Avalan beneficio de Seguro Social Suplementario a puertorriqueño – Tribunal de Apelaciones de Boston falla en contra del gobierno federal

NR: La decisión otorgando el SSI ayuda a la Estadidad si lo conciliamos con la Necesidad de USA de resolver el status de PR. USA ya no soporta más conque los ataquen por tener la Colonia en PR. Y si ya los PR’s recibimos todas las ayudas TODO es GANANCIA para Volver a ser la Vitrina de USA en el Caribe y Las Américas. Esa era la teoría de LAF y yo la entiendo y la defiendo. Pompy González – Fundador del PNP

Avalan beneficio de Seguro Social Suplementario a puertorriqueño

Tribunal de Apelaciones de Boston falla en contra del gobierno federal

Juez Gelpí
Archivo EL VOCERO
Sentencia del Tribunal del Circuito de Boston sobre el Seguro Social Suplementario.pdf

Un panel de jueces del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito con sede en Boston, confirmó la orden del juez federal Gustavo Gelpí, quien determinó que Luis Vaello Madero, no tiene que devolver los $28 mil del Programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés), del Seguro Social luego de haberse mudado de Nueva York a Puerto Rico en donde los ciudadanos americanos no reciben los beneficios de ese plan.

La orden del Circuito solo aplica a Vaello Madero. No obstante, ese foro crea un precedente, ya que ahora cualquier persona que cualifique puede exigirlo y acudir al Tribunal Federal en caso de ser necesario.

Un abogado consultado que habló con este medio bajo condición de anonimato, dijo que no le extrañaría que se radique un pleito de clase sobre este asunto.

“La exclusión categórica de los residentes de Puerto Rico elegibles de SSI no está relacionada racionalmente con un interés legítimo del gobierno. Además del registro establecido por las partes, hemos considerado incluso razones teóricas concebibles para el trato diferencial concedido por el gobierno. Al no haber encontrado un conjunto de hechos, ni el apelante alegando ninguna teoría adicional, estableciendo una base racional para la exclusión de los residentes de Puerto Rico de la cobertura de SSI, dicha exclusión de los residentes de Puerto Rico se declara inválida”, reza la orden de los jueces Juan Torruella, Jeffrey Howard y Ojetta Rogeriee Thompson.

Trasfondo del caso

El 25 de agosto del pasado año el Departamento de Justicia federal, radicó un caso contra José Luis Vaello Madero para que devolviera $28,081 más intereses por no notificar a la agencia que se había mudado a Puerto Rico, jurisdicción que recibe menos beneficios del Seguro Social en comparación con los estados.

Vaello Madero, residió en Nueva York entre 1985 a 2013. Recibía beneficios por incapacidad, los cuales eran depositados en un banco en esa ciudad. En julio de 2013 se mudó a Puerto Rico y continuó recibiendo los pagos por incapacidad a través de su cuenta en Nueva York hasta agosto de 2016. Durante todo ese tiempo, desconocía que su reubicación en Puerto Rico provocaría la disminución del pago por incapacidad. En junio de 2016 el perjudicado advino en conocimiento de que ya no era elegible para recibir los pagos.

A través de dos notificaciones, la Administración del Seguro Social, detuvo los pagos y retroactivamente, los redujo desde agosto de 2013 a agosto de 2016.

Un año y medio después el gobierno inició una acción legal contra Vaello Madero para colectar $28,081 pagos en exceso.

La sentencia de Gelpí

Tras ponderar los argumentos de la representación legal de Varello Madero y del gobierno federal, el juez Gelpí emitió una orden de sentencia sumaria a favor del demandado.

En su orden Gelpí observó que el artículo IV de la Constitución estadounidense le confiere al Congreso el poder para habilitar reglas y regulaciones en los Estados Unidos.

“Sin embargo, esta cláusula no es una carta blanca para que el Congreso apague y prenda a su conveniencia los derechos constitucionales del Debido Proceso y la Igual Protección que disfrutan los ciudadanos por nacimiento y que se mudan de los estados a Puerto Rico”, señala la orden de Gelpí.

