Transcripción de la Vista sobre la JRF en el Tribunal Supremo USA

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OPINIÓN

Con la quiebra perdemos

• Carlos Colón de Armas, Profesor de Finanzas de la UPR
• 15/10/2019

La constitución de un país enmarca las mayores aspiraciones de un pueblo, en fin, su esencia. En las jurisdicciones que se rigen por ese tipo de documento, este prevalece por encima de cualquier otra ley. Con eso en mente, veamos qué ha hecho recientemente el pueblo de Puerto Rico con su “ley suprema”.

La Sección 7 del Artículo VI de la Constitución de Puerto Rico establece el requisito de un presupuesto balanceado con el siguiente lenguaje: “Las asignaciones hechas para un año económico no podrán exceder de los recursos totales calculados para dicho año económico, a menos que se provea por ley para la imposición de contribuciones suficientes para cubrir dichas asignaciones”. En el año 1974, el entonces secretario de Justicia, Francisco de Jesús Schuck, emitió una opinión (Núm. 1974-15 de 21 de mayo de 1974) que prácticamente invalidó esa disposición constitucional.

Ante esa errada opinión, es sorprendente que una de las medidas para lidiar con los problemas fiscales del gobierno no haya sido restablecer el control presupuestario plasmado en nuestra Constitución. El representante Luis Raúl Torres propuso tres resoluciones concurrentes para tratar de corregir ese asunto y nadie le ha hecho caso. Mientras tanto, ante los ojos de todo el mundo, el gobierno lleva desde el año fiscal 2001 violando el requisito constitucional de un presupuesto balanceado y a nadie le ha importado.

Por otro lado, en la Sección 8 del mismo Artículo VI, se establece que el pago de la deuda pública tendrá prioridad sobre cualquier otro desembolso del gobierno al indicar lo siguiente: “Cuando los recursos disponibles para un año económico no basten para cubrir las asignaciones aprobadas para ese año, se procederá en primer término al pago de intereses y amortización de la deuda pública y luego se harán los demás desembolsos de acuerdo con la norma de prioridades que se establezca por ley”. Como las deudas son contratos, esa disposición es consistente con otra que aparece en la Sección 7 del Artículo II (nuestra Carta de Derechos), que lee como sigue: “No se aprobarán leyes que menoscaben las obligaciones contractuales…”.

No obstante esas claras disposiciones constitucionales, desde que empezó la crisis fiscal la gente ha estado pidiendo que no se pague la deuda. En otras palabras —y en un acto que debe considerarse insólito en cualquier lugar civilizado— el pueblo ha estado pidiendo que se viole su propia Constitución. Recientemente, la Junta de Supervisión Fiscal emitió un plan de ajustes que —de aprobarse— le permitiría al gobierno incumplir con sus compromisos de deuda y, en esencia, daría al traste con esas disposiciones constitucionales.

En Puerto Rico, cuando alguien quiere adelantar o defender algo, es muy común tratar de buscarse una justificación al respecto disfrazada de argumento económico. En ese proceso, muchas veces se inventan teorías económicas que no tienen base alguna.

Siguiendo esa mala práctica, quienes argumentan a favor de acciones que violan nuestra Constitución tienden a esbozar razones económicas. Algunos argumentan que el dinero destinado al pago de la deuda reduciría el gasto público lo cual —alegan— sería perjudicial a la economía. Esto como si el gasto deficitario fuera bueno para el desarrollo económico —que no lo es— y cual si violar los compromisos de deuda no tuviera ningún costo económico, que sí lo tiene. Otros señalan que al gobierno, el no pagar la deuda le representaría un beneficio económico, pero no reconocen que los instrumentos de deuda pública constituyen activos para los ciudadanos y que reducir el valor de esos activos es perjudicial a la economía.

Desde luego, las constituciones no están escritas en piedra. Para cambiarlas, sin embargo, se debe seguir el proceso establecido. Lo que es incorrecto, al menos en una sociedad de ley y orden, es incumplir con disposiciones constitucionales que estén vigentes.

La Constitución de Puerto Rico, en gran medida, representa mucha de nuestra esencia y valores como pueblo. Esto se pierde con la quiebra. Por más que se quiera argumentar un beneficio económico para el proceso de quiebra del gobierno, conservar lo que somos, y respetar nuestra “ley suprema”, vale más que cualquier otro beneficio temporal que se quiera aducir como razón para incumplir con nuestra Constitución.

