Congelan 1,800 millones de gastos multianuales – Administración Rosselló actuando responsablemente – UPR; Drug Transparency Act; y Enmiendas Ley 20 y 22

• ELÍAS SÁNCHEZ

Administración Rosselló actuando responsablemente

• Hoy AAFAF emitió una Orden Administrativa en virtud de la Ley 5-2017 mediante la cual congela las asignaciones especiales multianuales de presupuestos anteriores que suman $1,800 millones. Esto, creando un Comité para solo desembolsar partidas que sean gastos esenciales y lograr ahorros de hasta $625 millones.
• La Orden Administrativa atiende un problema histórico de que el gobierno no ha podido implementar un presupuesto balanceado pues sigue arrastrando gastos para los cuales nunca hubo dinero.
• Se están controlando los gastos presupuestados de los gobiernos anteriores que nunca se gastaron o que se presupuestaron sin tener dinero afectando los estados del Gobierno.
• El objetivo es cumplir con el presupuesto asignado para el AF2017 congelando los gastos irresponsables de la pasada administración que creó partidas sin asignarles dinero y no las desembolsó.
• Se está atendiendo directamente una de las causas principales para la deficiencia identificada en el puente entre los estados financieros auditados del año fiscal 2014 a las proyecciones del año fiscal 2017 contenidas en el Plan Fiscal.
• La Orden Administrativa también congela los créditos contributivos que no han sido autorizados y establece la capacidad de limitar el tiempo de uso hasta un máximo de 4 años.
• La Orden Administrativa también establece un Grupo de Autorización de Desembolsos para implementar un proceso para evaluar y aprobar las solicitudes para incurrir en los gastos y usar los créditos.

UPR; Drug Transparency Act; y Enmiendas Ley 20 y 22

UPR

• Hemos estado trabajando con un déficit en caja de $7,600 que afecta al Gobierno Central y su posibilidad de subsidiar ciertas corporaciones públicas.
• El Plan Fiscal presentado por el Gobernador recoge la determinación de la Junta de reducir por $300 millones la aportación del Fondo General a la UPR.
• En ese sentido, el Gobernador ha sugerido a la UPR que no se recorten gastos por $300 millones que afecten la operación de la Universidad.
• Desde entonces, el Gobernador ha estado buscando maneras de allegar recursos para reducir el impacto en la UPR de la determinación de la Junta.
• La Ley 8-2017 y la Orden Ejecutiva 2-17-021 provee para allegar ingresos adicionales a la UPR con los adiestramientos ofrecidos por el Gobierno que antes se le daban a empresas privadas.
• Esta partida ha sido cuantificada por la UPR en sus borradores de Plan Fiscal en $50 millones pero podría llegar a $100 millones.
• Con independencia a ese esfuerzo, la Presidente Interina, Nivia Fernández, nos solicitó reuniones con varios jefes de agencias para ver como a la UPR se le podía reducir sus gastos y como allegar ingresos adicionales independientes a los ofrecidos por la Orden Ejecutiva 2017-021.
• Por instrucción del Gobernador, el 2 de marzo se realizaron varias reuniones con la Presidente Interina, los 11 recintos y varios Jefes de Agencia.
• El alto liderato de la UPR el 2 de marzo se reunió con la Secretaria de Educación, Julia Keleher, el DDEC, el Presidente del GDB, Christian Sobrino y el Secretario de Agricultura, Carlos Flores.
• En estas reuniones, se discutió el Proyecto de Alianza Interagencial de la UPR, para poder identificar cursos y adiestramientos que hoy en día se contrata a recursos externos, para que pueda ser la UPR quien los ofrezca, y pueda recibir ingresos adicionales a sus arcas.
• En la reunión del 2 de marzo, tanto el Departamento de Educación como el de Agricultura, pudieron identificar asuntos que se pueden comenzar a trabajar de inmediato.  Pronto se podría estar viendo memorandos de entendimiento (MOUs) que las agencias podrán hacer con la UPR.
• Entre estos se destacan el ofrecimiento de talleres o seminarios para mejorar la preparación de maestros, así como tutorías a estudiantes.
• Esta reunión inicial, tendrá reuniones de seguimiento en las cuales se trabajarán otras iniciativas específicas entre la UPR y el Gobierno de Puerto Rico.
• Hoy 7 de marzo, está en agenda reuniones entre la UPR y las siguientes agencias: Departamento de Corrección, Departamento de la Familia, Departamento del Trabajo, OCALARH, Departamento de Salud, Departamento de la Vivienda, Departamento de Justicia y la Autoridad de las Alianzas Público Privadas.
• El Gobernador de Puerto Rico quiso venir personalmente para asegurar la Rama Ejecutiva le da todas las herramientas necesarias a la UPR.
• La propia Fortaleza será parte de esta ayuda.
• La Comisión del Gobernador para Fomentar el Voluntariado Ciudadano y el Servicio Comunitario en Puerto Rico (Comisión) recibió una subvención federal del Corporation for National and Community Service (CNCS) para proveer entrenamiento y asistencia técnica a organizaciones sin fines de lucro y entidades gubernamentales que participan del programa AmeriCorps.
• La Comisión, a su vez, le adjudicó parte de esa subvención a la Unidad de Educación Continua y Servicios a Negocios del Colegio de Administración de Empresas del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico (RUM).
• El monto de la propuesta adjudicada es $38,875 hasta el 30 de junio de este año, y como parte de esta, el RUM brindará los siguientes servicios. Esto es solo una alianza de muchas que se realizarán para allegarles más recursos a la UPR.
• Próximamente, habrán más reuniones con otros Jefes de Agencias para lograr más alianzas que reduzcan los gastos de la UPR o que le alleguen ingresos adicionales.

