Intolerable amenaza a la democracia – El Informe del Almacén Usado para Despedir Estadistas

EDITORIAL

Intolerable amenaza a la democracia

Wanda Vázquez
Brandon Cruz González / EL VOCERO

La democracia retrocede —y en muchos casos llega casi hasta morir— cuando un gobierno se vuelve alérgico a la transparencia y decide coartar a sus ciudadanos, entre otros, el derecho constitucional de libre acceso a la información.

La negativa de la gobernadora Wanda Vázquez y la secretaria de Justicia, Denisse Longo Quiñones, a hacer público el informe elaborado por el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) sobre el escándalo del almacén en Ponce —en el que cuantiosos suministros eran mantenidos sospechosamente ocultos mientras miles de damnificados los necesitaban tras la emergencia sísmica del pasado 7 de enero— hace pensar en la posibilidad de que este comportamiento no sea un “caso aislado” o un “simple error de juicio”, sino uno de los primeros pasos en la implantación gubernamental de una calculada política de opacidad contumaz.

Los hechos parecen llevar al País a esta conclusión, toda vez que —según establecido en un tribunal— nada contiene el llamado informe preliminar que pueda clasificarse como confidencial ni con el potencial de afectar una pesquisa si se divulgara su contenido.

En una sentencia de la jueza Lauracelis Roques Arroyo, en la demanda radicada ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan por la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) y el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), se establece que no existe información privilegiada o confidencial que justifique ninguna restricción.

Adjudicando que “el balance de intereses (en este caso) se inclina a favor del derecho constitucional y fundamental de acceso a la información”, la jueza ordenó a las partes demandadas la entrega del informe, decisión esta que entonces fue frenada por el Tribunal Apelativo, tras un recurso de Justicia elevado ante este foro por disposición expresa de la gobernadora Vázquez.

Este irreflexivo proceder debe ser enérgicamente rechazado por los sectores sensatos —incluidos los medios informativos— porque puede infligirle daños irreparables al País, en momentos en que tanto se necesita reparar la confianza pública ante los retos de la reconstrucción, la economía, la seguridad y la salud.

La crisis de confianza que se vive es tal que, en respuesta a un pedido del Apelativo, la misma jueza Roques Arroyo ha expresado que a ella no se le acreditó que el documento que le entregó Justicia para su examen constituyera “copia fiel y exacta del informe preliminar que originalmente (el NIE) preparó”.

El caso en corte va en paralelo con las vistas en la Cámara de Representantes, en las que empleados del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead) han dicho bajo juramento que altas figuras gubernamentales —como la mandataria y el secretario de Estado, Elmer Román— habían sido informados sobre los suministros por el destituido comisionado del Nmead, Carlos Acevedo. Esto exige serias explicaciones.

Pero las amenazas se complican aún más para el derecho a informar y ser informados en Puerto Rico, si el catálogo de acciones del gobierno lo tomamos en el contexto de la carta circular de la titular de Justicia a los jefes de agencia, en la que les instruye sobre cómo manejar los pedidos de acceso a la información radicados por ciudadanos y medios. Dichas directrices, tal como se trazan, tendrían como resultado neto la tardanza en las entregas, si alguna, y la negación de información.

La secretaria Longo Quiñones alega fundamentar sus directrices en la llamada Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito, una criticada pieza legal que requiere ser derogada o profundamente enmendada por ser —en letra y espíritu— contraria al nombre que la designa. La fuente de la carta circular, es precisamente esa legislación restrictiva votada en Cámara y Senado, que fue cómodamente firmada por el entonces gobernador Ricardo Rosselló, días antes de su salida.

La gobernadora y la titular de Justicia deben entregar el informe, adoptar la transparencia como norma y aferrarse a la Constitución, garantizando todos los derechos ciudadanos que de ella se derivan. Hacerlo sería una clara demostración de su parte de que no hay nada que ocultar y que respetan el derecho básico que a todos nos corresponde de tener acceso a la información.

Incompleta la entrega del informe almacén de Ponce

Justicia no entrega los anejos. Los gremios de prensa volverán al tribunal.