En fin, con la quiebra perdemos.

Carlos Colón de Armas

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Junta Fiscal

Vista en el Supremo: ‘PROMESA fue una reorganización del Gobierno de Puerto Rico’

Sotomayor se preocupó por los poderes de la JCF

Por: NOTICEL

• Oscar J. Serrano 

Publicado: Oct 15, 2019 02:15 PM AST

Actualizado: Oct 15, 2019 10:16 PM AST

WASHINGTON DC – Las preguntas de los jueces del Tribunal Supremo federal en la vista sobre la constitucionalidad de los nombramientos de la Junta de Control Fiscal (JCF) parecieron dirigirse hacia sostener que se trata de oficiales territoriales que no tenían que ser evaluados por el Senado federal, contrario a lo que determinó el Primer Circuito de Apelaciones de Boston en febrero pasado cuando los declaró inconstitucionales.

Otros indicios son que las preguntas de cómo se maneja todo lo que la Junta ha hecho hasta ahora si sus nombramientos resultaran inconstitucionales y la de cómo debe tratar el Supremo la aplicación de los Casos Insulares en esta controversia casi no se tocaron en las intervenciones de los jueces.

«Ustedes ganan y no hay retraso, ustedes pierden, asumiendo que (el Primer Circuito) está correcto y hay un leve retraso. ¿De esto es que se trata este caso?», planteó el juez Stephen Breyer al representante de los Estados Unidos, Jeffrey B. Wall, sobre el hecho de que, ya el presidente Donald Trump mandó al Senado su designación de los mismos miembros actuales de la Junta para nuevos términos.

“PROMESA fue una reorganización del Gobierno de Puerto Rico” y “no tengo idea de cómo uno desenvuelve todo esto (las decisiones ya tomadas)”, fueron dos respuestas directas de Wall, subprocurador general de los Estados Unidos, que parecieron capturar la línea de discusión en la vista.

Wall también pidió que, de sostenerse la inconstitucionalidad de los nombramientos, el Tribunal debe conceder una paralización de por lo menos 90 días en lo que el Presidente y el Senado consideran nuevos nombramientos.

Todos los jueces, excepto Clarence Thomas debido a su conducta habitual de no hacer preguntas, intervinieron en la vista, aunque hubo una incidencia marcada de los jueces con menos tiempo en el Tribunal.

De hecho, la jueza Sonia Sotomayor arrancó con las primeras preguntas al abogado de la Junta de Control Fiscal (JCF), Donald Verrilli, indicándole que sus propios argumentos sobre la independencia que se le diseñó a la JCF en la Ley PROMESA presentan “el serio problema de que el gobierno federal está creando una entidad que nadie puede controlar”.

“Nadie de Puerto Rico ha votado de ninguna manera por ninguno de los (miembros)”, dijo la jueza, quien también usó sus turnos para explorar en varias ocasiones la inquietud de cómo los nombramientos de la Junta se parecen o no se parecen a los nombramientos de los jefes de la fiscalía federal, quienes sirven en el territorio como el representante máximo del Presidente y pasan por el proceso de confirmación del Senado.

Sotomayor también trató de restarle peso al reconocimiento del poder del Congreso sobre Puerto Rico que el Supremo hizo en 2016 en el caso de Sánchez Valle, diciendo que ese caso se limitaba a la protección constitucional contra la doble exposición en casos criminales. La jueza puertorriqueña lanzó un dardo al abogado de la Junta al traer a colación las comunicaciones que se han conocido entre personal del Congreso y miembros del ente fiscal y que fueron publicadas después de que el Centro de Periodismo Investigativo demandara a la Junta para obtener acceso a sus comunicaciones con el gobierno federal. Eso no es prueba que está admitida en el récord y fue en el contexto de las condiciones después del paso del huracán María, respondió Verrilli.

La Junta “no está dentro” del Gobierno de Puerto Rico, “está por encima”, recalcó la jueza Ruth Bader Ginsburg. “Eso mal interpreta independencia por superintendencia”, dijo Verrilli a Ginsburg.

