Boletín Azul: Sugiere Cuestionamientos lógicos: No pueden desviar la atención

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No pueden desviar la atención

  • Ante el esquema develado y que incluye hasta al director de campaña de Wanda Vázquez (Jorge Dávila), la Gobernadora y su equipo recurren a la politiquería barata.
  • Pretenden justificar lo que hicieron con que algunas personas ofrecieron información para la compra de artículo de emergencias.
  • La corrupción y malos manejos no está en ofrecer servicios o información de proveedores de servicios y bienes.
  • La corrupción y malos manejos está en:
    • Ordenar y presionar para compras de respiradores en 20 minutos.
    • Aceptar propuestas de pruebas fatulas que no son aprobadas por las agencias federales (FDA).
    • Aceptar propuestas que falsamente representaban que tenían un acuerdo con manufactureros de pruebas sin verificar si era cierto.
    • Recibir referidos para compras del director de campaña de la Gobernadora.
    • Aceptar firmas falsificadas en los contratos de compras.
    • Hacer compras de $38 millones en menos de 24 horas y sin seguir los procesos de compras regulados en el Gobierno.
    • Adelantar $19 millones a una empresa sin experiencia que no había entregado las pruebas.
  • La Gobernadora y su equipo se valen de manchar reputaciones por acciones de otras personas que no han sido señaladas con irregularidades. 
  • El decir ahora que una empresa tiene un producto que suple pruebas aprobadas del FDA solo demuestra que el Gobierno no quería comprar pruebas adecuadas sino beneficiar a unos allegados.
    • El Gobierno no las compró a esa empresa aprobada y en lugar fueron a una empresa fatula sin experiencia que se dedicaba a la construcción a comprar a sobre precio unas pruebas sin autorización y que nunca llegaron.
    • Varios alcaldes de todos los partidos (San Juan, Canovanas, Naguago, etc) optaron por comprar pruebas moleculares al precio real que estaban aprobadas por el Gobierno federal. Esto contrasta con Wanda Vázquez que compró pruebas rápidas fatulas que nunca llegaron.
  • Es a las personas vinculadas a la Gobernadora que las agencias federales incluyendo el FBI investiga por estas irregularidades. 
  • Ni Pierluisi, ni Juan Oscar Morales, ni el Dr. Carlos Mellado, ni el Pueblo pueden hacer ninguna de estas cosas ni tienen facultad para ordenar una compra a nombre del Gobierno.
  • Ni Pierluisi, ni Juan Oscar Morales, ni el Dr. Carlos Mellado ni nadie del equipo de Pierluisi tiene contrato o representa a alguna compañía relacionada a la emergencia del COVID-19 ni recibe pagos o comisiones por las ventas de esos productos o servicios.
  • Ni Pierluisi, ni su grupo:
    • Presionaron para que se comprara unas pruebas fatulas en 20 minutos, 
    • Falsificaron la firma de contratos, 
    • Adelantaron $19 millones sin tener las pruebas, 
    • Compraron a sobre precio con fondos públicos, 
    • Violaron los procesos de compras,
    • Tienen relación económica con suplidores que ofrecieron servicios y bienes en la emergencia,
    • Protegieron como indispensable a una empleada que beneficiaba contratistas y familiares. 
  • ¿La Gobernadora puede decir lo mismo de?:
    • Jorge Dávila
    • Marisol Blasco
    • Lilián Sánchez
    • Mabel Cabezas
    • Antonio Pabón
  • La Gobernadora debe contestar ya:
    • ¿Quién ordenó a la ex secretaria de Salud la compra en 20 minutos?
    • ¿Quién protegió a Mabel Cabezas y llamó por ser indispensable?
    • ¿Por qué se le dio puesto y hasta email a Mabel Cabezas en Fortaleza?
    • ¿Cuándo ella supo que se iban a comprar estas pruebas fatulas a APEX?
    • ¿Cuándo ella supo de que se le adelantarían $19 millones? ¿Quién en Fortaleza lo supo primero?
    • ¿Por qué en la conferencia de prensa que hizo dijo que todo se había hecho bien cuando es evidente que se brincaron procesos?
    • ¿Por qué esta compra no pasó por el proceso de aprobación del Secretario de la Gobernación como todo contrato tiene que pasar?
    • ¿Por qué dijo que Segundo Rodríguez y Juan Salgado solo habían referido un mensaje de suplidor cuando sale en las vistas que examinaron las cotizaciones y ordenaron su compra?
    • ¿Qué investigación ella hizo para hacer sus conclusiones? ¿Entrevistó a los empleados involucrados? ¿Por qué no lo hizo antes de decir que todo estaba correctamente hecho?
    • ¿Por qué luego de esta compra fatula no se han gestionado la compra de más pruebas para poder aumentar el número de exámenes de COVID-19 en PR? Seguimos siendo los últimos en EU haciendo pruebas.
    • ¿Por qué se compró a sobre precio cuando habían otras pruebas más baratas?
    • ¿Por qué se otorgó la compra sin tener antes las cotizaciones de otros suplidores que requiere la ley?
    • ¿Por qué no se han pedido públicamente cotizaciones a otras compañías que puedan suplir pruebas moleculares o rapid tests?