Por Centro de Periodismo Investigativo Viernes 13 de marzo de 2020, a las 14:45Secretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones. Foto de archivo

Incompleta la entrega del informe almacén de Ponce

El Departamento de Justicia, quien representa a las agencias del Gobierno de Puerto Rico demandadas para que entregaran el informe del almacén de suministros en Ponce, envió este viernes un documento de cinco páginas que contiene información general e incompleta sobre la pesquisa que hizo el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) del Departamento de Seguridad Pública. Esto luego de una sentencia emitida el jueves por un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones que confirmó lo estipulado por la Jueza Lauracelis Roques Arroyo del Tribunal de Primera Instancia.

La Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) y el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) recibieron con cautela el informe, pues al revisarlo, identificaron que no se incluyeron los once anejos que deben acompañarlo.

En una declaración jurada sometida durante el caso por el Comisionado del NIE, el Lcdo. Héctor López Sánchez, dijo que “el contenido del informe hace referencia a once anejos que forman parte del informe”. Las entidades de periodistas reclamarán la entrega de los mismos, adelantaron.

Del documento entregado se puede concluir que el almacén de Ponce era conocido y había estado en uso. No tenía una persona a cargo, y se había usado para distribuir suministros durante eventos como la sequía de 2019 y luego incluso, a raíz de los terremotos, se distribuyeron suplidos a Peñuelas y Yauco, según el informe. Esto debilita la versión de la Gobernadora de que ella ni su equipo cercano sabían de la existencia del almacén y su contenido.

Se desprende del informe que a partir del incidente del almacén, se hizo un inventario detallado del contenido por la Guardia Nacional, y un registro de los suministros entregados a la fecha, lo que levanta la pregunta de si ese inventario y registro existían antes, o si había un descontrol de los suministros. Indica además que el registro comenzó a ser revisado a diario por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) una vez la ciudadanía conoció de su existencia.

El informe es un documento incompleto, además, porque indica que el mismo día en que se emite es la fecha en que estaban recibiendo documentación solicitada al Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) y que faltaba documentación adicional.

“Este caso demuestra las mentiras que el Gobierno es capaz de elucubrar para engañar a la gente. Y de una vez, este caso nos recuerda el valor de la prensa fiscalizadora, incisiva, persistente. Porque cuando un gobierno miente, la prensa debe desenmascararlo”, dijo la presidenta de la Asppro, Damaris Suárez.

“La Gobernadora derrochó recursos públicos. Desde el primer día que se le entregó ese informe, debió hacerlo público, pero prefirió ocultarlo a toda costa. Esta acción es absolutamente contradictoria con el discurso hueco de transparencia que tantas veces se le ha escuchado pronunciar”, manifestó por su parte Carla Minet, directora del CPI.

En una carta que acompaña la entrega, la Secretaria de Justicia, Denisse Longo Quiñones, expresa su desacuerdo con la sentencia. “A pesar de que diferimos de la determinación, el Tribunal Apelativo establece que dicho documento no es parte de la investigación del Departamento de Justicia, no es de naturaleza criminal, no revela la identidad de un confidente, ni contiene información confidencial alguna que pudiera causar una intromisión indebida a la investigación en curso”, dijo.

“La posición del Departamento de Justicia es que la divulgación de este documento impacta negativamente la investigación criminal en curso en nuestra agencia. Consideramos además, que los tribunales se contradicen al indicar que el documento no revela la identidad de testigos cuando nos han ordenado tachar el nombre de un testigo y el documento provee otros indicios que pueden permitir la identificación de las otras personas entrevistadas en el curso de la investigación. El documento también enumera, como parte de la investigación, los documentos solicitados, los lugares visitados y las gestiones realizadas por el personal investigativo. Esta información, de por sí, revela la estrategia y el curso de la investigación. El hecho de que los tribunales no encuentren, a su juicio, que el documento revela información de calidad probatoria extrema, no hace que el misino no sea confidential ya que revela información de una investigación en curso, por ínfima que se considere que sea. Crear esta excepción porque la calidad del informe no es de su agrado, o no revela todos los detalles que quisieran conocer, afectará de manera irreparable investigaciones futuras en detrimento del Pueblo de Puerto Rico. Esta decisión trastoca innecesariamente el balance de interés que nuestro actual ordenamiento jurídico ha establecido para garantizar que el Departamento de Justicia pueda hacer justicia a las víctimas de delito y a nuestra ciudadanía”.