Expuso, además, que el Congreso no puede menospreciar a los ciudadanos americanos que viven en Puerto Rico con el estigma de una ciudadanía inferior a la de sus congéneres en todo Estados Unidos.

“Sostener lo contrario sería estar en conflicto con el principio sacrosanto contenido en la Declaración de Independencia de que Todos los Hombres son Creados Iguales”, afirmó.

“Clasificar a un grupo de los ciudadanos estadounidenses más pobres y necesitados de la nación como de una segunda clase simplemente porque residen en Puerto Rico no es bajo ningún concepto, racional”, decía la orden.

El Departamento de Justicia federal apeló la determinación de Gelpí el 4 de febrero del pasado año.

Celebra Jenniffer González

La comisionada residente, Jenniffer González Colón, aplaudió la determinación del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito, ya que según ella, la sentencia reconoce la igualdad de los derechos de los ciudadanos americanos que residen en la Isla.

“El estatus territorial de Puerto Rico ha sido la causa de discriminen contra los ciudadanos americanos residentes en la Isla al rebajar la ciudadanía americana a una de segunda categoría”, señaló la comisionada. “Hemos luchado por esto desde el Congreso y en el tribunal como amigo de la corte en apoyo de los residentes de Puerto Rico que no podían participar del programa meramente por su lugar de residencia. Una vez más validamos el acceso al programa y lo que esto representa para nuestras personas mayores en la Isla”.

mcorrea

Melissa Correa

Caso Federal – Determinará el Futuro de PR? Influencia determinante?

Sentencia del Tribunal del Circuito de Boston sobre el Seguro Social Suplementario.pdf

JUEZ TORRUELLA Y VAELLO – By MUDDLAW

El día 10 de abril de 2020, Viernes Santo, se publica la opinión del Primer Circuito en US v. Vaello, sobre la aplicación del  Supplemental Social Security (SSI) a Puerto Rico. En ese caso, el Sr. Vaello recibió el SSI, el cual  se concede a las personas mayores de 65 años, retirados y de  bajos recursos,  pero solo en  los estados y en  Northern Marianas.  El Sr. Vaello se muda a PR y 3 años más tarde se entera de que no podía recibir el  SSI si era residente del ELA.  Los USA deciden demandarlo por  poco más de $28,000 por el dinero que recibió de más.  Vaello, que no tenia  abogado, iba a firmar una estipulación para pagar la cantidad cuando el Juez Gelpí decide nombrarle abogado. Estos letrados  cuestionan las acciones de USA, que se de cuenta de su error de relaciones públicas y trata de desestimar el caso. El Juez Gelpí,  sin embargo, no lo permitió y determinó que el Congreso, al discriminar contra PR y no extender el SSI, violaba la Igual Protección de las leyes de la Constitución Federal.  USA apeló al  Primer Circuito aquí trataré de explicar lo que se decide.

El Juez Torruella comienza diciendo:

This appeal raises a fundamental question of constitutional law requiring us to consider the equal protection component of the Fifth Amendment as it applies to the residents of Puerto Rico.1 Specifically, Appellee claims that the exclusion of Puerto Rico residents from receiving the disability benefits that are granted to persons residing in the fifty States, the District of Columbia, and the Northern Mariana Islands under the Supplemental Security Income (SSI) provisions of Title XVI of the Social Security Act, 42 U.S.C. §§ 1381-1383(f), contravenes the equal protection guarantees of the Fifth Amendment.

Lo primero que llama la atención es el análisis se hace bajo la 5ta Enmienda y no bajo el usual dicho que de que la Igual Protección aplica bajo una o la otra.  ¿Por qué es importante? Porque los enemigos de la estadidad explotaban eso para alardear que el ELA era algo especial. NOT ANYMORE.

Otro punto importante es que el Juez Torruella hace el análisis del caso bajo el escrutinio de “rational basis” que es el más fácil para declarar válida una ley. A la página 12, el Juez explica:

Equal protection does not “require a legislature to articulate its reasons for enacting a statute,” and the “conceived reason[s]” put forth in support of the statute in litigation do not need to be the same as those that “actually motivated the legislature.” (quoting FCC v. Beach Commercial, Inc., 508 U.S. 307, 315 (1993)

Otros abogados, yo incluido, argumentábamos  que se debía examinar esta controversia bajo el escrutinio estricto. Food for thought.

