El colonialismo también es racismo – Por Carlos E. Díaz Olivo

PUNTO DE VISTA

Por Carlos E. Díaz Olivo💬16domingo, 14 de junio de 2020

El colonialismo también es racismo

El asesinato de George Floyd ha obligado a los Estados Unidos a cuestionarse si, en realidad, son fieles a los principios de libertad e igualdad sobre los que se constituyeron como nación. La experiencia nos muestra que, en los Estados Unidos, de manera consuetudinaria, los ciudadanos de raza negra y otros sectores minoritarios, son objeto de discrimen y se les priva de la oportunidad para su desarrollo pleno.

La revelación de estas imposturas hace de este el momento propicio para encarar a los Estados Unidos con otro patrón de conducta racista y discriminatoria importante. Nos referimos a su política para sus territorios y, muy particularmente, para Puerto Rico y los puertorriqueños.

Los Estados Unidos han encubierto su política discriminatoria contra Puerto Rico bajo las aguas profundas y turbias de la Cláusula Territorial. Mediante un andamiaje jurídico artificial, han procurado encubrir ante el mundo la degradación de la que es objeto el pueblo puertorriqueño, al que se le reduce a la categoría de pertenencia, o peor aún, a una condición subhumana que justifica que los Estados Unidos puedan disponer y decidir sobre nuestro colectivo nacional en calidad de tutor o propietario.

La Cláusula Territorial es una disposición constitucional que confiere autoridad al Congreso para administrar el inventario de bienes inmuebles sobre los que, por razones diversas, los Estados Unidos advienen en control. Sin embargo, se requiere un salto jurídico de dimensiones acrobáticas para extraer del poder del Congreso sobre un inmueble, la potestad para degradar y tratar a los seres humanos que habitan en esos territorios, de manera distinta al resto de los seres humanos que habitan en los Estados Unidos.

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos acaba de reconocer y validar, sin consternarse ni perder la compostura, que el Congreso – al amparo de la Cláusula Territorial – puede menoscabar la autoridad de los funcionarios electos de Puerto Rico sobre los asuntos estrictamente locales, para conferírsela a un panel impuesto por el Congreso y el presidente.

Si el esquema constitucional estadounidense opera sobre el entendimiento de que todos los seres humanos son creados iguales, que todos poseen derechos inalienables y que es de la voluntad de esos seres humanos de donde emana el poder y la legitimidad de cualquier estructura gubernamental, entonces hay que cuestionar, ¿por qué eso no aplica a Puerto Rico y a los puertorriqueños? ¿Por qué los puertorriqueños, a diferencia de otros estadounidenses, tenemos menos derechos y una capacidad menor para obrar y decidir sobre asuntos fundamentales a nuestra propia existencia?

En 1922, el expresidente y entonces juez presidente, William Taft, estuvo muy claro en el fundamento para tales distinciones, cuando expresó en el caso de Pueblo v. Balzac que los puertorriqueños procedemos de una comunidad oceánica distante, tenemos orígenes muy distintos y hablamos un lenguaje diferente del resto de los seres humanos que viven en los Estados Unidos continentales. Tal articulación, cien años después, sigue siendo la base de toda distinción con Puerto Rico. Se trata de un problema étnico racial. El mismo se deriva de la concepción de que existen seres superiores y seres inferiores y que esto justifica la subordinación de los segundos a los primeros. Los puertorriqueños, para el Tribunal Supremo y muchos de aquellos que ostentan la hegemonía política y económica de la nación, estamos en la segunda categoría, es decir somos seres inferiores.

Si en algún momento ese patrón ofensivo e inhumano de discriminación podía obviarse para perdernos en el juego leguleyo de la Cláusula Territorial, hoy, después del asesinato de George Floyd, sencillamente, ya no es ni admisible ni tolerable. Ni en las calles de Minneapolis ni en el “territorio” de Puerto Rico existe justificación para desposeer a una persona de su propia dignidad y de los derechos inalienables que posee como ser humano.

El Congreso podrá definir cómo administra sus propiedades, pero las y los puertorriqueños no somos ni cosas ni objetos de titularidad de otros. Existe un reducto inherente a la propia condición humana de los puertorriqueños del que ni la Cláusula Territorial, ni el Congreso, ni Trump, ni nadie, puede despojarnos. Si a Estados Unidos les llegó el momento de responder y ponerle fin al discrimen y a la negación de la humanidad a los ciudadanos de raza negra, igualmente, les llegó también el momento de poner fin al discrimen étnico y racial contra los y las puertorriqueñas. El coloniaje es el más burdo de todos los discrímenes y el momento de su erradicación final llegó.

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Bhatia Parece de 80 años? Momificado? Toda su Vida como cómplice y coautor de la Corrupción PPD. Quebrado el ELA su Indecisión es acercarse al precipicio de la Separación. Bhatia prefiriendo su interés personal Traicionando a Puerto Rico.