“El Gobierno dijo que el informe era parte de un expediente investigativo del Departamento de Justicia. Pero el tribunal dijo que el informe ‘no es de naturaleza criminal’. Mintieron. Dijo que divulgar el informe iba a conllevar revelar la identidad de testigos y confidentes. Los tribunales le dijeron que el informe no revela la identidad de nadie. Mintieron. Dijo que contiene información confidencial alguna que pudiera causar una intromisión indebida a la investigación en curso. Es absurdo. Este documento ni siquiera debe catalogarse como un informe. No tiene ningún detalle. Es una chapucería. Pero era importante que se conociera, para que la gente vea cómo se usan sus contribuciones”, indicó Carla Minet.

Puede leer el artículo original AQUÍ

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Informe del NIE sin muchos datos, confirma almacén de Ponce no era desconocido

NotiUno obtuvo el documento antes que Justicia cumpliera la orden de entregarlo a la prensa

Por Metro Puerto Rico Viernes 13 de marzo de 2020, a las 12:07Archivo/ Dennis A. Jones

Informe del NIE sin muchos datos, confirma almacén de Ponce no era desconocido

El informe  sobre un almacén de suministros en Ponce que el Departamento de Justicia intentó mediante varios recursos legales mantener secreto y que en varias instancias jueces concluyeron que era público y debía divulgarse, fue filtrado a la estación radial NotiUno el jueves en la noche. El escueto documento revela que la existencia del almacén no era un secreto para diversas entidades gubernamentales.

El informe detalla que inicialmente tras la emergencia del huracán María, la Guardia Nacional mantenía control del almacén. Eventualmente entre abril y mayo del 2018 le entregó la facilidad al Negociado para el Manejo de Emergencias y Administracion de Desastres. Del informe se desprende que las personas entrevistadas que no fueron identificadas, contrario al reclamo de Justicia de que debían proteger informantes. En el documento señalan que no hay un administrador o persona encargada del almacén.

Puedes ver el documento en el portal de NotiUno. Presiona AQUÍ.

La Asociación de Periodistas de Puerto Rico publicó el informe al filo del mediodía del viernes. Puedes ver la publicación AQUÍ. La entrega se hizo casi simultáneamente a una conferencia de prensa sobre coronavirus.

“La Asppro y el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) habíamos agotado los trámites ordinarios para obtener el “Informe Preliminar” encomendado por la gobernadora Wanda Vázquez al Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) sobre el manejo de un almacén de suministros en Ponce. Al no encontrar otro remedio en ley, radicamos un recurso de mandamus para que se ordenara al Gobierno cumplir con su deber ministerial de proveer un documento que es público”, lee la comunicación de los gremios periodísticos.

Se trata de un informe preliminar que hizo el Negociado de Investigaciones Especiales en 48 horas por pedido de la gobernadora, Wanda Vázquez. La teoría de Justicia es que el informe ya formaba parte del sumario fiscal para otra investigación que desarrollan en la agencia. Tampoco se quiso entregar a la Cámara de Representantes por parte de la agencia. Otra decisión judicial a nivel de apelaciones falló contra Justicia en el caso de la Cámara de Representantes.

En enero pasado, durante la emergencia sísmica y ante las quejas de alcaldes del Sur de que necesitaban suministros y catres, ciudadanos en Ponce descubrieron el almacén lleno de suministros. Ante la reacción en redes sociales, Vázquez destituyó al director de Manejo de Emergencias, Carlos Acevedo y ordenó el informe que ahora se filtró antes de cumplir la orden de hacerlo público.

La política pública de la secretaria de Justicia, Dennise Longo es de estricta confidencialidad a todo lo que maneja su agencia.

EXCLUSIVA: Informe preliminar del gobierno sobre hallazgo almacén suministros de Ponce

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NotiUno 630 tiene en su poder el informe preliminar sobre el almacén de suministros hallado en el municipio de Ponce y que el gobierno se negaba a entregar.

El informe detalla que inicialmente tras la emergencia del huracán María, la Guardia Nacional mantenía control del mismo. Eventualmente entre abril y mayo del 2018 le entregó estas facilidades Negociado para el Manejo de Emergencias y Administracion de Desastres. Del informe se desprende que las personas entrevistadas que no fueron identificadas en el documento señalan que no hay administrador o persona encargada del mismo.

https://www.facebook.com/NotiUno630/videos/213731103334191/

No obstante, el documento indica que tras la emergencia del temblor de 6.4 del pasado 7 de Enero revela que los municipios de Yauco y Peñuelas recibieron artículos de primera necesidad de ese almacén.