Torruella a la página 13 discute la exclusión de PR del SSI y dice:

Here, the classification subject to challenge can be defined as: individuals who meet all the eligibility criteria for SSI except for their residency in Puerto Rico. This classification is clearly irrelevant to the stated purpose of the program, which is to provide cash assistance to the nation’s financially needy elderly, disabled, or blind. See Moreno, 413 U.S. at 534. Therefore, if we are to sustain this classification, it “must rationally further some legitimate governmental interest other than those specifically stated in the congressional [statement of purpose.]”

Para llevar a cabo su análisis, el Juez Torruella discute los casos de Califano v. Torres, 435 U.S. 1 (1978) y Harris v. Rosario, 446 U.S. 651 (1980). Interesantemente, el Juez Torruella fue el juez a nivel de distrito en el caso de Califano, fallando en contra del gobierno. Harris lo decidió el Juez Toledo. El Juez Torruella al hacer su análisis nos dice a la página 15-16:

Califano is an opinion in which the footnotes are almost as important as its main text. Commencing with footnote four,  a major distinction becomes apparent between the holding in Califano and the present case. The present case challenges the disparate treatment of the residents of Puerto Rico on equal protection grounds, while Califano was decided on issues related to the right to travel. Although the complaint in Califano alleged an equal protection claim, as is clearly reflected by its opinion, the three-judge district court decided the case strictly on issues related to the fundamental constitutional right to travel, Gautier Torres, 426 F. Supp. at 1108, 1110, 1113, a holding the Supreme Court recognized in footnote four. Califano, 435 U.S. at 3 n.4; see Harris, 446 U.S. at 654-655 (Marshall, J., dissenting) (“[T]he District Court relied entirely on the right to travel, and therefore no equal protection question was before this Court. The Court merely referred to the equal protection claim briefly in a footnote . . . . At most, [this is] reading[] more into that single footnote of dictum [in Califano] than it deserves.” (citation omitted) (emphasis supplied)). As acknowledged by the Court, and vigorously endorsed by Justice Marshall in his dissent in Harris, there was no equal protection question before the Court in Califano. See Harris, 446 U.S. at 654-655 (Marshall, J., dissenting). (underlining added)

Esta distinción es de gran importancia. En esencia indica que Califano nunca tocó el argumento de Igual Protección y por ende no es un precedente obligatorio. Subsiguientemente, el Juez Torruella habla de Harris y dice a la página 18:

What should be patently clear is that the Court ruled in Califano on the validity of SSI’s treatment of the persons residing in Puerto Rico, as affected by the right to travel, while in Harris it was called to pass upon differential treatment of block grants under the AFDC program in light of the equal protection component of the Fifth Amendment. Contrary to Appellant’s contention, the Court has never ruled on the validity of alleged discriminatory treatment of Puerto Rico residents as required by the SSI program under the prism of equal protection. (Underlining added)

A la misma página, nota 8, el Tribunal menciona que considera persuasiva la opinión del Juez Young en Martínez v. Azar, 376 F.Supp.3d 191 (D.P.R. 2019) de que en Califano y Harris se usa la conjunción “and” cuando se menciona los tres factores para justificar la decisión. O sea, que los factores son en conjunto y no individualmente sostendrían la conclusión.

Más adelante a la página 19, el Juez continúa diciendo “[w]e  do not view Califano and Harris as a carte blanche for all federal direct assistance programs to discriminate against Puerto Rico residents. There still must be a rational justification for the classification.”

Esta oración tiene grandes implicaciones para otros casos que cuestionan otros programas federales, incluyendo uno en el que estoy envuelto.