Ambas observaciones van al punto del Circuito de que la magnitud de los poderes conferidos a la Junta llevaría a sus miembros a la categoría de “oficial federal” que tenía que seguir el proceso constitucional de designación por el Presidente y confirmación por el Senado federal y no como sucedió, que el presidente Barack Obama los nombró por unas listas sometidas por el liderato congresional.

El juez presidente John Roberts reconoció que los poderes conferidos a la Junta son significativos, pero contrapuso que todos son con relación solamente con Puerto Rico.

Sin embargo, la preocupación por los poderes de la Junta y su efecto en Puerto Rico se quedó entre Sotomayor y Ginsburg ya que otros jueces, como los más novatos Brett Kavanaugh y Neil Gorsuch enmarcaban sus preocupaciones sobre los territorios desde la óptica de qué pasaría en el Distrito de Columbia, la capital federal, y qué pasaría con jueces nombrados en los territorios.

Hubo también varias preguntas que partieron de la premisa hipotética de cómo el caso sería distinto si el Congreso, en vez de crear la Junta, le hubiera dado al Gobierno de Puerto Rico los mismos poderes que tiene la Junta en cuanto a reestructuración de la deuda y capacidad para comparecer en un proceso de quiebra.

En su única intervención, el juez Samuel Alito provocó risas al inyectarle a la vista una dosis de pragmatismo en medio de tanta discusión hipotética.

“¿Usted y su cliente están aquí solo para defender la integridad de la Constitución o sería uno excesivamente cínico al pensar que hay algo más involucrado, algo que implica dinero? Y si es así, ¿qué es? ¿Qué hizo la Junta que afectó a su cliente?… ¿Están como amigos de la Constitución o tiene una queja concreta?”, preguntó directamente al abogado del fondo Aurelius Investment LLC, Ted Olson, quien fundamentalmente no le contestó y quien también tuvo problemas con salirse de la encerrona en que lo puso Ginsburg cuando le recordó que su cliente ya había dado su aval a una de las restructuraciones llevadas a cabo por la Junta, la de COFINA.

Verrilli remató en un turno posterior indicando que Aurelius “presentó este caso porque quieren a una Junta diferente” y advirtió que, si la Junta es declarada inconstitucional y sus acciones quedan sometidas a la ratificación de una nueva Junta, Aurelius «va a pelear (por la ratificación) con uñas y dientes por años y años”.

Olson solo pareció colocar una banderilla cuando, a su punto de que los miembros son “federales”, recordó al Tribunal que ellos mismos habían dicho en una decisión que la insolvencia de un territorio de los Estados Unidos no era un asunto meramente local. En ese caso, la discusión era sobre Guam.

La abogada de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Jessica Méndez Colberg, pidió la revocación de los Casos Insulares con el argumento de que cuando ella y las personas de Puerto Rico que estaban en la sala regresaran a Puerto Rico iban a tener menos derechos que los que tenían hoy estando la capital federal. Pero el juez Roberts le ripostó que “yo no veo la pertinencia de los Casos Insulares”.

For an analysis of the hearing in English, you can visit SCOTUSblog.

Puedes leer la transcripción oficial de la vista argumentativa aquíTranscripción_VISTA ORAL SUPREMO FEDERAL UTIER_20191015144243

¿Quiénes estuvieron en la vista?

Distintas figuras de Puerto Rico se dieron cita en la capital federal para esta vista del Supremo y hasta la propia jueza de quiebras, Laura Taylor Swain presenció los argumentos.

De la Junta, se divisó a todos sus miembros, excepto a Ana Matosantos y Andrew Biggs, así como a su directora ejecutiva, Natalie Jaresko.

La congresista puertorriqueña por Nueva York, Nydia Velázquez y varias otras figuras del mundo político, como el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá, el senador Eduardo Bhatia, el excandidato a comisionado residente Rafael Cox Alomar, los representantes Luis Vega Ramos y Rafael “Tatito” Hernández”y el director de campaña de Pedro Pierluisi, Andrés Guillemard, también estuvieron.

Además, el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Interamericana, Carlos Gorrín Peralta, el expresidente del Colegio de Abogados, Alejandro Torres, y el presidente de la UTIER, Ángel Figueroa Jaramillo.

