TRIBUNA INVITADAmiércoles, 26 de abril de 2017
Auditar la deuda no es problema, sino quién y cómo
El reclamo de un sector político partidista para que se audite la deuda pública previo a un proceso de reestructuración es justo y razonable. Lo que no es justo y razonable es insistir en que la realice la Comisión que creó y le asignó un presupuesto la pasada administración de Alejandro García Padilla (AGP) y que acaba de ser disuelta por la actual administración de Ricardo Rosselló. Ello es así porque la composición de dicha Comisión era muy parcializada y sesgada, compuesta por miembros del Partido Popular Democrático (PPD), por lo que carecía de la debida independencia, balance y credibilidad.
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La ley PROMESA en su sección 411 mandata a la Contraloría General de Estados Unidos a realizar un informe detallado sobre el origen, contexto legal y procedencia de cada emisión de deuda realizada hasta el momento, y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) le encomendó a Ernst & Young una auditoría detallada de toda la deuda. Por lo tanto, el asunto no es si audita o no se audita la deuda, sino si la Comisión que nombró AGP, tenía la independencia y credibilidad para realizar una auditoría independiente y balanceada dada su sesgada composición partidista.
Además, de agotarse el mecanismo de un acuerdo de reestructuración voluntario de la deuda con los acreedores bajo el Título VI de PROMESA luego del 1 de mayo, y activarse por la JSF el mecanismo de reestructuración en los tribunales al amparo del Título III de PROMESA, serían los propios tribunales federales los que encomendarían auditar la deuda.
Si se entiende que el Contralor General estadounidense, Ernst & Young o las firmas auditoras contratadas por los tribunales federales no pueden realizar una auditoría balanceada e independiente, procede proponer un organismo alterno con independencia y credibilidad para hacerlo. Pero insistir que se reconstituya y se le asignen fondos públicos a la Comisión recién disuelta para que audite la deuda es continuar con las estériles y pequeñas trifulcas políticas.
Mal usó $7.2 Millones con la Tarjeta de Crédito de la UPR – Incluso en botellas de vino de $1,000.00 con fondos públicos. Dejó la UPR con $320 Millones de déficit operacional y nadie protesta contra él.
Lo que es imperdonable es que se haya justificado el cierre forzoso e ilegal de nueve recintos del sistema de la Universidad de Puerto Rico (UPR) con dicho reclamo, que tres de ellos hayan perdido su elegibilidad a los fondos federales para las Becas Pell, los préstamos estudiantiles y el programa de Estudio y Trabajo y que los mismos estén a punto de perder la acreditación de la Middle States. Igual de imperdonable es que se haya escenificado un violento motín en las escalinatas del Capitolio, con un saldo de 21 policías lesionados y un foto-periodista herido, en el contexto de la disolución de dicha Comisión por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico.
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Según el Presupuesto 2016-2017, Junta de Gobierno UPR, del lunes 27 de junio de 2016, el presupuesto de la UPR sometido por el gobernador como aportación gubernamental ascendía a $833.9 millones
>Foto: Carlos Rivera Giusti/EL VOCERO
Ninguna operación aritmética dice que $300,000,000 + $450,000,000 = $512,000,000. Cómo se llega a que el recorte presupuestario a la UPR deba ser de $512 millones, nadie lo sabe. Capricho de alguien. Chiste de muy mal gusto. Quienes lo proponen y lo promueven tienen que estar interesados en que la Universidad del Estado desaparezca como tal
Según el Presupuesto 2016-2017, Junta de Gobierno UPR, del lunes 27 de junio de 2016, el presupuesto de la UPR sometido por el gobernador como aportación gubernamental ascendía a $833.9 millones. Con ajustes y asignaciones especiales la UPR sometió un presupuesto de $869.4 
millones. Dado que el presupuesto real todavía está por decidirse, partamos de que la aportación gubernamental que está en el quirófano sea de $833.9 millones. Mondo y lirondo, a la UPR se le quiere tumbar el 61% de su presupuesto. Esto destruirá a la UPR. Ningún árbol tolera que le mutilen más del 20% de su follaje.
A la UPR se le quiere mutilar 61%. Ninguna entidad resiste un corte de 61% a menos que venga acompañado de una mutilación igual en su misión/visión, su deber ministerial y su razón de ser. Con ese corte definitivamente dejará de ser nuestro primer centro docente.
¿Qué razones, análisis, planes, proyectos o estudios ponderados justifican que se pretenda hacer funcionar a la UPR con menos de la mitad de los recursos que apenas la mantienen? ¿Cómo explican el gobernador Ricardo Rosselló Nevares y la Junta de Control Fiscal esa mutilación a nuestro primer centro docente? ¿De quiénes estamos hablando? Veamos quienes son.
Ricardo Rosselló: BS Massachusetts Institute of Technology, PhD U de Michigan. José B. Carrión III: BA Universidad de Pennsylvania, MBA Universidad de St. John’s. Carlos M. García: BSE & BA Universidad de Pennsylvania. José R. González: BA Yale, MBA Harvard. Ana J. Matosantos: BA Stanford. David Skeel: BA University of North Carolina, Chapel Hill. Arthur J. González: BS Fordham, MS Brooklyn College, LLM New York University. Todos son egresados de universidades del exterior. El único que ha pasado por la UPR ha sido Elías Sánchez Sifonte (miembro ex oficio): JD, Derecho, UPR, Magna Cum Laude.
Para quienes han estudiado solo en universidades fuera de Puerto Rico, es muy fácil pensar que lo nuestro es baratón y pacotilla, mientras que lo de ellos es lo que es. It’s natural! Higher standards? Bull! Papi paga. Lo que no es natural es ponerse a rebuscar quiénes son los egresados distinguidos de la UPR que, además, estudiaron con excelente desempeño en las universidades de ellos; y cuáles han sido los logros y las contribuciones que han salido de la YUPI. No quisiera avergonzar ni a nuestro gobernador ni a nuestra Junta de Control Fiscal 
mencionando nada de eso. Solo que si pasaran por Goddard Space Flight Center en Maryland algún día, de los 114 profesionales hispanos que se destacan allí, 70 son egresados de UPR Mayagüez.
Si hay que hacer economías para reponernos de las burradas administrativas de algunos de nuestros gobernantes, busquen economizar en gastos. No busquen mutilar nuestra mayor inversión académica. Y, por favor, los que promueven la huelga, no usen estudiantes como corderitos de sacrificio. Ya el Departamento de Educación federal determinó que mientras el recinto de Río Piedras permanezca cerrado, los estudiantes no tendrán acceso a becas Pell ni a otros beneficios federales.
Y no los instiguen a que cometan delitos que les puedan costar ahora o más tarde. Vandalizar propiedad pública o privada, o delinquir criminalmente, en nada resuelve los cortes presupuestarios propuestos. Lo que está sucediendo con la UPR parece más improvisación e invento acéfalo que plan fiscal serio.
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