No debemos preocuparnos – Carlos A. Colón De Armas

PUNTO DE VISTA

Por Carlos A. Colón De Armas💬1domingo, 1 de diciembre de 2019

No debemos preocuparnos

Mediante la ley número 154 de 25 de octubre de 2010, el gobierno de Puerto Rico le impuso un arbitrio a las transacciones de compra-venta entre las fábricas localizadas en la Isla y sus compañías afiliadas afuera. Las empresas multinacionales pagan ese arbitrio cuando una de sus fábricas localizadas en Puerto Rico le envía la mercancía que produce a las demás empresas del conglomerado para venderla a través del mundo.

Aunque ese arbitrio no es un impuesto al ingreso, se le solicitó al Departamento del Tesoro de Estados Unidos que le permitiera a estas empresas multinacionales acreditar el mismo al pago de contribuciones sobre ingresos federales. El Departamento del Tesoro se comprometió a analizar el asunto. Mientras tanto, ha estado permitiendo el crédito.

Todo tiende a indicar que el Departamento del Tesoro está próximo a determinar que no continuará permitiendo acreditar el arbitrio que la Ley 154 le impuso a las empresas multinacionales que operan en la Isla. De ocurrir esa determinación, la carga contributiva de esas empresas será mayor.

Esto ha causado dos preocupaciones principales en la Isla. En primer lugar, muchas personas creen que el desarrollo económico de Puerto Rico depende de esas empresas las cuales, al ver su carga contributiva aumentar, podrían decidir cerrar sus operaciones en la Isla. En segundo lugar, ese arbitrio actualmente le genera al gobierno de Puerto Rico alrededor de $2,000 millones en ingresos y, si esas empresas abandonan la Isla, el gobierno podría perder ese ingreso. Esas preocupaciones son infundadas.

La Ley 154 no es federal, sino estatal; por lo tanto, el Departamento del Tesoro no tiene autoridad para derogarla. Lo único que puede hacer es desautorizar el crédito. Eso, sin embargo, no tiene que afectar los recaudos que recibe el gobierno por el arbitrio que impone esa ley si las empresas permanecen en la Isla, lo cual es altamente probable.

Desde el año 1978, ha habido, por lo menos, cinco eventos que le han cambiado la situación contributiva a las empresas multinacionales que operan en la Isla. Estos eventos no han causado la salida de estas empresas. Las que se han ido, lo han hecho por otras razones; por lo tanto, no debe haber un éxodo significativo de estas empresas si su situación contributiva vuelve a cambiar.

Por otro lado, datos y estudios revelan que el desarrollo económico de Puerto Rico no se ha sustentado sobre estas empresas. De hecho, aun en el mejor momento del empleo en la isla estas solamente aportaron el 11% de los empleos directos en Puerto Rico. Esto sugiere que, aun si estas empresas se fueran de la Isla, si tomamos las medidas adecuadas, la economía de Puerto Rico no debiera verse adversamente afectada.

Desde luego, no hay nada de malo en tratar de ayudar a las empresas a reducir el impacto contributivo de cualquier decisión que tome el Departamento del Tesoro. Una forma de hacerlo podría ser cambiando el arbitrio a un impuesto al ingreso, lo cual podría contribuir a que estas empresas logren que el Departamento del Tesoro les acredite, por lo menos, parte del mismo. No obstante, si lo que queremos es fortalecer la economía de la Isla debemos cambiar la estrategia económica de Puerto Rico. Ese cambio debe contener, por lo menos, dos elementos esenciales: 1) diversificar la economía, y 2) mejorar las condiciones de negocio de las pequeñas y medianas empresas pues estas, y no las empresas de afuera, constituyen el principal pilar de la economía de Puerto Rico.

Si esto hacemos, no debemos preocuparnos por la decisión que tome el Departamento del Tesoro.

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