Amy Howe Independent Contractor and Reporter

Posted Tue, October 15th, 2019 3:01 pmEmail Amy
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Argument analysis: Justices weigh appointments dispute – and nature of Puerto Rico oversight board

The Supreme Court heard oral argument this morning in a dispute over the validity of appointments to a board created by Congress to bring financial stability back to Puerto Rico. With billions of dollars potentially at stake, the courtroom was packed with spectators, many of whom had flown in from Puerto Rico. And although the justices had been asked to resolve questions involving the interpretation of the Constitution and the applicability of an ancient remedy known as the “de facto officer” doctrine, the outcome of the case could hinge on a relatively simple question – whether, as seemed likely, a majority of the justices believe that the board’s duties are primarily local in nature.

Donald B. Verrilli, Jr. arguing for Financial Oversight and Management Board for Puerto Rico (Art Lien)

In 2016, Congress passed the Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act (PROMESA). Among other things, PROMESA created a Financial Oversight and Management Board to make various reforms to bring financial stability back to Puerto Rico, including by restructuring the island’s massive – over $70 billion – debt. The board is made up of seven voting members. Six are selected from a list compiled by members of Congress and do not require Senate confirmation; the president has discretion to select the seventh.

After the board began proceedings in federal court to restructure the debt, Aurelius Investment – a hedge fund that had invested in distressed Puerto Rico bonds – and a local labor union challenged the method by which the board’s members had been appointed. Under the Constitution’s appointments clause, although the president nominates principal “Officers of the United States,” the Senate must also confirm them. The U.S. Court of Appeals for the 1st Circuit agreed with Aurelius and the union that the board members were “Officers of the United States” who should have been nominated by the president and confirmed by the Senate. But the court of appeals declined to invalidate all the actions that the board had already taken. Relying on the “de facto officer” doctrine, which blesses an official’s actions even when his appointment is later discovered to have been invalid, the court of appeals allowed those actions to stand because of the problems that reversing them might create. The Supreme Court agreed in June to review the 1st Circuit’s decision.

Arguing on behalf of the board, Donald Verrilli urged the justices to focus on the nature of the board’s authority. PROMESA, he stressed, sets up an entity that operates within the territorial government, and the board acts on behalf of Puerto Rico.

Justice Elena Kagan pressed Verrilli to look at the fuller picture. Wasn’t Congress, she asked, thinking about the broader interests of the United States, where many investors on the mainland also held part of Puerto Rico’s debt, rather than just Puerto Rico when it passed PROMESA? Congress could have gone with a bailout of Puerto Rico, Kagan suggested, but opted not to because a bail-out would have been more expensive for the United States overall.

Verrilli insisted that the justices should “look at the best evidence of what Congress did”: It “told this board to act for Puerto Rico.”

But that response from Verrilli elicited a question that Chief Justice John Roberts would repeat several times throughout the 80 minutes of oral argument: “What if,” Roberts queried, “we don’t think it’s all or nothing” – that is, the board’s activities are both territorial and also have a broader impact?

Verrilli held firm. Congress instructed the board, he responded, to address Puerto Rico’s debt problems by acting in Puerto Rico’s interests.

Jeffrey B. Wall, Principal Deputy Solicitor General (Art Lien)

Appearing on behalf of the United States, Deputy Solicitor General Jeffrey Wall echoed Verrilli’s argument that the “hallmark” to determine whether the appointments clause applies “has always been ‘what kind of power are you exercising?’” And “everything that the board is doing,” he continued, “it’s doing in Puerto Rico.”

In response to questions from Justices Stephen Breyer and Sonia Sotomayor, Wall addressed what might happen if the court were to rule that the appointments to the board violated the appointments clause. “What difference would it make,” Breyer asked, if you still prevail on the “de facto officer” doctrine, so that the board’s past actions would still be valid?

Wall cautioned that even if the president appointed the same board members, the Senate would still need time to act, and he predicted that there would be other obstacles, such as challenges to the new board’s efforts to ratify the old board’s prior actions.

But his warnings about might happen if the court were to rule that the appointments violated the Constitution and the “de facto officer” doctrine does not apply were even more dire. I have “no idea how one unwinds this,” Wall said. If the board were shut down, he told the justices, it “imperils a process in which we have made really substantial gains in the past three years.” And more broadly, every test that the challengers have proposed would result in some set of territorial officers – such as judges in the District of Columbia – also being classified as federal officers.