Drug Transparency Act

• El Gobernador presentó ayer una legislación que es parte integral del Plan Fiscal en materia de Salud y según prometido en el Plan para Puerto Rico.
• Las compañías farmacéuticas vienen aumentando drásticamente los precios de los medicamentos muchos años. Para el 2015, el mundo se escandalizó con la noticia de que un empresario, luego de adquirir una compañía de medicamentos, aumentó en 5,000% el precio de un medicamento que llevaba más de 60 años en el mercado.
• En el 2016, el GAO del Congreso publicó un informe sobre los precios de los medicamentos genéricos donde concluyó que los precios de los medicamentos genéricos bajaron en general pero ciertos medicamentos experimentaron unos aumentos “extraordinarios”.
• Desde 2015 se han presentado medidas en al menos quince (15) jurisdicciones de Estados Unidos que intentan establecer mayor transparencia en el alza de los precios de los medicamentos.
• Tenemos proyectos que crean una comisión para identificar una lista de unos pocos medicamentos y luego piden información sobre los mismos.
• Otro grupo de medidas requiere que la información sea provista por todos los manufactureros de todos los medicamentos mientras que un tercer grupo requiere información de parte de los manufactureros de productos con precios que sobrepasen cierto umbral.
• Algunos proyectos, requieren notificación al estado previo a realizar un aumento sustancial al precio del medicamento.
• Estamos conscientes de los altos costos de investigación que conlleva el lanzamiento de un nuevo medicamento. No obstante, expirado el término de protección por la Ley de patentes, se abre el acceso para que múltiples fabricantes puedan producir sus medicamentos equivalentes.
• Estos fabricantes tendrán costos sustancialmente menores pues la efectividad y seguridad del medicamento ya ha quedado establecida.
• Los medicamentos “genéricos” tienden a ser entre 80 a 85 por ciento más económicos que la versión de marca y, además, la tendencia debe ser a que sus costos sigan bajando con el pasar del tiempo.
• Recientemente algunos fabricantes han efectuado aumentos drásticos que no parecen tener explicación. Esto tiene un efecto sobre el acceso a la Salud y los costos del Programa de Salud del Gobierno.
• El Plan para Puerto Rico establece en la página 140 que aprobaremos legislación que permitirá ver cuáles son los gastos de las compañías que producen medicamentos genéricos para que puedan tener sus ganancias saludables sin afectar a los pacientes.
• Mediante esta Ley: 1) requerimos informes periódicos a los manufactureros de medicamentos genéricos de datos sobre la estructura de precios de los medicamentos genéricos; y 2) requerimos a los manufactureros que le notifiquen al Departamento de Salud antes de adoptar un aumento en precio de más de 20% con la razón para el aumento . Si no cumplen con estos requisitos conllevará una multa de $50,000 a $100,000.
• Cumplimos otro de nuestros compromisos de garantizar el acceso a servicios de salud adecuados logrando una transparencia en el costo de los medicamentos genéricos que nos permitirá una mejor fiscalización de los recursos del estado mientras que se le permite al Pueblo estar mejor informado sobre los factores sobre los cuales las compañías predican sus precios.