El informe concluye que el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres es la agencia encargada de coordinar todos los recursos gubernamentales y del sector privado para proveer los servicios antes, durante y después de situaciones de emergencias.

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Rodríguez Aguiló: secretaria de Justicia no debe ocupar el cargo tras “papelón” con informe de almacén

Esto ante los hallazgos contenidos en el informe preliminar de la investigación

Por CyberNews Viernes 13 de marzo de 2020, a las 08:58Gabriel Rodríguez Aguiló. Foto archivo – archivo

Rodríguez Aguiló: secretaria de Justicia no debe ocupar el cargo tras "papelón" con informe de almacén

El presidente de la Comisión Especial para la Reconstrucción y Preparación Total de Puerto Rico ante una Emergencia, Gabriel Rodríguez Aguiló dijo el viernes que la secretaria del Departamento de Justicia (DJ), Dennise Longo Quiñones no de seguir al frente de la agencia.

Esto ante los hallazgos contenidos en el informe preliminar de la investigación sobre el hallazgo de un almacén con suministros en Ponce, luego que el Tribunal de Apelaciones determinara en los casos de la Cámara de Representantes y las organizaciones periodísticas que el DJ tenía que entregar el informe.

Gobernadora dice que Justicia entregue informe almacén suministros si el Apelativo lo decide

Indicó que su instrucción como gobernadora “es que esta investigación se haga lo antes posible”

“Por todo lo que ha trascendido con esta situación y este papelón que se ha hecho por parte de Justicia y el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) y el ejecutivo con ese informe, (Dennise Longo Quiñones) no debería estar frente al Departamento de Justicia”, dijo Rodríguez Aguiló en entrevista radial (NotiUno).

Asimismo, indicó que entiende que no se cometieron delitos y que tampoco se justifica que se haya despedido al excomisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), Carlos Acevedo.

Entretanto, el legislador agregó que “todo el mundo”, incluyendo Elmer Román, entonces secretario de Seguridad Pública, Acevedo y todos los componentes de seguridad tenía conocimiento del almacén. Señaló que hay documentos oficiales que indican que este almacén es parte del “Plan para Distribución de Suministros y Donaciones del Gobierno”.

Además, el legislador dijo que el dicho informe no tiene tal información como para que la secretaria de Justicia se negara a divulgarlo. Mencionó que las excusas para no hacerlo eran que en el informe había nombre de agentes del NIE; que había nombres de confidentes y que habían estrategias importantes de investigación que podrían afectar esa y futuras investigaciones si se divulgaba el mismo.

“Se nos dijo bajo juramento que en el informe no había evidencia de que el almacén se estaba utilizando, de que ese almacén se había escondido. Eso es falso”, agregó.

Gobernadora autoriza a Justicia entregue informe sobre almacén en Ponce

Tras decisión del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico

Por Metro PR Jueves 12 de marzo de 2020, a las 20:22La mandataria se expresó agradecida con el almirante Peter Brown. – Dennis A. Jones

Gobernadora autoriza a Justicia entregue informe sobre almacén en Ponce

La gobernadora Wanda Vázquez Garced informó esta noche que instruyó al Departamento de Justicia a que entregue el informe de la investigación del almacén con suministros en Ponce.

“Tras la decisión del Tribunal Apelativo, instruí a @Justicia_PR que entregue de inmediato el informe de la investigación del almacén y pongamos punto final a esta controversia. Es imperativo continuar enfocados en la prevención del COVID_19. ¡Esa es mi prioridad y mi gobierno!”, escribió en twitter Vázquez Garced.

Por su parte, el Departamento de Justicia expresó que “De manera inmediata hemos acogido la instrucción de la Gobernadora  @wandavazquezg, estaremos preparando el Informe con las tachaduras que indicó el Tribunal para coordinar la entrega a las partes y la @CamaraConPR  a primera hora @fortalezapr @cpipr @asppro_oficial”.

Esta tarde, el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico se expresó a favor de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO) y el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) en la demanda presentada en contra del Gobierno de Puerto Rico por estos no hacer público el informe sobre el almacén de Ponce.