Theodore B. Olson for Aurelius Investment, LLC (Art Lien)

Theodore Olson – who, like Verrilli, is a former U.S. solicitor general – argued on behalf of Aurelius. He portrayed the board as a very different kind of institution, reiterating that the insolvency of Puerto Rico is a “national issue.” Congress was dealing with a federal problem, he emphasized, and it came up with a federal solution – the board.

Olson faced skepticism from Justice Samuel Alito about his client’s motives for challenging the validity of the board members’ appointments. Noting that he might be “excessively cynical,” Alito asked Olson whether Olson and his client were “just here to defend the Constitution” or whether they in fact had a “concrete grievance.”

Olson shot back that his client was being subjected to a process governed by officials who were appointed in violation of the Constitution.

But Alito pressed on, wondering aloud whether “there is no money issue involved here?” Olson acknowledged the billions of dollars at stake in the debt restructuring, prompting Alito to quip that Olson’s client “wants more of it.”

Kagan suggested that the tests proposed by Aurelius, on the one hand, and the government and the board, on the other, might not be that different after all. If you can agree on a test, Kagan observed to Olson, that is “not a bad thing.”

After Olson again stressed that the board was acting “primarily nationally,” Sotomayor noted that the government and the board regard the board’s duties as local – dealing, for example, with the budget.

Olson pushed back, pointing the justices to PROMESA itself. The insolvency of a U.S. territory is not a local matter, he declared. Congress wanted to avoid a “fiscal catastrophe” and a “humanitarian crisis.”

But Justice Brett Kavanaugh appeared unconvinced. “If we conclude that the board’s powers are primarily local,” he asked, “do you lose?”

Jessica E. Méndez-Colberg for Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego, Inc. (Art Lien)

Arguing on behalf of a labor union that represents employees of Puerto Rico’s electric utility, lawyer Jessica Mendez-Colberg pleaded with the justices to overrule the Insular Cases, a group of Supreme Court cases dating back to the early 20th century that allow Americans in U.S. territories to be treated differently. Referring to the words on the front of the Supreme Court building, she contended that “Equal Justice Under Law should mean the same thing here as in Puerto Rico.”

The justices mostly allowed Mendez-Colberg to speak without interruption. Only Roberts spoke up, telling her that he thought “the argument was whether the appointments clause” applies to the board. “I just don’t see the pertinence” of the Insular Cases to this issue, he concluded.

In his rebuttal, Verrilli contended that the challengers had filed this lawsuit “because they want a new board.” If the board members’ appointments are deemed invalid, he continued, the challengers will fight ratification of the board’s prior decisions “tooth and nail” for “years and years.” But, he made clear, there is no need to reach the issue of a remedy for a violation of the appointments clause at all. And although predicting the outcome of a case based on the oral argument is always hazardous, it seemed likely after this morning’s argument that there are at least five justices who agree with Verrilli. A decision is expected sometime next year.

This post was originally published at Howe on the Court.

Posted in Financial Oversight and Management Board for Puerto Rico v. Aurelius Investment, LLC, Aurelius Investment, LLC v. Puerto Rico, Official Committee of Debtors v. Aurelius Investment, LLC, U.S. v. Aurelius Investment, LLC, UTIER v. Financial Oversight and Management Board for Puerto Rico, Featured, Merits Cases

Recommended Citation: Amy Howe, Argument analysis: Justices weigh appointments dispute – and nature of Puerto Rico oversight board, SCOTUSblog (Oct. 15, 2019, 3:01 PM), https://www.scotusblog.com/2019/10/argument-analysis-justices-weigh-appointments-dispute-and-nature-of-puerto-rico-oversight-board/

For an analysis of the hearing in English, you can visit SCOTUSblog.