En la página 20, el Juez continua con el análisis de los dos casos seminales, diciendo, “[a]dditionally, there are several other reasons why Califano and Harris are not precisely on point. Today, Appellant makes no claim that granting ‘greater [SSI] benefits [to Puerto Rico residents at this time] could disrupt the economy.” Harris, 446 U.S. at 652.’”

Esto es importante porque en otros casos el Gobierno Federal no ha renunciado a ese argumento. Hay también una interesante explicación del mal llamado “economic disruption” a la nota 10, página 21-22, haciendo referencia directa a la creación de la Junta.

Siguiendo en la página 23, el Juez indica:

Therefore, considering the dubious nature of this once accepted rationale, we are relieved that we are not called upon to decipher it and note its abandonment only as an additional factor that weakens the relevance of Califano and Harris for this appeal. In fact, if anything, the former Court’s acceptance of this now defunct argument and citation to “a contemporary policy evaluation document” — the 1976 Report — sets us up to consider the present day circumstances surrounding Puerto Rico’s exclusion from SSI and whether the current classification is unrelated to a legitimate government interest.

Como indiqué, esto es importante para los casos presentes y futuros que cuestionan el discrimen del Congreso con Puerto Rico. De hecho, a la página 26, nota 13, el Juez indica que se puede argumentar que existe una correlación entre la falta de paridad en los programas federales y la crisis fiscal de la isla.

El Juez discute el asunto del pago de impuestos federales por los residentes de PR y nos dice a las páginas 26-28:

The residents of Puerto Rico not only make substantial contributions to the federal treasury, but in fact have consistently made them in higher amounts than taxpayers in at least six states, as well as the territory of the Northern Mariana Islands. From 1998 up until 2006, when Puerto Rico was hit by its present economic recession, Puerto Rico consistently contributed more than $4 billion annually in federal taxes and impositions into the national fisc. See Internal Revenue Service, SOI Tax Stats – Gross Collections, by Type of Tax and State – IRS Data Book Table 5, available at https://www.irs.gov/statistics/soi-tax-stats-gross-collections-by-type-of-tax-and-state-irsdata-book-table-5 (last visited April 9, 2020). This is more than taxpayers in several of the states contributed, including Vermont, Wyoming, South Dakota, North Dakota, Montana, and Alaska, as well as the Northern Mariana Islands. Id. Even since 2006 to the present, and notwithstanding monumental economic problems aggravated by catastrophic Hurricane María and serious ongoing earthquakes, Puerto Ricans continue to pay substantial sums into the federal treasury through the IRS: $3,443,334,000 in 2018; $3,393,432,000 in 2017; $3,479,709,000 in 2016; . . .$4,036,334,000 in 1998. Id. Puerto Rico’s contributions include the payment of federal income taxes by residents of Puerto Rico on income from sources outside Puerto Rico for which they are liable under the Internal Revenue Code, the regular payment of federal income taxes by all federal employees17 in Puerto Rico, 26 U.S.C. § 933, as well as the full Social Security, Medicare, and Unemployment Compensation taxes that are paid in the rest of the United States, see 26 U.S.C. §§ 3101, 3111, 3121(e), 3301, 3306(j). 18 That in 2018 the IRS collected approximately $3,443,334,000 from Puerto Rico taxpayers clearly undermines the contention that Puerto Rico residents do not contribute to the federal treasury. There should be little doubt that, to the extent that there may have been a basis for it when Califano and Harris were decided, the argument that Puerto Rico’s residents do not contribute to the federal treasury is no longer available.

El caso sigue la discusión legal sobre impuestos y a las páginas 31-33:

