En 2014, se encomendó al Government Accountabilitty Office (GAO, por sus siglas en inglés) evaluar el efecto que tendría la admisión de Puerto Rico como Estado, y su impacto sobre los gastos e ingresos en el Tesoro federal, así como el efecto que la estadidad tendría sobre la economía y las finanzas públicas estatales.

Los hallazgos reafirmaron que los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico no disfrutan de la igualdad de derechos, oportunidades, beneficios y responsabilidades que sus conciudadanos en los 50 estados.

En abril de 2018, el GAO sometió un nuevo informe: “Puerto Rico, Factors Contributing to the Debt Crisis; Potential Federal Actions to Address Them”. Felicito a Carlos Mercader, director ejecutivo de PRAFA, por su contestación detallada a todos los puntos críticos. Sin embargo, difiero de su defensa de la triple exención de los bonos municipales, que ha sido un factor que promueve una deuda excesiva.

El Gobierno de Puerto Rico reconoce que durante décadas incurrió en prácticas, decisiones de política pública y fracasos que afectaron la condición fiscal y la deuda. El gobernador Ricardo Rosselló ha demostrado su compromiso para corregir esas situaciones, estabilizar las finanzas y encaminar a la isla a una revitalización sostenible. Presentó un plan fiscal y la visión del modelo socioeconómico, pasos para reestructurar la economía y las finanzas públicas, así como múltiples reformas para fortalecer y reconstruir al país.

El GAO debe reconocer que todas las reformas van dirigidas a corregir los factores que contribuyeron a la deuda. Se han tomado acciones específicas para corregir la administración y la falta de supervisión adecuada sobre las finanzas, así como eliminar las prácticas de sobreestimar ingresos y permitir gastar más que los presupuestos autorizados. El gobierno ha establecido políticas para no tomar prestado y balancear el presupuesto; atender las deficiencias de los sistemas de retiros y asignar los fondos para los servicios de salud, entre otros.

También debe reconocer el GAO el impacto que han tenido los factores externos al gobierno que contribuyen a la deuda, especialmente leyes y reglamentos federales y la estructura constitucional y no democrática que se aplica al territorio colonial, una de las raíces de problemas económicos que nos afectan.

Bajo el estatus territorial, el Congreso nos da un trato desigual cuando aprueba leyes y programas. Puerto Rico no cuenta con el mismo respaldo que reciben los gobiernos de los 50 estados.

Hay políticas discriminatorias que inciden en la baja calidad de vida. Son contrarias a los estándares en los estados. Estas condiciones ocurren en un marco de leyes y políticas que discriminan contra los ciudadanos americanos solo por el lugar donde residen. El gobierno federal debe proveer plena igualdad a Puerto Rico.

La manera justa, legal e inexpugnable constitucionalmente para ello es reconocernos como territorio incorporado ahora. La incorporación daría un impulso a los puertorriqueños y a nuestra economía que afincaría el proceso de la admisión como estado con sus consiguientes derechos políticos.

La fuga poblacional se vincula a que miles de ciudadanos que residen en la isla buscan trato igual bajo las leyes y programas federales, y aspiran a tener los mismos derechos constitucionales, voto y representación en el gobierno federal. Miles se mudan en busca de seguridad, servicios de salud, educación, poder del voto e igualdad de derechos ciudadanos.

El Congreso debe actuar para resolver el estatus. Extender la condición inferior, indignante y fracasada será obstáculo para el desarrollo económico, la reconstrucción y la recuperación fiscal y demográfica del país.

El experimento político de seis décadas de subdesarrollo colonial fracasó. Mientras nos mantengan bajo el actual modelo político-económico, la isla seguirá hundiéndose. Urge que cuenten con nosotros en el esfuerzo común de rescatar a Puerto Rico del precipicio fiscal y el colapso social, político y económico. Para comenzar, hay que garantizar a los puertorriqueños en la isla los mismos derechos y oportunidades que tienen nuestros conciudadanos en los 50 estados.