Promesa que se debe cumplir – Editorial El Vocero

EDITORIAL

Promesa que se debe cumplir

Junta fiscal
Archivo / EL VOCERO

Cuando el País espera por un dictamen del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre la jurisdicción y constitucionalidad de los nombramientos de los miembros de la Junta Federal de Control Fiscal, acaba de arrancar este martes en el Congreso un proceso que propone cambios a la ley Promesa.

Por lo controvertible de ese estatuto, creado hace tres años como expresión directa de los poderes plenarios del Congreso – y como guía impuesta para el proceso de quiebra de las finanzas públicas – son muchos los cuestionamientos que se le han hecho, en particular por la facultad que otorga Promesa a la junta fiscal para, como se ha denunciado, entrar hasta al ámbito de decidir políticas públicas que – en todo caso – corresponderían a la administración local.

Entendemos que los sectores políticos, gubernamentales, económicos y sociales que desde sus respectivas perspectivas e intereses intervienen en un lado u otro del caso, deben contribuir a que esto corra en el Congreso de forma tal que no termine en un disloque del proceso de la deuda y, mucho menos, convirtiendo a Puerto Rico en rehén de la discordia.

Lo que en parte propone el proyecto del congresista Raúl Grijalva, presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, es que las eventuales enmiendas a la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico le den espacio a una auditoría de la deuda, que asciende a unos $72,000 millones solo en las obligaciones del gobierno central y sus corporaciones.

De igual forma, se propone la cancelación de la deuda o las obligaciones no aseguradas; que sea el Departamento del Tesoro federal el organismo que financie el presupuesto operacional de la junta fiscal; y que para la reorganización crediticia sea creada la figura de un coordinador general.

Pero hay puntos fundamentales que deben ser puestos en su justa dimensión, entre ellos el de la auditoría. Un proceso de ajustes para superar una situación de bancarrota tiene que trazar las medidas adecuadas para restablecer nuestro acceso a los mercados de capital. También se tiene que hacer la necesaria radiografía forense, cuyos resultados nos revelen quiénes y por qué se tomaron aquellas decisiones que terminaron dejándonos en la quiebra.

La auditoría independiente podría permitirnos, de igual forma, aprender de los errores, para no repetirlos. Y esa experiencia, si hay voluntad, bien podría ayudarnos a institucionalizar la responsabilidad fiscal, la rendición de cuentas y la sana administración de las finanzas públicas.

En cuanto a la propuesta de cancelar la deuda no asegurada, cuidado con eso. Porque por simpático que suene, estamos hablando de que bajo la sombrilla de esa deuda no asegurada están las pensiones del gobierno, es decir, los bonistas que se llaman “nuestros pensionados”. Figuran en este grupo otros bonistas, como los socios de las cooperativas, que también se verían afectados.

Sobre el llamado coordinador federal para la reconstrucción, mucho ojo, porque puede correrse el riesgo de que en lo degenere esa figura sea en una nueva capa burocrática, con impacto costoso y engorroso en nuestra gestión de los fondos federales que se requieren para culminar lo que, a dos años del desastre del huracán María, sigue siendo la agenda inconclusa de la reconstrucción.

Todo proceso de discusión relacionado con Promesa debe conducirse, de igual forma, hacia la definición de lo que son servicios esenciales, de manera que algo tan vital para la asignación de recursos, no se deje a la simple discreción de un funcionario estatal o federal.

Esperamos que esto no sea un proceso más en el que, demócratas en la Cámara y republicanos en el Senado federal, conviertan a Puerto Rico en rehén de sus intereses partidistas y sus pulseos electorales.

Ayudar con honestidad a que Puerto Rico salga de la bancarrota y retome de manera sostenible su desarrollo económico, es una promesa que todos esos sectores deben cumplir.

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