We are unaware of, and Appellant fails to point to, any instance where the government has justified the exclusion of a class of people from welfare payments (which are untied to income tax receipts) because they do not pay federal income tax. Cf. Zobel v. Williams, 457 U.S. 55, 63 (1982) (“Appellants’ reasoning would . . . permit the State to apportion all benefits and services according to the past tax [or intangible] contributions of its citizens. The Equal Protection Clause prohibits such an apportionment of state services.” (emphasis in original) (quoting Shapiro v. Thompson, 394 U.S. 618, 632-33 (1969))). As recognized by the Court in Shapiro, the sort of welfare benefits at issue here are distinguishable from federal insurance programs, like Social Security Disability Insurance, which “may legitimately tie the amount of benefits [awarded] to the individual’s contributions.” 394 U.S. at 633 n.10.21 See H.R. Rep. No. 92-231, at 146-47 (1971) (“[C]ontributory social insurance should continue to be relied on as the basic means of replacing earnings that have been lost as a result of old age, disability, or blindness. But some people who because of age, disability, or blindness are not able to support themselves through work may receive relatively small social security benefits . . . [which] therefore, must be complemented by an effective assistance program.”). However, because SSI is a means-tested program, by its very terms, only low-income individuals lacking in monetary resources are eligible for the program. For example, as pointed out by Amicus Resident Commissioner of Puerto Rico, to be eligible in fiscal year 2015, an individual could not make more than $733 of countable income a month, or $1100 in the case of a couple.  Consequently, any individual eligible for SSI benefits almost by definition earns too little to be paying federal income taxes.23 Thus, the idea that one needs to earn their eligibility by the payment of federal income tax is antithetical to the entire premise of the program. How can it be rational for Congress to limit SSI benefits “to exclude populations that generally do not pay federal income taxes” when the very population those benefits target do not, as a general matter, pay federal income tax?

Luego el Juez Torruella discute el asunto del costo al fisco federal y a la página 37 dice:

In response to Appellee’s argument that if costs alone justify exclusion then “Congress could arbitrarily exclude the residents of any State or municipality to reduce cost,” Appellant concedes “there may be other constraints, legal or political, on Congress’s ability to enact a statute excluding residents of a particular State from a benefits program [but] that does not mean that cost to the public fisc is not itself a rational consideration.” What Appellant plainly fails to grapple with is that cost alone does not support differentiating individuals. If it did, how would Congress be able to decide upon whom to bestow benefits? Presumably along the lines of its legislative priorities which, at a minimum, must be supported by some conceivable rational explanation. The circularity of this logic defeats itself.

Finalmente, el Juez Torruella concluye diciendo a la página 45:

The categorical exclusion of otherwise eligible Puerto Rico residents from SSI is not rationally related to a legitimate government interest. In addition to the record established by the parties, we have considered even conceivable theoretical reasons for the differential treatment conceded by the government. Having found no set of facts, nor Appellant having alleged any additional theory, establishing a rational basis for the exclusion of Puerto Rico residents from SSI coverage, such exclusion of the residents of Puerto Rico is declared invalid.

¿Que pasa ahora? Los USA podrían pedir rehearing en banc para que los todos los  jueces activos vean el caso y probablemente lo haga. En el caso no hubo disidencias lo cual quiere  dicer que los tres  jueces están de acuerdo. Si los jueces lo deniegan o llegan al mismo resultado, entiendo que el Gobierno Federal acudirá al SCOTUS para un certiorari. El SCOTUS le concede el 26% de los certioraris a los federales. Veremos lo que ocurre.

¿Quiere esto decir que el Congreso no puede discriminar contra PR en asignación de fondos  federales? No automáticamente. Se tendrán que decidir casos ya corriendo y casos futuros que se puedan radicar pero es una decisión importantísima para PR.

May you live in interesting times.

Sentencia del Tribunal del Circuito de Boston sobre el Seguro Social Suplementario.pdf

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José Aponte Hernández pide a Departamento de Justicia Federal No Apele el caso US v. Vaello

Piden a Justicia federal no apelar decisión del Tribunal de Boston sobre el Seguro Social Suplementario
(El Capitolio)-

