El grupo de trabajo bipartidista o ‘Task Force’ del Congreso sobre el desarrollo económico de Puerto Rico dio a conocer ayer un informe de 125 páginas que incluye recomendaciones para atender la crisis económica de la Isla en temas como Medicare, políticas contributivas, comerciales, energéticas y hasta resolver el estatus territorial de la Isla.

El informe, que quedará en manos del nuevo Congreso de Estados Unidos, fue informado en rueda de prensa por el comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, quien detalló que el Task Force recomienda que el Congreso apruebe legislación que atienda el inminente precipicio fiscal en el programa de Medicaid de Puerto Rico y que temprano en el 2017 se comience a atender el asunto para permitir que ASES tenga mayor certeza a la hora de firmar contratos con las aseguradoras del programa de Medicaid estatal para el año fiscal 2017-2018.

“Creo genuinamente que es el documento más completo y constructivo que el gobierno federal haya preparado sobre Puerto Rico. Me siento particularmente orgulloso del Apéndice 2 del informe, que describe 40 programas federales en los que 3.4 millones de ciudadanos americanos en Puerto Rico somos tratados de manera distinta que nuestros conciudadanos en los estados”, dijo Pierluisi.

Agregó que este informe servirá como plan de acción para la entrante Comisionada Residente y el Congreso en general. Pienso que es una excelente manera de concluir mi gestión en el Congreso.

“Esto no es cualquier informe. Esto es sendo informe y esto tiene el apoyo del liderato del Congreso de ambos partidos. Es muy difícil en el Congreso uno lograr el consenso total y aquí hay más de 75 recomendaciones refrendadas”, aseveró Pierluisi.

En el informe, además, el Task Force establece varios pasos para mejorar el trato a Puerto Rico bajo la Parte A de Medicare (servicios hospitalarios), la Parte B (servicios médicos), la Parte C (Programas Advantage) y la Parte D (cubierta de medicamentos).

Sobre la política pública contributiva, el Task Force recomienda que el Congreso enmiende la Sección 24 del Código de Rentas Internas para autorizar a familias elegibles en Puerto Rico con uno o dos hijos a reclamar el crédito contributivo federal por hijos dependientes, proveyéndoles con el mismo trato que se les provee a las familias con tres hijos dependientes o más en Puerto Rico. Se estima que esta propuesta podría inyectar $2,900 millones en la economía de Puerto Rico durante la próxima década, beneficiando a sobre 355,000 familias y 404,000 niños, con un pago promedio anual de $770.

De igual forma, brinda apoyo para los pequeños y medianos comerciantes. El Task Force encomienda al Congreso mejorar el trato que recibe Puerto Rico bajo los programas administrados por la Administración de Pequeños Negocios (SBA). Entre las recomendaciones están aumentar temporeramente el porcentaje de cualquier préstamo a pequeños negocios que SBA garantice en PR o eliminar o reducir temporeramente los cargos que las empresas en Puerto Rico tienen que pagar para recibir un préstamo garantizado por SBA.

Además, el Task Force menciona que el gobierno de Puerto Rico debe continuar los esfuerzos para hacer las reformas operacionales en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), mejorar la eficiencia de la generación y transmisión de electricidad, y diversificar el suministro de la energía en Puerto Rico—con la meta definitiva de que la electricidad sea más confiable y asequible, entre otras.

Puerto Rico cerca de la estadidad

Por otro lado, Pierluisi aseguró que el informe emitido por el Task Force pone a Puerto Rico más cerca de resolver el estatus territorial porque “es un preámbulo para la estadidad”.

El Task Force establece que si el gobierno realiza la consulta de estatus autorizada y financiada por la Ley Federal 113-76, el Congreso debe analizar el resultado de esa consulta plebiscito seria y minuciosamente, y tomar la acción legislativa que corresponda.

“Siempre hemos tenido diferencias en el trato que recibimos en muchos programas y sabemos que hay muchas diferencias en el área contributiva, pero lo que uno ve en este informe es que válida que tratar a Puerto Rico injustamente, diferentemente, no funciona. Este informe lo que busca en gran medida es un mejor trato para los puertorriqueños como ciudadanos americanos y yo te diría que esto es un preámbulo para la estadidad porque está validando la igualdad que conlleva la estadidad. La estadidad lo que es igual de trato, político, económico, social”, precisó Pierluisi.

Manifestó que el informe tiene un apéndice que les identifica 40 diferentes programas en los que Puerto Rico no tiene trato igual. “Lo que queremos los miembros del Task Force es recordarle al mundo entero, incluyendo el Congreso, que aquí viven ciudadanos americanos y que lo que hace sentido para un ciudadano americano en la Florida o en Nueva York o en Texas debe hacer sentido aquí en Puerto Rico”, detalló.

Reducción al salario mínimo

Finalmente, Pierluisi mencionó que el informe del Task Force contiene propuestas sobre proveer subsidios para el sueldo de los empleados en Puerto Rico, que es la propuesta del senador cubano Marco Rubio, y no una reducción de salario mínimo como se había rumorado.

“Exhorta al Congreso a considerar la posibilidad de proveer subsidios para el sueldo de empleados de Puerto Rico. Esa es otra manera de describir la propuesta del senador (Marco) Rubio, que aquí se tergiversó. Aquí no la interpretaron correctamente. Esa propuesta lo que conlleva es que se subsidia al patrono. Si tú ganas $7.25 la hora, pues que el patrono se le pague, por decir, el monto puede cambiar. El Congreso dice el gobierno de Estados Unidos va a asumir el costo de $2.25. Entonces, el empleado le cuesta al patrono $5 en vez de $7.25, pero el empleado no se afecta”, dijo Pierluisi.

Explicó que la propuesta se puede extender para salarios mayores, que puede propiciar que lleguen aumentos de salarios a los empleados, por lo que a su juicio la propuesta de Rubio lo que quiere es incentivar el empleo en Puerto Rico “subsidiando el costo del empleo”.

Informe con aval de Junta de Control Fiscal

Finalmente, destacó que, aunque las propuestas no necesariamente tienen que ser acatadas por la Junta de Control Fiscal federal servirán para tener una idea más clara de la ruta que hay que tomar.