Junta ordena entrega de documentos sobre contrato de $38 millones

No descarta acudir a los tribunales

Natalie Jaresko
La directora ejecutiva del ente federal, Natalie Jaresko.> Archivo / EL VOCERO

La Junta Federal de Control Fiscal le lanzó un ultimátum al gobierno de Puerto Rico ante la negativa de entregar documentos relacionados el intento del gobierno de comprar kits de prueba Covid-19 a través de la empresa Apex General Contractors, LLC.

“Le instamos a proporcionar la información solicitada de manera voluntaria a más tardar el 20 de abril de 2020 para evitar procesos judiciales innecesarios y costosos”, señaló la directora ejecutiva de la junta fiscal, Natalie Jaresko.

En la carta de dos páginas enviada a Omar Marrero como director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Asesoría Fiscal (Aafaf) se informó que desde que aparecieron los informes de prensa por primera vez el 5 de abril de 2020 sobre el intento del gobierno de comprar kits de prueba Covid-19 de Apex General Contractors “hemos estado tratando de obtener información sobre esta y otras transacciones”.

“En cumplimiento de estos esfuerzos, le escribimos el 6 de abril, el 9 de abril y el 12 de abril de 2020, y aparte de la documentación relacionada con el contrato de Apex y la cancelación y reembolso de los montos correspondientes, no se ha recibido la información adicional solicitada sobre autorizaciones y aprobaciones dentro del proceso de adquisición y toma de decisiones”, abunda la carta.

En consecuencia, Jaresko sostiene que deben insistir en recibir la información solicitada en la carta del pasado 12 de abril y le recuerda al gobierno que “este es un asunto de suma importancia para nuestro mandato y para los intereses de las personas de Puerto Rico”.

La junta fiscal enumera en la misiva la información solicitada en detalle.

1. Cualquier contrato, incluidos, entre otros, órdenes de compra, que no se hayan presentado a la Junta de Supervisión, ya sea de conformidad con nuestra política o con la Orden Ejecutiva 2020-24. A esta fecha, la Junta de Supervisión solo ha recibido copias de los contratos de servicios profesionales del Servicio de Innovación y Tecnología de Puerto Rico y la Administración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción. Por ejemplo, no hemos recibido copias de la documentación relacionada con las compras de 313 LLC, otra entidad que, según los informes, ha sido contratada por el Gobierno para la compra de suministros médicos.

2. Con respecto al contrato y la orden de compra relacionada para los kits de prueba Promedical Covid-19 entre la Administración de Servicios Generales de Puerto Rico y Apex General Contractors LLC, envíe cualquier comunicación escrita relacionada con el proceso de adquisición y compra, ya sea electrónico o de otro tipo, con respecto a la negociación, ejecución y ejecución de los mismos.

Jaresko señaló en la carta que no es viable la opción del gobierno de solo poner a disposición de la junta ciertos funcionarios del gobierno para una explicación oral de la situación.

Para Confesiones de Yulín: https://www.facebook.com/EstadoPRUSA/videos/2394327607468840/?t=2

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