Puedes leer la transcripción oficial de la vista argumentativa aquí

Ley Promesa: Se pone a prueba

• Katherine Angueira Navarro >Psicóloga Social-Comunitaria
• 16/10/2019

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Son muchas las promesas que están a prueba ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos (TSEU) en los casos que cuestionan la constitucionalidad de aspectos de la ley Promesa (Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act, 2016). La mayor promesa es la “libertad” del ser humano en un sistema republicano de gobierno de contrapesos. En lo particular, bajo la rúbrica de cuestionar el trámite legislado por el Congreso de EE.UU. para designar a los(as) siete integrantes de la Junta Federal de Control Fiscal (JFCF), pone al descubierto la desigualdad en los territorios coloniales del disfrute de los mismos derechos democráticos que cobijan a sus 50 estados (Casos Núm. 18-1334, 18-1475, 18-1496, 18-1514, 18-1521). La argumentación oral ante el TSEU sobre la constitucionalidad o no de la designación de la JFCF se debe contextualizar dentro del debate político actual en la metrópoli por la investigación que se realiza para el posible residenciamiento del presidente Donald Trump en la Cámara de Representantes de EE.UU. Al margen de la independencia del Poder Judicial, no se puede invisibilizar las contradicciones al interior del entramado sociopolítico de la historia contemporánea. Veamos.

Aurelius Investments, como acreedores del gobierno de Puerto Rico, al unísono con la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), defensora de los derechos laborales afectados por acuerdos de reestructuración con bonistas, por razones distintas, persiguen un mismo propósito. Juntos buscan agrietar la autoridad de la JFCF para derrumbar los acuerdos contraídos de reestructuración de la deuda pública astronómica que Puerto Rico carga en sus costillas. Interesantemente, las contradicciones discursivas se multiplican exponencialmente por el momento histórico que atraviesa los EE.UU. ante un Congreso encaminado en una investigación hacia el posible residenciamiento del presidente Trump. Por más que se trate de impulsar la noción de la supuesta “objetividad judicial” capaz de “aislarse” del debate en el foro político, estudiosos(as) de los fenómenos sociales reconocemos la función de la ideología como mecanismo para validar dichas disquisiciones, aunque la realidad sea contraria.

Por un lado, en la metrópoli se socava la credibilidad y autoridad del presidente Trump por su abuso de poder al extorsionar a Ucrania ofreciendo ayuda financiera y militar a cambio de que investigue a su potencial contrincante político, Joseph Biden. Trump y sus secuaces insisten en que el nuevo presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, investigue la posible venta de influencias del exvicepresidente Biden, cuando en 2014 se nombró a su hijo Hunter a la junta de directores de Burisma Holdings, corporación de la industria energética, con un alegado salario de $50,000 mensuales. Consecuentemente, han salido sus lugartenientes en las ramas Ejecutiva y Legislativa defendiendo a Trump de lo indefendible.

Por otro lado, los demandantes en el caso de la ley Promesa esencialmente argumentan que dicho estatuto le usurpa el poder al presidente Trump para designar directamente a los(as) siete integrantes de la JFCF, cuestionando los poderes plenarios del Congreso sobre sus territorios. Cualquier determinación que avale la mayoría de jueces designados por el Partido Republicano podría fortalecer o debilitar los poderes plenarios del Congreso sobre sus territorios al amparo del Art. IV, Sec. 3 (Constitución de EE.UU., 1787). Veremos si los últimos jueces asociados del TSEU designados por el presidente Trump —Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh— cierran fila en la defensa de Trump, fortaleciendo la postura adoptada por el Departamento de Justicia federal endosando el trámite dispuesto en la ley Promesa o si oportunistamente dan “un golpe al frente” concluyendo que el Congreso abusó de su poder legislativo. Interesantemente, la ley Promesa le otorgó al juez presidente John Roberts —quien pasará juicio sobre el alcance de los poderes plenarios del Congreso de EE.UU.— la autoridad para obligatoriamente designar a un(a) juez(a) para presidir en el distrito de Puerto Rico la atención de casos del gobierno de PR como deudor (Sec. 308 (a)); nombrándose a la jueza Laura Taylor Swain. Además, Promesa estableció el alcance de la jurisdicción judicial y sus trámites.

Añadiendo pique boricua al caldo espeso jurídico, hay dos ingredientes ardientes. El presidente de la JFCF, José Carrión III, públicamente se unió a la campaña presidencial 2020 de Trump, en lo que podría configurarse un posible acto de “pay for play”. Por otra parte, está el misterio del arribo directamente desde Ucrania a Puerto Rico de Natalia Jaresko para dirigir la JFCF a un costo de más de $52,000 mensuales. Ella fungió como ministra de Finanzas en Ucrania, mientras el vicepresidente Biden intervenía para favorecer ayuda financiera para solventar su deuda pública. ¡Esto pica y se extiende!