Tribunal de Apelaciones ordena al Gobierno entregar informe de almacén

La demanda había sido presentada por la Asociación de Periodistas de Puerto Rico y el Centro de Periodismo Investigativo.

Por Metro Puerto Rico Jueves 12 de marzo de 2020, a las 18:16

Tribunal de Apelaciones ordena al Gobierno entregar informe de almacén

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico se expresó a favor de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO) y el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) en la demanda presentada en contra del Gobierno de Puerto Rico por estos no hacer público el informe sobre el almacén de Ponce.

La decisión de Apelaciones surge luego de que el Gobierno de Wanda Vázquez apelara la decisión del Tribunal de Primera Instancia el cual ordenó entregar el mismo, luego de que analizaran si había información sensitiva en su contenido. .

“Se deja sin efecto la paralización  decretada por este Tribunal de Apelaciones y se ordena al Gobierno de Puerto Rico que cumpla con la sentencia dictada y notificada el 6 de marzo de 2020 por el primario”, dicta la sentencia.

Sin embargo, tal y como había expresado el Tribunal primario, se ordena no divulgar el nombre del testigo entrevistado, así como la referencia a su lugar de trabajo que surgen del decimosexto párrafo de la página 4 del documento.

Aunque ordenan no divulgar la identidad de este testigo, los jueces indican que el informe no incluye identidad de un confidente, ni contiene información confidencial alguna que pudiera causar intromisión indebida a la investigación en curso.

El panel de jueces de Apelaciones, que se compone por el presidente Carlos Vizcarrondo, Nery Adames y Felipe Rivera Colón,  comenzó justificando su posición por el derecho al acceso a la información, que según lo describen como uno fundamental de estirpe constitucional.

Aunque este panel reconoce que pueda existir situaciones en las que un documento del Gobierno deba permanecer confidencial, estos aseguraron que el informe del NIE, en poder de Justicia, no cumple con los supuestos ya aprobados por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso Bhatia Gautier V. Gobernador.

Estos puntos aprobados en el Supremo en aquel momento fueron:

  • Una ley lo declara así
  • La comunicación está protegida por alguno de los privilegios evidenciarios que pueden incoar los ciudadanos
  • Revelar la información puede lesionar los derechos fundamentales de terceros
  • Se trate de la identificación de un confidente y sea información oficial conforme a la regla 514 de evidencia

Este informe fue trabajado por el Negociado de Investigaciones Especiales, y según el panel de Apelaciones, los documentos realizados por esta dependencia no están limitados al derecho constitucional del pueblo y la prensa a tener acceso a estos.

Según el dictamen, el Gobierno intentó sin éxito demostrar que en el informe existe materia privilegiada para constituir base suficiente para justificar su restricción.

“El Gobierno no pudo demostrar que la divulgación del “Informe Preliminar” afectaría negativamente el interés público”, indicaron.

Otra demanda que había sido presentada por la Cámara de Representantes, para obtener el informe, Apelación ordenó que se regresara a Primera Instancia ya que el Gobierno no espero el proceso de reconsideración sobre la determinación inicial.

Este almacén fue encontrado por la ciudadanía en medio de la emergencia del sur con los terremotos lleno de suministros, algunos alimentos expirados, catres, pañales entre otros.

Klan202000216 Asoc. de Periodistas vs. Wanda Vazquez by Metro Puerto Rico on Scribd

Tribunal de Apelaciones permite a la Cámara proseguir con desacato a Justicia por informe almacén de Ponce

El panel estuvo compuesto por los jueces Luisa Colom García, Misael Ramos Torres y Irene Soroeta Kodesh

Por Cyber News Jueves 12 de marzo de 2020, a las 17:04archivo

Tribunal de Apelaciones permite a la Cámara proseguir con desacato a Justicia por informe almacén de Ponce

Un panel del Tribunal de Apelaciones, compuesto por los jueces Luisa Colom García, Misael Ramos Torres y Irene Soroeta Kodesh, decidieron el jueves devolver al Tribunal de Primera Instancia (TPI) el caso por desacato que la Cámara de Representantes entabló contra la secretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones por la entrega del informe del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) sobre el hallazgo de suministros sin repartir en un almacén de la Compañía de Comercio y Exportación en La Guancha de Ponce.