El expresidente de la Cámara de Representantes, José Aponte Hernández, solicitó al secretario del Departamento de Justicia federal, William Barr, no apelar la decisión del Primer Circuito de Apelaciones en Boston, la cual declaró ayer, viernes, que los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico tienen derecho a todos los beneficios del programa del Seguro Social Suplementario (SSI).
“La histórica decisión de ayer confirma lo que ha sido nuestro planteamiento por décadas, de que los ciudadanos americanos en Puerto Rico tienen derecho al Seguro Social Suplementario. Esta decisión le hace justicia a nuestra gente y es cónsona con el memorando de noviembre de 1992, emitido por el entonces Presidente George H. W. Bush, y el cual se encuentra en vigencia, en donde se ordena a todas las agencias federales tratar a Puerto Rico como si fuera un estado de la unión. Por eso es mas que justo que el Departamento de Justicia federal no apele esta decisión y permita que los puertorriqueños, ciudadanos americanos todos, reciban estos beneficios”, comentó el líder estadista mediante un parte de prensa.
Ayer, un panel de jueces del Tribunal federal de Apelaciones, formado por Juan Torruella, Jeffrey Howard y Ojetta Rogeriee Thompson, concluyó que ‘la exclusión de los residentes de Puerto Rico (en el Seguro Social Suplementario) se declara inválida’. La decisión reafirma la tomada por el juez presidente del Tribunal federal de Distrito de Puerto Rico, Gustavo Gelpí, quien determinó hace más de un año atrás que este derecho les correspondía a los residentes en la Isla por ser ciudadanos americanos.
Aponte Hernández, quien preside la Comisión de Relaciones Federales, Internacionales y de Estatus de la Cámara, envió una carta a Barr plasmando su planteamiento de forma oficial.
“Usted (Barr) tiene una oportunidad histórica para ayudar a rectificar el estado de desventaja estructural que ha colocado a millones de ciudadanos americanos en una posición subordinada. Estados Unidos es una nación fundada en los principios de justicia y dignidad para todos. Este curso de acción sería coherente con estos principios y, por lo tanto, en el mejor interés de la nación. Su pronta y decisiva atención a este asunto es esencial para salvaguardar nuestros derechos civiles”, añadió el Representante por Acumulación.
El SSI es un programa federal que provee beneficios adicionales al Seguro Social a personas con necesidades especiales y de la tercera edad con bajos o ningún ingreso. También brinda servicios de hospitalizar y otras ayudas de salud necesarias. El beneficiario promedio en los Estados recibe alrededor de unos $590 cada mes.
Puerto Rico podría recibir hasta $1,950 millones anuales, según un informe suscrito por la Oficina de Controlaría General (GAO), y publicado en el año 2014. El GAO estimó que, si Puerto Rico fuera un estado, sobre 360,000 residentes en la Isla cualificarían para pagos de SSI inmediatamente.

Veterano Pide se Reconozcan Derechos a los Puertorriqueños que residen en Puerto Rico

*Federal 1st Circuit Court advances FAIR Treatment-EQUALITY for Puerto Ricans*

(US Court of Appeals For the First Circuit No. 19-1390- USA, Plaintiff, Appellant,

v. JOSÉ LUIS VAELLO-MADERO (10 April 2020)

In a historic decision, the First Circuit of Appeals in Boston (Chief Judge Horward; Circuit Judges-Torruella and Thompson)–backed the decision by Federal Judge Gelpi (President Federal Court, US Territory of Puerto Rico); declared Un-Constitutional to– exclude a Puerto Rican in Puerto Rico from the SSI (Supplemental Social Security Benefits for the needy Elderly, disable or blind),  based on “Equal protection of Laws”, and the absence of a “Rational Basis”.

The unanimous and momentous decision moves forward the patriotic Quest for EQUALITY of fellow US Citizens-American Veterans in the US Territory of Puerto Rico (with more US Citizens than 22 States; part of “WE THE PEOPLE”)—that face Federal discrimination. Now the Federal Government must decide if to Appeal to the US Supreme Court.

FACTS are:  Since, 1898 (for over 122+ years)–fellow, but, 2d Class US Citizens-American Veterans (part of “We the People”), in the US Territory of PR (with more US Citizens than 22 States) — have made many valuable contributions to our USA!

But, until TODAY Puerto Ricans face FEDERAL unfair Treatment/Institutional Discrimination/ Undemocratic Control—NO Federal “Consent of the Governed”; NO full Rights; NO full blood earned Benefits; NO Parity in Federal Laws-Programs-Funds; NO permanent statutory US Citizenship (even in a State) that other US Citizens have, under our US Constitution; noble US Flag- that Represents all “WE THE PEOPLE”!

