El mal de las exenciones – Mario Ramos, Historiador

OPINIÓN

El mal de las exenciones

• Mario Ramos, Historiador
• 11/10/2019

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Durante la campaña de 1984 el candidato a la gobernación por el Partido Popular, Rafael Hernández Colón, envió una carta a cada una de las empresas acogidas a la sección 936 del Código de Rentas Internas federal donde decía que de salir electo su administración sería generosa con ellas en asuntos contributivos. La carta —que tenía intención de generar donativos— la hizo pública Carlos Romero Barceló y era indicativa de que el Partido Popular seguiría con su política implantada a mediados de los años cuarenta de completa generosidad con los grandes intereses.

El debate interno que se dio dentro del Partido Popular a mediados de ese periodo sobre exención contributiva a estas compañías tenía una carga política enorme. Sol Luis Descartes, secretario de Hacienda bajo la gobernación de Luis Muñoz Marín, Teodoro Moscoso, administrador de Fomento Económico, y el mismo Muñoz, discutieron el asunto sobre si las compañías debían pagar su contribución al fisco. Descartes favorecía que pagaran, pero Moscoso indicó que la exención se podía convertir en un dique contra la estadidad. Fue en ese momento que Muñoz dio por terminada la controversia.

Con el pasar de los años los grandes intereses que recibían grandes exenciones de los gobiernos del Partido Popular se convirtieron en una especie de club con intereses políticos que los canalizaban a través de grandes donativos para las campañas. De ahí salió el famoso Club de los 600, un grupo de personas del sector financiero e industrial de Puerto Rico, beneficiario del manjar de exenciones contributivas que generosamente les regalaban los gobiernos populares y que su agradecimiento se veía en cada campaña política enviando sobres llenos de dinero.

Para el plebiscito de 1967 salió un grupo denominado Hombres de Empresa Pro Estado Libre Asociado. Eran personas de la Asociación de Industriales —afiliadas al Partido Popular— que respaldaron abiertamente esta alternativa. En anuncios de página entera en los periódicos mencionaban las ventajas contributivas del ELA y la creación de empleos, pero nunca los índices de pobreza, los bajos salarios, el desempleo que seguía con doble dígito y la carga contributiva que llevaba en sus bolsillos la —en ciernes— clase media.

Fue Carlos Romero Barceló quien en 1978 tomó la decisión de imponerles una contribución a estas compañías, por muchos años exentas del pago de contribuciones al erario. La reacción del Partido Popular fue de apocalipsis. Había que salvar la exención o de lo contrario las compañías acogidas a la sección 936 se irían de Puerto Rico y el desempleo aumentaría dramáticamente. La realidad del caso fue que ninguna se fue. Si luego se mudó alguna, sería por otras consideraciones y no por el pago de contribuciones.

Esta idea de Carlos Romero Barceló fue avalada por muchos economistas. Esas contribuciones ayudaron a que el gobierno pudiera aliviar la carga contributiva de los asalariados y las compañías seguirían ganando dinero como siempre lo habían hecho. Con esa legislación fueron millones de dólares que entraron a las arcas del gobierno de Puerto Rico. Un dinero que no tenía que venir del contribuyente y serviría, a su vez, para atender las necesidades apremiantes del momento.

El Partido Popular gana en 1984 y se restablecen las exenciones contributivas. Hubo quienes comentaron que la insignia de la Pava debió cambiarse por el número 936 dibujado sobre un billete de $100, porque en esos años todo el esfuerzo del gobierno iba dirigido más a la defensa de estas exenciones que a los problemas vitales del puertorriqueño. Los envejecientes, las madres solteras, los desempleados, los que no tenían planes médicos, nunca ocuparon un espacio conspicuo en el discurso del Partido Popular. El grueso barniz de las exenciones lo borraba todo.

Y para decepción de muchos estadistas, Ricky Rosselló puso su liderato y recursos a disposición de estas exenciones. Por eso, cuando se debatía en el Congreso la reforma contributiva que incluiría a Puerto Rico y nos trataría como jurisdicción doméstica, con el saldo neto de ser un territorio incorporado “de jure”, Ricky visitaba congresistas para revertir esa legislación. Solo Jenniffer González, Thomas Rivera Schatz y Carlos Romero Barceló la apoyaban, pues conocían sus detalles y sabían de los enormes beneficios que tendría para Puerto Rico.

Para efectos fiscales y políticos Puerto Rico sigue en el mismo limbo de antaño. Inexplicablemente Ricky Rosselló ayudó a enterrar la estadidad promoviendo exenciones y sacándonos de la reforma contributiva. El trabajo de Barbosa, Martínez Nadal, Luis Ferré, Carlos Romero Barceló y Pedro Rosselló lo destruyó por tiempo indefinido y en completo perjuicio de las mejores aspiraciones de nuestro pueblo.

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Mario Ramos

Mario Ramos, Historiador Sigue this search

On Oct 11, 2019, at 10:17 AM, Jeffrey L Farrow <jfarrow@olivergroupinc.com> wrote:

Excellent. 
But it prompts a question: Ricky’s gone. Many of his status quo appointees remain but the Legislative Assembly has the power to originate taxes. It’s leaders are pro-equality within the U.S. The Senate President is the President of the PNP. There are enough PNPs in the Assembly to enact a law without the signature of the governor. There’s currently an issue of taxing Federal and territorial tax-avoiding manufacturers that needs to be done to preserve $2 billion of revenue in way that would only cost them $500 million or so in additional taxes. The issue offers the potential of more revenue for the territory from them that would only cost them 20 cents per dollar because the rest can be credited against their new $3.6B+ Federal tax liability. For example, El Dia front page headlines today that the territorial administration is searching for $70 million to pay the ‘Christmas Bonus.’ Taxing the companies to pay for it would only cost the companies $14 M. All that needs to be done is to replace Act 154 with an income tax provision. The question is: With the leadership of the PNP in the Assembly, will it tax the companies even a little more? Is the issue you raise one of a governor or of the PNP?