“Estimamos que el foro recurrido debe de celebrar una vista para escuchar y atender los argumentos esgrimidos por los peticionarios en su petitorio de reconsideración de la Orden de Producción de Documento emitida el 26 de febrero de 2020. Una vez aquilatada las respectivas posturas de las partes, el TPI deberá emitir un dictamen en el cual, de forma expresa e inequívoca, disponga y resuelva la aludida moción de reconsideración. Como es de esperarse, el foro recurrido tendrá la oportunidad de disponer de los planteamientos esbozados en reconsideración antes de pautar y celebrar la vista en desacato, de ser procedente una vez resuelta la moción de reconsideración.

Así pues, entendemos que no se debe llevar a cabo una vista en desacato, sin la previa adjudicación de los argumentos en reconsideración. Lo anterior, debido a que no se pueden conjugar en una sola vista los procedimientos en reconsideración de la Orden de Producción de Documento, con los procesos encaminados a imponer un desacato civil. De tal manera se salvaguarda el derecho de los peticionarios a ser oídos y la sana administración de la justicia. Además, una respuesta certera y fundamentada a la moción de reconsideración, adquiere mayor relevancia dado el tracto procesal y curso decisorio del presente caso, en el que la Orden de Producción de Documento se emitió ex parte, sin proveerle a los peticionarios la oportunidad de ser escuchados”, reza la sentencia.

“En atención a los principios antes enunciados, se desestima el recurso de epígrafe por falta de jurisdicción al ser prematuro. Cónsono con lo anterior, se deja sin efecto la paralización decretada mediante la Resolución dictada el 28 de febrero de 2020. En su consecuencia, se devuelve el caso al TPI para la continuación de los procedimientos, conforme a lo aquí ilustrado”, añadió.

Por su parte, la jueza Colom García disintió.

“Con el mayor de los respetos y por entender que en el justo balance de intereses y para salvaguardar el debido trámite, es necesario que instancia evalúe su orden, con el insumo de la posición de los peticionarios. Instruiría y esperaría la dilucidación, con celeridad, de la moción de reconsideración que tiene en suspenso, ante sí, el TPI para luego atender el recurso en los méritos según dispuesto en la Regla 83 (E)’ de nuestro Reglamento. 4 LPRA Ap XXII-B. Hoy, al palio de la reglamentación concomitante, disiento”, expuso la jueza Colom García.

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Un panel del Tribunal de Apelaciones, compuesto por los jueces Luisa Colom García, Misael Ramos Torres y Irene Soroeta Kodesh, decidieron el jueves devolver al Tribunal de Primera Instancia (TPI) el caso por desacato que la Cámara de Representantes entabló contra la secretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones por la entrega del informe del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) sobre el hallazgo de suministros sin repartir en un almacén de la Compañía de Comercio y Exportación en La Guancha de Ponce.

“Estimamos que el foro recurrido debe de celebrar una vista para escuchar y atender los argumentos esgrimidos por los peticionarios en su petitorio de reconsideración de la Orden de Producción de Documento emitida el 26 de febrero de 2020. Una vez aquilatada las respectivas posturas de las partes, el TPI deberá emitir un dictamen en el cual, de forma expresa e inequívoca, disponga y resuelva la aludida moción de reconsideración. Como es de esperarse, el foro recurrido tendrá la oportunidad de disponer de los planteamientos esbozados en reconsideración antes de pautar y celebrar la vista en desacato, de ser procedente una vez resuelta la moción de reconsideración.

Así pues, entendemos que no se debe llevar a cabo una vista en desacato, sin la previa adjudicación de los argumentos en reconsideración. Lo anterior, debido a que no se pueden conjugar en una sola vista los procedimientos en reconsideración de la Orden de Producción de Documento, con los procesos encaminados a imponer un desacato civil. De tal manera se salvaguarda el derecho de los peticionarios a ser oídos y la sana administración de la justicia. Además, una respuesta certera y fundamentada a la moción de reconsideración, adquiere mayor relevancia dado el tracto procesal y curso decisorio del presente caso, en el que la Orden de Producción de Documento se emitió ex parte, sin proveerle a los peticionarios la oportunidad de ser escuchados”, reza la sentencia.