The US Congress controls the US Territory of Puerto Rico local Laws; Borders; Currency; Economy… per the old Territorial Clause (1787), and the US Supreme Court Insular Cases (1901-1925+)—which arebased on racism (Puerto Ricans were called “Alien”, Mestizos”)…. Plus, the Court misinterpreted the US Constitution with terms not found in the Constitution, like- “PR is an unincorporated US Territory; more foreign than domestic; belongs to, but is not part of the US”!

*DECIDED: in Downes vs Bidwell (1901); Balzac vs Puerto Rico (1922)— “The US Congress can differentiate (discriminate) in applying the US Constitution to unincorporated Territories… that have US Citizens-American Veterans” because the Territory is foreign…! Other Supreme Court decisions say it must be on a “Rational Basis”….

How can millions of US Citizens-American Veterans be classified as “Foreign” under our noble US Flag-that represents all US States, Territories, and “WE THE PEOPLE”? These terms were not applied to other US Territories before Puerto Rico! This is denial of  Equal Treatment under just Laws,  now  needs to be revoked by the current US Supreme Court like Plessy vs Ferguson (Blacks are Equal, but, separate) was revoked.

US Puerto Ricans have sacrificed; shed sweat, blood, and tears for our US Flag; cherish their US Citizenship; have integrated, and CONTRIBUTE in all Fields of Endeavor to our US…

  • Loyal PR-US Veterans bravely serve; fight, since 1898 (WW-I, WW-II, Korea, Vietnam…) until Today for the Good of All: Family, Community, USA, and Humanity!
  • PRs have earned many Battle Blood Awards, includes the US 65th Infantry-was awarded the “Congressional Gold Medal” highest honor our US Congress, with US President, can bestow…
  • US Puerto Rican-Hispanic Ancestors and Natives came from PR (Boriken) in 1513 to our now USA (Florida)-107 years before the Pilgrims; brought Christianity, advanced civilization of the times; other good things; fought in the US War of Independence…; helped develop our USA to be the best in Human History!

    The Federal Government should be the Servant of all the People; not the Master of Some! We must guard against a “Tyranny of a Majority”! 

    The US President and  US Congress must take non-partisan action to resolve this Federal un-democratic WRONG;  admit Puerto Rico to the UNION OF STATES or as an ALTERNATIVE conduct a Referendum between NON-TERRITORIAL defined OPTIONS which only are:
  • STATEHOOD (YES)–MEANS: Admittance to the US Republic (a Government by the People) “Union of States” for the Good of all, WITH– STATE Identity (Boricua); STATE Constitution; STATE Flag; STATE Sovereignty. Plus, permanent US Citizenship under the protection of the US Constitution-Flag; Equal Individual Rights; Vote for US President; just representation in the US Congress; full earned benefits; Parity in Federal Laws; Federal consent of the Governed…
  • INDEPENDENCE—MEANS: Puerto Rican Citizenship; PR National Sovereignty. Loss of US Constitution protection; loss of US Citizenship (statutory)- Rights and Benefits… 
  • INDEPENDENCE (With PACT-Free Association…)–MEANS: Puerto Rican Citizenship-Sovereignty… Loss of US Constitution; loss of US Citizenship (statutory)-Rights and Benefits… But, with a PACT to be negotiated; terminated by any Party.

UNITED with Truth, Reason, Courage, and CIVIC ACTION for the Good of ALL: Family, Community, USA, and Humanity!

(DENNIS O. FREYTES, US Army Ret; Community Servant Leader

Florida Veterans Hall of Fame—1st Hispanic-Puerto Rican

By FL Governor, now, US Senator Rick Scott; FL House; FL Senate)

*NOTE:

United States Court of Appeals For the First Circuit No. 19-1390 UNITED STATES OF AMERICA, Plaintiff, Appellant, v. JOSÉ LUIS VAELLO-MADERO, Defendant, Appellee.

