A tres días de haber juramentado como gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, adelantó hoy que firmó una orden ejecutiva que busca reducir el gasto en compras gubernamentales, que representan $27 millones en el presupuesto.

“Los contratos de compras representan 27 millones de dólares. La reducción es en compras. Por ejemplo, productos, servicios y bienes. Cuando lo vimos segmentado por el presupuesto, lo pudimos identificar”, dijo el primer mandatario en la primera sesión informativa convocada hoy, en La Fortaleza.

La orden significaría una reducción del 10% en gastos relacionados a las compras en el gobierno.

La nueva orden se suma a las seis órdenes ejecutivas, en las que declaró un estado de emergencia fiscal. En las pasadas órdenes ejecutivas le exigió que los jefes de agencia efectúen una reducción en sus gastos operaciones en un 10%.

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Rosselló, además, ordenó congelar puestos vacantes, prohibió la creación de puestos nuevos y pidió la eliminación del 20% de nómina de confianza, función que ya hace la Ley 66 de 2014.

De igual forma, prohibió las tarjetas de crédito, los viajes al exterior y los celulares financiados con fondos públicos.

A su vez, ordena centralizar las comunicaciones y servicios de asesoría legal, para que cualquier contratación de director de Comunicaciones o director de División Legal a nivel de las agencias o corporaciones tenga que ser autorizada por La Fortaleza.

Las otras órdenes ejecutivas son para crear el Centro de Oportunidades Federales, crear el grupo interagencial de proyectos críticos para la infraestructura del Siglo XXI e implementar el método de Presupuesto Base Cero.

Justifica solicitud a la Junta Federal de Control Fiscal

Rosselló, más temprano en el día de hoy, le solicitó a través del designado representante ante la Junta Federal de Control Fiscal, Elías Sánchez, una extensión de 45 días para someter el plan fiscal, negociar nuevos términos con los acreedores y solicitó una reunión con el entre federal en las próximas semanas.

“Le hicimos una solicitud para darnos una oportunidad de negociar con los bonistas como para establecer un plan fiscal colaborativo. Estamos solicitando un espacio para poder solicitarlo. Nuestro equipo está disponible para tomar el liderato y que el mundo entero pueda validar las gestiones de mi administración”, sentenció el gobernador sobre la solicitud.

La carta, firmada Sánchez además solicita la extensión de la moratoria hasta mayo, la cual se vence el 15 de febrero.

“También impone una reducción del 10% en los contratos de servicios profesionales y un %5 en gastos de servicios públicos para todas las agencias gubernamentales y corporaciones públicas. Además, ordena una reducción del 20% en posiciones de confianza en cada agencia”, se lee en la misiva.

El acuerdo, de ser aprobado por los miembros del organismo, le autorizaría al gobierno no emitir el pago a los bonistas hasta llegar a nuevas negociaciones. El plan fiscal debe ser enviado a la junta el 15 de este mes, según el calendario publicado por el ente federal.

“El gobernador ha tomado medidas inmediatas para atender la crisis fiscal de la Isla, emitiendo una serie de órdenes ejecutivas e introduciendo varia legislaciones destinadas a reducir el gasto público. Establece una meta de reducir el gasto público en un 10% para el año fiscal en curso”, reza la misiva enviada hoy a la junta.

Rosselló, quien no ofreció detalles sobre los nuevos acuerdos con los acreedores, explicó que la solicitud responde a los nuevos hallazgos financieros durante la administración del exgobernador, Alejandro García Padilla.

“Cuando hicimos el Plan para Puerto Rico nosotros no teníamos acceso a los números reales del gobierno. No teníamos acceso para poder determinar lo que debíamos hacer. Estamos pidiendo un poco de pistas para poder integrar los números que hemos comenzado a ver de la pasada administración”, añadió el gobernador, quien adelantó que les pidieron a los bonistas “ceder” y comprender la situación fiscal de la Isla.

Precisamente ayer, durante una vista de argumentación oral relacionada con los casos de la deuda de la Isla, los jueces del Tribunal Federal de Apelaciones con sede en Boston le exigieron al gobierno explicar cómo se ha administrado el dinero que no han tenido que reembolsar en cumplimiento con el “stay” determinado en la ley PROMESA, el cual paraliza litigios por cobro de dinero.

“Tenemos control de la situación, estamos trabajando con los acreedores, estamos trabajando con la Legislatura, estamos buscando las mejores alternativas y estamos buscando opciones creativas. Lo he hablado antes, vamos a necesitar buscar liquidez a corto plazo. ¿Cuál es el mecanismo? En eso estamos trabajando”, respondió el gobernador.

Sin detallar plan auxiliar

La solicitud que tiene la junta ante sí para el gobernador representa un espacio para poder comenzar a ejecutar, presentar las acciones correctivas y buscar colaboración a nivel federal.

Sin embargo, el gobernador no confirmó si presentarían otra propuesta para atender su reclamo ante la junta, aunque sí detalló que tienen una multitud de planes dirigidos a resolver la crisis fiscal.

“Al gobierno le conviene, le conviene a la junta y le conviene al pueblo. Tenemos una multitud de planes que estamos corriendo en la misma dirección. No se trata de un plan b. Nosotros tenemos una multitud de planes en la misma dirección. Este pedido ante la junta es algo que están en los mejores intereses de Puerto Rico”, dijo Rosselló, quien adelantó que no ha recibido respuesta del ente federal.

Entre otros temas financieros que habló con la prensa, el gobernador recordó que aunque se extienda la moratoria local, el gobierno no tendrá dinero para pagar la nómina en febrero.

“Si asumimos que no se paga la deuda, todavía no tenemos el dinero. O sea, lo de la moratoria no resuelve el problema de liquidez. El problema de liquidez lo trajo la pasada administración. Eso lo hemos dejado claro. Asumimos ese reto. Pero, la moratoria por sí sola, no acabaría el problema”, sostuvo.

Para poder tener liquidez a corto plazo sin intereses onerosos, el gobernador colaborará con el Sistema de la Reserva Federal y buscar nuevos recursos.

“Es cuestión de establecer y les pido ese espacio para buscar áreas más creativas para colaborar con otras intereses. De tal forma, podremos buscar intereses menos onerosos para el pueblo de Puerto Rico”, dijo.