Se extenderá la quiebra del País – Analistas plantean las implicaciones de los cambios en el manejo de la deuda pública

NR – Nuestra Opinión Editorial es que Puerto Rico sólo saldrá de la Deuda causada en el 95%+ por el PPD Sin Obras por Medio Siglo, es la Estadidad.

Se extenderá la quiebra del País

Analistas plantean las implicaciones de los cambios en el manejo de la deuda pública

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Con la expresión reciente de la jueza federal Laura Taylor Swain, la Isla se enfrenta a nuevos cambios que supondrían la anulación de algunas emisiones de bonos y la posible radicación de un nuevo plan de ajuste gubernamental.Suministrada

A tres años del gobierno central haber incoado la protección del Título III de la ley federal Promesa para reorganizar sus finanzas, un nuevo giro del Tribunal Federal de Distrito para resolver decenas de controversias legales previo a la certificación de un plan fiscal, podría retrasar aún más la reestructuración de sobre $72 mil millones en deuda.

Esto luego de que la jueza federal Laura Taylor Swain indicara a mediados de semana que acogerá —con algunos cambios— recomendaciones propuestas por el Equipo de Mediación de Título III que supondrían la anulación de algunas emisiones de bonos y la posible radicación de un nuevo plan de ajuste gubernamental.

Para el analista y abogado de quiebras, John Mudd, la determinación supone un retraso significativo para el final de la quiebra y entiende que la radicación de un nuevo plan de ajuste será dentro de dos años. En septiembre de este año, Mudd había anticipado que el plan fiscal radicado ese mes por la Junta Federal de Control Fiscal no contaría con el apoyo de los acreedores.

“El Equipo de Mediación tiene razón en establecer como prioridad que deben resolver ciertos litigios y buscar la anulación de parte de la deuda antes de certificar un plan. Lo que no dicen es que una vez la jueza decida sobre esto, eso se apela. La decisión, entonces, no se dará hasta finales del año próximo y una vez eso suceda, volverán los acreedores a la mesa de negociación”, detalló.

La jueza de quiebras Barbara Houser, quien preside el Equipo de Mediación, aseguró que el plan de ajuste —que busca reestructurar $35 mil millones de deudas y reclamaciones, así como $50 mil millones en obligaciones de pensiones a los retirados— debería enmendarse para conseguir el apoyo de la mayor parte de los acreedores, lo que a juicio de Mudd solo podrá lograrse si se aumenta la cantidad de dinero que se les pagará.

“Si la jueza falla a favor de los bonistas, tendrán que aumentar sustancialmente la cantidad de dinero que se les pague. Si falla en contra, quizás se quede como está o hasta sea menor la recompensa. Es un arma de doble filo. Hasta que eso no se decida, que tardará meses en lo que se hace descubrimiento, se ven vistas y mociones, no se podrá hacer nada. Hasta el 2021 no habrá un plan nuevo”, agregó Mudd.

Por su parte, Edward Zayas, portavoz de la Junta Fiscal, defendió que el plan de ajuste radicado en septiembre es consistente con la determinación de la jueza de adelantar el proceso de Título III. “Continuáremos con nuestra labor de contribuir a que el gobierno alcance disciplina fiscal, priorizar en aquellos servicios vitales para la ciudadanía y lograr los ahorros necesarios para que Puerto Rico pueda hacerle frente a sus responsabilidades y salir de la quiebra”, enfatizó.

No obstante, la situación resulta alarmante para el abogado Rolando Emanuelli porque representa que —si se somete un nuevo plan de ajuste— el plan fiscal previamente certificado también deberá enmendarse. Según sostiene, esto es otro atraso que se suma a las recomendaciones del Equipo de Mediación.

“Se dice que se necesita más apoyo de los bonistas. Esto podría representar más dinero para los acreedores porque no hay otra alternativa para invitarlos a que se sumen. Ahora, habría que enmendar también el plan fiscal porque tienen que ser compatibles y hasta el momento el certificado no tiene un cofre secreto con dinero”, sostuvo.

La recomendación que el tribunal acogerá busca, también, que se ponga fin a la suspensión automática de algunas disputas relacionadas con bonos de ingresos como lo son los de Obligaciones Generales (GOs) y otros que en conjunto podrían dar paso a la invalidación de una cantidad sustancial de la deuda pública actual.

Emanuelli opinó que el hecho de que se ordene que se resuelvan las cuestiones de derecho que están en los litigios sobre la validez de los bonos previo a la certificación de un plan, es la manera más responsable de poder disminuir la deuda y que en caso de que Swain falle a favor de los bonistas, se les puedan asignar cuantías adicionales de dinero sin que recaiga sobre los puertorriqueños.

“Sin que se sepa cuál es el ajuste de la deuda, no habrá presupuestos balanceados porque no se sabe cuáles serán los pagos. El panorama será sombrío a la luz de que —si la junta tiene que aumentar el servicio de la deuda a los bonistas del gobierno central— de algún lado tendrán que sacar el dinero”, acotó.

Ante los atrasos para salir del proceso de quiebra, el abogado también cuestionó la función de las próximas elecciones, cuando se tiene “un régimen dictatorial que seguirá por unos diez años más”.

“Esos candidatos… ¿qué van a hacer si toda la política pública y los presupuestos los dispone la junta? Estamos en un ‘sin salida’ que hay que romper por algún lado”, añadió Emanuelli.

Por su parte, el economista Santos Negrón, exdirector de Análisis y Estudios Económicos del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), puntualizó que “la decisión del tribunal —aunque prolonga el periodo de incertidumbre que ha predominado en la economía del País— implica una esperanza de alivio del monto adeudado”.

“En la medida en que la responsabilidad de pago de Puerto Rico reduzca, se traduce a beneficios a un plazo más largo. No obstante, también representa pérdidas de oportunidades económicas para Puerto Rico, que estaba previsto a regresar al mercado en un plazo de tiempo más corto”, enfatizó Negrón.

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Christian Ramos, EL VOCERO

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