APPEAL FROM THE UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE DISTRICT OF PUERTO RICO [Hon. Gustavo A. Gelpí, U.S. District Judge] Before Howard, Chief Judge, Torruella and Thompson, Circuit Judges.

III. Conclusion The categorical exclusion of otherwise eligible Puerto Rico residents from SSI is not rationally related to a legitimate government interest. In addition to the record established by the parties, we have considered even conceivable theoretical reasons for the differential treatment conceded by the government. Having found no set of facts, nor Appellant having alleged any additional theory, establishing a rational basis for the exclusion of Puerto Rico residents from SSI coverage, such exclusion of the residents of Puerto Rico is declared invalid. For the foregoing reasons, we affirm the district court’s grant of Appellee’s motion for summary judgment and the denial of the United States’ cross motion for summary judgment. Affirmed.

XXX

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fepaper.elnuevodia.com%2F%40Reader387721%2Fcsb_GjIcyjyJsG_J-cdC1SU1AwJ7WzwvUfY1nYfWjjnrRpaLNakW0ldFf-OVHbBb51O-%3Ffbclid%3DIwAR0PCNCEE9Q5-tjAJe3CnYMLvtUlqFLlcf2_bSzEFn6hYjepRaEnQnqHkCg&h=AT1PDhrye29TgVrws5n3346mf1oZAGd2lqdFVoYvAP-5aZiUbRRz8hAFBZEIvZ3qsqk-QTAZiwiJxyrFtA42ruUQF6eRlA4z0ufbrc_3USHTKstVhjsDN2hXmzRKer4goA&__tn__=H-R&c[0]=AT37aM8I3kMJODwTCuxHJBuyuVtn1xbFRa7nPwAANdyx-d8REaAIaMNvAEKNw4EMmSptOSQdZBG1qGG5zfACGITfMe3LBT04CvjT_m2HCzA7Rxl4Yims8QB-aypkbbA

UNITED with Truth, Reason, Courage, and ACTION for the Good of ALL! VR, DENNIS   (DENNY) (FL PH: 407-298-1151)DENNIS O. FREYTES (MPA, MHR, BBA); US Army Ret.; Community Servant LeaderFLORIDA VETERANS’ HALL OF FAME (By FL Governor; House; Senate)OC Citizens Corps Council (by Mayor)Former Trustee Valencia College (by FL Governor)Policy/Boards:  US President; FL Governor; US Senators; US Congressmen; Mayors
Former Professor (PMS)-Commandant USA Officer School-University of PR…
*Son of Borinqueneer Celio Freytes-Menendez (CIB WW-II & Korea)–US Army Ret.  US 65th INFANTRY- “US Congressional Gold Medal”–Highest Honor by US Congress-US PresidentWE LEAVE NO AMERICAN VETERAN or 1st RESPONDER BEHIND! “No Task too Difficult; no Mission Impossible–WILL DO!”

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Feliz Domingo de Resurrección..Happy Easter!🐣

La Decisión del Apelativo re: SSI, es una evidencia más que sostiene la tesis “Que PR es un Territorio Incorporado de Facto”Ref: “The “de facto” Incorporated U.S. Territory of Puerto Rico” por el Amigo Lcdo. Gregorio Igartua..Los Estadolibristas no deben reclamar que ese logro es del ELA ya que el ELA no puede garantizar la ciudadanía, porque al ser una formula de Status Colonial no es aceptada como Status Permanente por la constitucion de EUA, siempre nos expondremos a la discriminacion por el congreso, donde no tenemos representación con poder de voto. Una evidencia más para probar que ya somos un Territorio Incorparado de Facto con todos los requisitos para ser Estado.  Solo la Estadidad nos puede dar esa garantía de igualdad. Abrazos;

Annie & Helcías Bermúdez

Así de claro interpreto la Decision del Tribunal Federal.
Confirman, sin decirlo, que Puerto Rico es un territorio Incorporado de Facto y que el gobierno federal NO puede negarle a los Ciudadanos Americanos en Puerto Rico los beneficios del Seguro Social Suplementario.

Hernán Padilla

Lo ultimo en política de Puerto Rico/USA

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