“En atención a los principios antes enunciados, se desestima el recurso de epígrafe por falta de jurisdicción al ser prematuro. Cónsono con lo anterior, se deja sin efecto la paralización decretada mediante la Resolución dictada el 28 de febrero de 2020. En su consecuencia, se devuelve el caso al TPI para la continuación de los procedimientos, conforme a lo aquí ilustrado”, añadió.

Por su parte, la jueza Colom García disintió.

“Con el mayor de los respetos y por entender que en el justo balance de intereses y para salvaguardar el debido trámite, es necesario que instancia evalúe su orden, con el insumo de la posición de los peticionarios. Instruiría y esperaría la dilucidación, con celeridad, de la moción de reconsideración que tiene en suspenso, ante sí, el TPI para luego atender el recurso en los méritos según dispuesto en la Regla 83 (E)’ de nuestro Reglamento. 4 LPRA Ap XXII-B. Hoy, al palio de la reglamentación concomitante, disiento”, expuso la jueza Colom García.

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Rivera Schatz pide a Wanda Vázquez que publique el informe sobre almacén

“Wanda Vázquez usted tiene la autoridad y facultad de ordenar la entrega de ese informe ya”, dijo el senador

Por Metro Puerto Rico Miércoles 11 de marzo de 2020, a las 10:09Foto Cybernews

Rivera Schatz pide a Wanda Vázquez que publique el informe sobre almacén

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, pidió hoy, martes a la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, que publique el informe sobre el hallazgo de un almacén con suministros en el área de La Guancha en Ponce.

“La investigación que realiza la Cámara de Representantes tiene nuestra deferencia y total respeto. Las alegaciones del Departamento de Justicia también pero el tema del “informe” está generando sospechas, intrigas y especulaciones totalmente innecesarias para la Cámara de Representantes, para el propio Departamento de Justicia y el gobierno en general”, lee parte de las declaraciones del líder novoprogresista.

Este añadió que: “El poder legislativo para investigar se ha reconocido en múltiples casos. El poder del Gobernante de igual forma. ¿Ahora bien, quien tiene el poder para ponerle fin a esta controversia? No creo que deba ser el Tribunal. ¡Debe ser la Gobernadora!”.

Actualmente, existen dos demandas para que el gobierno de Puerto Rico de a conocer el mencionado informe. Una fue presentada por la Cámara de Representantes y la otra por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) y la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro).

ara las dos demandas el gobierno apeló las decisiones del Tribunal de Primera Instancia.

Aquí sus declaraciones íntegras:

“Buenos días Puerto Rico:

En medio de la preocupación que todos tenemos por la propagación y daños que puede causar el notorio coronavirus, se discute en un tribunal de Puerto Rico la “entrega” de un “informe” sobre “el almacén de suministros del sur” que “tal parece” revelaría un gran “secreto militar”.

¡El caso lo atiende nada mas y nada menos que la jueza de los vándalos! Sí, la que resolvió que los estudiantes universitarios no tenían derecho a entrar a tomar clases pero que los “huelguistas” podían obstruir el paso, vandalizar y agredir como parte de su libre expresión en las entradas de la UPR. El tema está ocupando un espacio que debería dedicarse a los esfuerzos de orientación y prevención contra la amenaza del coronavirus en Puerto Rico.

La investigación que realiza la Cámara de Representantes tiene nuestra deferencia y total respeto. Las alegaciones del Departamento de Justicia también pero el tema del “informe” está generando sospechas, intrigas y especulaciones totalmente innecesarias para la Cámara de Representantes, para el propio Departamento de Justicia y el gobierno en general.

La investigación está provocando, quizás sin quererlo, insinuaciones sobre la mezcla de elementos gubernamentales y políticos que no resuelven absolutamente nada y que al final, probablemente, desacrediten el resultado para cualquiera de las partes involucradas.

El poder legislativo para investigar se ha reconocido en múltiples casos. El poder del Gobernante de igual forma. ¿Ahora bien, quien tiene el poder para ponerle fin a esta controversia? No creo que deba ser el Tribunal. ¡Debe ser la Gobernadora!

¡Hon. Wanda Vázquez usted tiene la autoridad y facultad de ordenar la entrega de ese informe YA! Con respeto le recomiendo que lo haga y cierre esa discusión. En sus manos está.

TRS”.

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