Enmiendas Ley 20 y 22

• Gobernador anuncia enmiendas a las Leyes 20 y 22 de 2012 (Leyes del PNP que la delegación del PPD les votó en contra).
• El PNP en el 2012 promovió legislación de avanzada para atraer inversión y exportar servicios fuera de Puerto Rico (Leyes 20 y 22 de 2012).
• No obstante, tanto García Padilla como el PPD tuvieron que aceptar que la medida era buena para Puerto Rico y que trajo empleos e inversión.
• Un estudio realizado por la empresa “Estudios Técnicos”, publicado en diciembre de 2015, reveló que a noviembre de dicho año se habían emitido 360 decretos de exención contributiva bajo la Ley 20 y 574 bajo la Ley 22; que las empresas operando bajo la Ley 20 crearon cerca de 3,350 empleos directos, 2,160 indirectos y más de 1,500 inducidos para un total de 7,000; mientras que bajo la Ley 22 se habían creado 2,500 empleos directos, 1,600 indirectos y 1,120 inducidos para un total de 5,200.
• Sin embargo, en el 2015, la Administración García Padilla enmendó ambas Leyes, principalmente por medio de la Ley 187-2015, y estableció unos requerimientos que nunca se pudieron implementar adecuadamente por las agencias y que generaron un ambiente de incertidumbre que dificultan la fiscalización adecuada  de los incentivos contributivos y a su vez provocan un desanimo por los requisitos que se exigen lo que impide estimular la economía y afecta la habilidad de la Isla para atraer inversión y crear empleos bajo la Ley 20 y 22.
• Para lograr maximizar la fiscalización se exigirá a los solicitantes de los decretos bajo la Ley 22, presentar evidencia de haber radicado el formulario del IRS 8898 de manera de poner al Gobierno Federal a fiscalizar, ya que tendrá el incentivo para hacerlo porque es quien perderá los ingresos de la persona que se muda a PR.
• Para velar por la integridad del programa sin exigirle informacion duplicativa o adicional al peticinario, podemos exigir que el peticionario presente evidencia de haber radicado el formulario del IRS 8898.
• El Plan para PR, en sus páginas 43-44 se propuso que vamos a incentivar medidas como éstas para incentivar la maltrecha economía.
• El Gobernador Rosselló va a incentivar el desarrollo de aquellas compañías locales o de aquellas que quieran localizarse en la Isla para que puedan expandir su capacidad de exportar servicios e insertar a Puerto Rico en óptimas condiciones en una economía global.
• Por ello, se presenta un proyecto para enmendar ambas leyes para eliminar los desaciertos que impuso la pasada Administración en el 2015. Estas enmiendas a la Ley 20 son esenciales para que nuestras PyMES exporten servicios sin requisitos onerosos.
• Industrias en desarrollo en la Isla como las de informática (programadores, técnicos, y otros) se beneficiarán de estas leyes para que puedan exportar servicios en una economía que ha estado importando bienes en su gran mayoría. Esto nos permitirá revertir la economía del intercambio.
• Se incluye como parte de los servicios elegibles bajo la Ley 20 (promoción de exportación de servicios), los servicios de turismo médico y facilidades de telemedicina. Esto amplía los servicios elegibles para permitir que empresas locales exporten servicios a otras jurisdicciones. Esto, a su vez, junto con los incentivos médicos aprobados en virtud de la Ley Núm. 14-2017, servirá para que nuestros médicos puedan ensanchar sus servicios en ésta área, y decidan permanecer en Puerto Rico, no solamente para brindarles salud a los puertorriqueños sino también para exportar sus servicios hacia el mundo, contribuyendo a nuestro desarrollo económico.
• Por otro lado, se establece un instrumento para ayudar al tercer sector, compuesto por entidades sin fines de lucro que ofrecen servicios a nuestra sociedad.
• También se establece en la Ley 20 que se podrá requerir que, en caso de que el negocio necesite empleados o contratistas independientes para la realización de sus operaciones, dichos contratos sean realizados con personas residentes de Puerto Rico o entidades dedicadas a industria o negocios en Puerto Rico.En atención a lo anterior, se enmiendan ambos estatutos para:
•  Flexibilizar los requisitos de elegibilidad para que más personas puedan acogerse a los incentivos contributivos con el fin de inyectarle inversión a la economía de Puerto Rico, incluyendo, sobre todo, a las PyMES.
• Establecer como requisito que los inversionistas que posean un decreto bajo la Ley 22, deberán hacer una aportación total anual de por lo menos $5,000 a entidades sin fines de lucro operando en Puerto Rico.
• Incluir los servicios de turismo médico y facilidades de telemedicina como servicios elegibles bajo la Ley 20.  Esto además ayudará a la PyMES que son entidades en su gran mayoría creada por puertorriqueños para que puedan exportar servicios y atraer riquezas a la Isla.
• Establecer en la Ley 20 que se podrá requerir a un negocio, cuyo solicitante desee recibir un decreto de incentivo contributivo, y necesite empleados o contratistas independientes para la realización de sus operaciones, que dichos contratos sean realizados con personas residentes de Puerto Rico o entidades dedicadas a industria o negocios en Puerto Rico.
• Se elimina el requisito de Certificado de Cumplimiento ya que nunca se pudo implementar debido a la falta de procesos y capacidad de las agencias para emitir certificaciones a las personas que recibían decretos, lo que generó un clima de incertidumbre que hace difícil atraer inversión local bajo la Ley 20 (servicios) e inversión de afuera bajo la Ley 22. Ahora se hará mediante el formato federal del IRS.