Más de 50 estudiantes de la Universidad de Puerto Rico (UPR) impidieron anoche que el cuerpo rector de esa institución aprobara un plan fiscal con un recorte anual de $241 millones, a ser sometido este domingo ante la Junta Federal de Control Fiscal.

Con reclamos para que renuncie la presidenta interina, Nivia Fernández, el grupo de universitarios tomó el salón del segundo piso del edificio de administración central donde se reunía la Junta de Gobierno de la UPR, luego de esperar durante tres horas para que les dejaran entrar.

Aunque ese cuerpo no alcanzó a emitir su voto de aprobación al plan fiscal, el documento requerido por la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilización Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés) contaba ayer con el favor de los representantes claustrales y la oposición de los representantes estudiantiles.

El estudiantado formó una cadena humana alrededor de la mesa donde se encontraban sentados los miembros de la Junta de Gobierno, un mecanismo de presión que utilizaron para exigir las firmas de la jerarquía institucional en el documento con los reclamos estudiantiles aprobados en asamblea el 21 de marzo.

Estas demandas incluyen rechazar los recortes presupuestarios impuestos por el gobierno de Ricardo Rosselló y la junta fiscal; descartar un aumento a los costos de la matrícula estudiantil; no sancionar a quienes participan de la huelga universitaria y respaldar la auditoría de la deuda pública.

El recorte al dinero que aporta el gobierno a la UPR asciende a $512 millones en el transcurso de 10 años, lo que equivale a más de la mitad del presupuesto universitario.
Después de media hora de reclamaciones y cantos como “lucha sí, entrega no”, Fernández salió llorosa y escoltada por los guardias de seguridad privada, quienes no pudieron contener a los estudiantes. Un grupo de la Policía llegó a dar apoyo al final de la manifestación, cuando la funcionaria se disponía a abordar su vehículo.

Molesto con la situación, el presidente de la Junta de Gobierno, Carlos Pérez, indicó a los medios que estaría considerando su renuncia.

Se informó que fue presentada una querella luego de que estudiantes rompieran cristales e hicieran uso de un extintor de incendio.

Harán cumplir la ley

Al cierre de esta edición, la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, y la superintendente de la Policía, Michelle Hernández, señalaron en un comunicado de prensa conjunto que “conforme a la política de ley y orden del gobernador Ricardo Rosselló vamos a respetar el derecho a la libertad de expresión, pero vamos a investigar y procesar cualquier actividad delictiva de quienes insisten en violar la ley. Los incidentes en la reunión de la junta serán investigados y todo aquel que haya cometido un crimen en medio de estas manifestaciones será arrestado y le caerá todo el peso de la ley”.

Las exigencias de los manifestantes tocaron también a la Junta de Gobierno de la UPR, ya que “la única razón por la cual esto está sucediendo hoy en día es porque este cuerpo se ha negado por años a atender los reclamos estudiantiles”, mencionó un portavoz.

El comité negociador, ente estudiantil que solicitaba la entrada a la reunión, estimó que 8,000 estudiantes se quedarían sin ingresar a la UPR si se aumentaban los costos de estudio. Asimismo, solicitaron que se audite la deuda pública, una de las condiciones para levantar la huelga.

Al inicio de su presentación, Fernández advirtió que el recorte presupuestario exigido tendría como consecuencia dejar inoperante a la universidad, además de poner en riesgo su misión, así como el licenciamiento de las agencias acreditadoras. Además, indicó que cobra importancia “contar con ingresos concretos” que permitan asegurar la continuidad de la oferta académica, así como de las investigaciones.

En cambio, dispuso el aumento del costo por crédito subgraduado a $120, lo cual generaría apenas $32 millones en recaudos adicionales para el año fiscal 2018. Se informa que el aumento al costo por crédito de estudiantes graduados está aún bajo evaluación, aunque se estima un ingreso de $3.7 millones para el mismo año. Se aplicaría, sin embargo, un subsidio ajustado a los ingresos, para que solo los estudiantes sin Beca Pell paguen la totalidad del costo.

La reorganización administrativa incluye consolidar las oficinas de recursos humanos, finanzas, presupuesto y servicios generales, así como dividir los recintos en cuatro rectorías principales, que son Río Piedras (integrado a Carolina y Bayamón); Mayagüez (integrado a Aguadilla, Utuado y Arecibo); Cayey (integrado a Humacao y Ponce) y Ciencias Médicas.