es que el Gobierno puede ir emitiendo pagos a los suplidores.

Por años, el gobierno cerraba con déficit, pero cubría el desfase con financiamiento, algo que no ha estado disponible desde mitad de este cuatrienio.

En vivo: Junta Federal de Control Fiscal celebra su primera reunión en la Isla

A parte de la retención de pago a los suplidores, detallaron que el Departamento de Hacienda no le transfirió ciertos fondos a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad de Edificios Público (AEP). De igual forma, consiguieron $400 millones mediante un financiamiento
interno emitido por la Corporación del Fondo de Seguro del Estado (CFSE), la Administración de Compensación por Accidentes de Automóviles (ACAA) y del Fondo de Incapacidad del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.

Igualmente, suspendieron pagos de vencimiento de deuda de bonos de obligaciones generales (GO’s, por sus
siglas en inglés) por sobre $300 millones.

Los representantes de la firma aceptaron a los miembros de la Junta que este tipo de medidas fueron “paliativas, pero no remediales”. Argumentaron que la idea era asegurar el flujo de efectivo en el Departamento de Hacienda.

De otro lado, advirtieron que si expira la moratoria de suspensión en los litigios que estableció la ley federal de PROMESA, el Gobierno terminaría con un déficit de $1,300 millones.

Ante este cuadro, la firma reiteró la necesidad de aprobar lo antes posible un Plan Fiscal y de Crecimiento Económico del Gobierno de Puerto Rico (PFCE), y de fomentar la transparencia para proveer mayor visibilidad que permitan tomar decisiones razonables y que se sostengan en el futuro.

Más temprano, el presidente de la Junta, José Carrión, hizo un resumen de las gestiones que ha hecho dicho organismo y detalló el estatus de los nombramientos pendientes para Director Ejecutivo, Asesor Legal y Consultor Estratégico.

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