Trump contra California – Por Mario Ramos Méndez, Historia

Trump contra California

• Mario Ramos Méndez, Historiador 03/01/2020 Facebook Twitter Email Print Save

El gobierno de California se ha ganado el odio de Donald Trump. El presidente los ha amenazado con invalidar sus leyes que restringen las emisiones de gases de los treinta y cinco millones de automóviles que diariamente transitan por sus carreteras. Leyes que redundan en un mejor ambiente. Al gobierno californiano se le han sumado trece estados con legislación dirigida a esos propósitos; con Washington D.C., serían catorce jurisdicciones con estatutos pro ambiente y dirigidos a detener los efectos del cambio climático.

California —la quinta economía del planeta— es el principal mercado de carros americanos en los Estados Unidos. Su política ambiental —de las más estrictas en la nación y en unión a los otros estados participantes— ha dividido a la nación en dos mercados de autos: los de reglamentación más estricta y los de la reglamentación tradicional. Por eso, las compañías de autos como Honda, BMW, Volkswagen y Ford, llegaron a acuerdos satisfactorios con estos estados de manera voluntaria. La General Motors tenía la tendencia a cumplir con las exigencias de los estatutos de estas jurisdicciones soberanas, que es una cuarta parte de la totalidad de los estados de la Unión.

Mientras Trump, a través de la EPA (Agencia federal de Protección Ambiental) desea erradicar las políticas estatales que controlan la emisión de gases con efecto invernadero, y revocar los adelantos en política ambiental logrados bajo la presidencia de Barack Obama, las grandes compañías de automóviles se reunieron con los gobiernos de los estados y llegaron a acuerdos satisfactorios. Los requisitos establecidos por la administración Obama para que para el 2025 el rendimiento de combustible por galón fuera de 54.5 millas se aplazará hasta el 2026, pero rindiendo 50 millas. Los fabricantes de autos saben que si acogen la política de Trump pudieran recibir el desquite de los gobernadores luego que el presidente se haya ido.

Estos acuerdos han sido impugnados por el Departamento de Justicia de la administración Trump —que desea que el rendimiento sea de 37 millas por galón— con el demagógico discurso de que violan las leyes antimonopolios y de que, a su vez, se crearían más empleos para el pueblo americano. El movimiento ambientalista cada vez es más fuerte, tanto en los Estados Unidos como en el mundo entero. En cuanto a emanaciones de gases por el consumo de combustible de los vehículos de motor —que inciden en el calentamiento global— el mercado americano es el primero en el mundo.

La acción de Trump generará una contrareacción de parte de los gobiernos estatales que se dilucidaría en los tribunales y terminaría, probablemente, en el Tribunal Supremo. Se trataría del poder de los estados contra el poder de un presidente de invalidar leyes estatales que contravienen la política publica del gobierno federal de turno. Con un tribunal republicano, siendo los jueces de filosofía conservadora muy propensos a reconocer los poderes y soberanía de los estados —como fue el caso durante los años noventa con la corte Renquist—, no nos debería de extrañar que favorezcan la posición que inició el gobierno californiano basado en el reconocimiento explícito y expreso de la Décima Enmienda de la Constitución.

En estos tiempos la tendencia en los estados es a fortalecer cada día más la soberanía y el poder de la jurisdicción estatal para decidir sus asuntos internos. Diversos gobiernos estatales han aprobado legislación en abierto reto a normas y estatutos federales. Tales como no cooperar ni ejecutar leyes federales concernientes al control y fiscalización de la venta y uso de armas de fuego que fueron aprobadas por el Congreso con el fin de obligar a los estados. Muchos estados, fundamentados en la doctrina de la nulificación —declarada inconstitucional en 1958 en el caso de Cooper v. Aaron— se han reafirmado en los derechos y poderes que contravienen dictámenes del gobierno federal y legislación congresional a esos efectos.

Esta controversia entre dos entes soberanos —gobiernos estatales y gobierno federal— demuestra que la discusión y el análisis constitucional correspondiente siempre han estado presente en la historia de los Estados Unidos. Esto desde que Hamilton, Madison y Jay publicaran El Federalista, libro que es la biblia interpretativa de la Constitución y que ha sido reconocido como fuente de derecho. Aunque las discusiones son centenarias, son a su vez periódicas. Surgen a la palestra pública en determinados momentos y bajo particulares circunstancias.

Sin embargo, lo que sí queda claro es que la soberanía de los estados es una realidad existente de hondas raíces constitucionales, políticas e históricas. El poder de un estado en el sistema federal de los Estados Unidos es —además de honda raigambre— amplio en la entera gobernabilidad de sus constituyentes y asuntos internos.

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Mario Ramos Méndez

Mario Ramos, Historiador