Puerto Rico es un territorio de los Estados Unidos bajo la Cláusula Territorial, Artículo IV, Sección 3, de la Constitución federal. Así pues el Congreso tiene el poder para imponerle reglas, leyes y disponer del territorio como estime necesario.
A pesar de que muchos resisten reconocerlo, Puerto Rico está en quiebra. Tiene una deuda de $70 billones que ha sido el producto de la ineptitud e irresponsabilidad fiscal de varias de las administraciones del gobierno que por décadas gastaron más de lo que ingresaba al fisco. La incertidumbre política/ideológica del actual estatus colonial ha sido igualmente responsable de la crisis que hoy padecemos.
AGP incumcumplió con el Congreso y Casa Blanca al Definir al ELA en diez meses, y le faltó el respeto a Don Young y a su Comité. Eso no se perdona, esperamos no se la cobren con Puerto Rico.
Ante la incapacidad de la pasada administración de producir estados financieros que evidenciaran nuestra crítica situación fiscal, el Congreso en el uso de sus poderes plenarios sobre el territorio, legisló Promesa para que una Junta de Supervisión Fiscal ayudara a rescatarnos de la situación. Esta junta tiene los poderes necesarios para llevarnos a poner orden en el desorden fiscal y económico que hemos producido. Sabemos que la medida no es perfecta y que es una imposición por nuestro estatus colonial, pero la opción de no tenerla crearía en Puerto Rico un verdadero caos de proporciones inimaginables.
Esa junta -convertida en una de control- ha sido incapaz de gestionar del Congreso las medidas necesarias para impulsar el desarrollo económico de la Isla, circunscribiéndose a imponer medidas de reducción y control de gastos. A esos efectos decidió imponer una reducción de la jornada laboral de dos días por mes, así como una reducción en 10% a las pensiones. El gobernador había propuesto no afectar de ninguna forma las pensiones de los retirados más vulnerables, aquellos que reciben $2,000 o menos de pensión mensual que son el 86% de todos los pensionados. La propuesta de la junta afectará a 75% de los pensionados. Como si esto fuera poco recomendó imponerle al secretario de Hacienda un síndico que decida qué se paga o no. De esto prevalecer seríamos totalmente gobernados por la junta.
Recientemente, el gobernador Ricardo Rosselló citó a diversos sectores e individuos a una reunión para crear el Frente por Puerto Rico para tratar de llevar una sola voz de consenso a Washington DC en temas que requerirán cabildeo en la capital federal para lograr paridad de fondos para atenuar la crisis. El gobernador expresó: “En esencia, se trata de cómo salimos de aquí con una sola voz en estos asuntos. Otros asuntos que tengamos diferencia los podemos dilucidar en otros foros, sin duda alguna”. Rosselló estableció los tres temas que deberá atender el Frente: salud, inclusión de Puerto Rico en la reforma contributiva federal e impulsar las recomendaciones del Task Force creado a través de la ley federal Promesa.
El estatus “por ser tema divisorio”, no habrá de ser tocado en esos cabildeos. Sin embargo, hay que estar claro de que, por ser problema fundamental, el estatus tiene que tratarse concurrentemente y activamente por el actual gobierno, pues limitarse a los asuntos anteriores sería circunscribirse a cabildear por administrar la colonia. No creo que sea aceptable para el gobernador posponer las gestiones por la estadidad pues sería aceptar el discurso de los populares colonialistas de no mover el estatus hasta que hayamos resuelto el problema fiscal y económico. El problema fiscal y económico -gústele o no a los colonialistas- está íntimamente relacionado con el problema del estatus como lo han señalado todos los informes de la Casa Blanca.
Coincido con Aníbal Acevedo Vilá en que el Congreso tiene gran responsabilidad por la presente grave situación fiscal del territorio. Este cuerpo ha tratado a los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico en forma desigual que a los demás ciudadanos americanos. Y lo que es peor, lo ha hecho con descuido negligente (“benign neglect”). Por décadas nos envía dinero -alrededor de $22 billones anuales- sin requerir la debida fiscalización ni el rendimiento de cuentas.
Ahora bien, no queremos soluciones temporeras de exenciones contributivas tipo 936 ni 245a. La única verdadera opción es la que brinda la igualdad: el pareo de fondos en los distintos renglones.
El PIP declinó participar del Frente y la alcaldesa Yulín arremetió contra la credibilidad del gobernador. Para ella los frentes amplios y juntes son solo con los independentistas revolucionarios y socialistas que piensen como ella. Yulín no puede participar de este frente porque es una revolucionaria, antiamericana que quiere imponernos una república socialista, comunista al estilo Cuba y Venezuela, mientras que el gobernador quiere la igualdad.
Yulín quédate con los revoltosos antiamericanos que tú patrocinas y con tus diálogos patrios buscando desbancar a Héctor Ferrer.
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