Carta de Natalie Jaresko al Gobernador y al presidente de la Junta de Gobierno de la UPR.

21 de abril 2021

Carta de Natalie Jaresko al Gobernador y al presidente de la Junta de Gobierno de la UPR.

El pasado jueves 15 de abril salió en la prensa la noticia de la revocación de la acreditación del único programa en la isla de residencia de neurocirugía. El Consejo de Acreditación para la Educación Médica graduada le notificó al Recinto de Ciencias Médicas de la UPR la determinación de revocar dicha licencia efectivo en el 2022. Dicha residencia tenía su acreditación en probatoria desde el 2019. La administración del Recinto expresó que apelará dicha determinación.

 Esta es una situación muy seria pues en Puerto Rico no hay una cantidad de neurocirujanos como para perder la fuente principal del entrenamiento de estos. Esto tendría un impacto terrible para los servicios de salud de Puerto Rico. Me parece que tanto el presidente de la UPR como el Rector del RCM deben dar una conferencia de prensa donde le expliquen al pueblo en detalle lo ocurrido y lo que piensan hacer al respecto. Enviar comunicados de prensa o a intermediaros a dar explicaciones no es suficiente. Queremos oír todo lo relacionado con este serio asunto de boca de los que tienen la responsabilidad. Se quiere hacer creer por distintos sectores que la responsabilidad de esta situación es de la Junt de Supervisión Fiscal por los recortes al presupuesto de la UPR pero la realidad es que esto es una cuestión de prioridades.

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) hace meses sometió un bien pensado plan fiscal para la UPR a tono con la realidad fiscal y económica de quiebra de la isla que conlleva una reducción anual en la aportación que hace el gobierno central al presupuesto general de la UPR que lo reduciría gradualmente de la actual aportación de $879 millones hasta $ 389 millones para el año fiscal 2024. La Junta además aumentó el costo por crédito, subgraduado para llevarlo a $ 157.00 para ese mismo año. De igual manera se estipulan aumentos en los costos del crédito graduado. Se eliminan prospectivamente la mayor parte de las exenciones de matrícula como por ejemplo a los empleados y familiares de estos, a los atletas, a integrantes de coros y de otras actividades, manteniéndose las matrículas de honor y la exención por servicio militar. Se dispuso $250 millones para becas destinadas a estudiantes de escasos recursos. Esto en adición a las becas Pell, por lo que no debe privarse de estudiar a ningún estudiante por falta de ingresos. Se recomienda cambiar el sistema de retiro a uno de contribuciones definidas como los conocidos 401 k así como una reducción a los beneficios acumulados por los retirados. Entiende la JSF que con estos cambios no será necesario reducir el número de recintos y se podrá salir de la situación de gran crisis fiscal proyectada.

La información que trasciende es que la administración central de la UPR constantemente critica a la JSF y rehúsa a implementar las recomendaciones contenidas en el Plan Fiscal sometido por esta. Se podrá o no estar de acuerdo con todo el contenido de ese plan de la JSF pero la realidad institucional actual requiere cambio y pronto. La JSF desde su inicio ha tenido el repudio de distintos sectores, lo cual es de esperarse pues viene a tratar de poner orden fiscal donde lo que ha imperado es el desorden que nos ha llevado a la quiebra per cápita más grande del mundo. Es necesario establecer canales de dialogo efectivos con la JSF para lograr que definir un claro mandato de política institucional a seguirse pues podemos anticipar que se avecinan tiempos borrascosos para la Universidad durante el presente cuatrienio.

Ante esta situación llega a mis manos una carta de 7 páginas de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) al Gobernador Pierluisi y al presidente de la Junta de Gobierno (JG) de la UPR, ingeniero Emilio Colón firmada por Natalie Jaresko con fecha de 12 de abril 2021, en la que la JSF se queja de que el Plan Fiscal propuesto el 5 de marzo 2021 por el presidente de la UPR Jorge Haddock, requiere revisión y más información antes de la Junta de Supervisión Fiscal certificar que este cumple con los requerimientos de PROMESA.

La JSF requiere en la carta -entre muchos asuntos- cambios y explicaciones por parte de la Presidencia respectos a los ingresos y gastos de base para el Plan Fiscal propuesto para los años fiscales 21 y 26. Le señala específicamente que proceda  ajustar la reducción en la asignación de $94 millones según señalado en el Plan Fiscal certificado del ELA.

Que la información provista por la UPR de lo recibido de las Máquinas Tragamonedas difiere de la provista en el Plan Fiscal Certificado del ELA. Que la ajuste según la información provista en el plan Fiscal certificado del ELA.

Le señala que se explique la proyectada perdida de ingreso de 10% para el 2022 y de 5% para el 2023 y que la corrija con las proyecciones contenidas en el Plan Fiscal certificado del ELA.

Que provea una proyección detallada del impacto de las medidas del protocolo de Covid 19 e indique si el plan propuesto consideró el impacto de los fondos disponibles para ser reembolsados por el American Rescue Plan y otros fondos de emergencia.

Que provea detalles del impacto de la pandemia y de otras fuentes de ingreso que la UPR este considerando en los próximos 5 años… que provea un detalle de los ingresos perdidos por el Covid 19 para ser considerados para solicitar reembolso a través de los distintos programas de asistencia federal.

Se pregunta si la UPR planifica invertir dinero adicional en la infraestructura para proveer cursos virtuales que garanticen la capacidad para proveer cursos graduados y subgraduados en línea.

Que el plan propuesto demuestra una reducción de $3 millones en la nómina ajustada y que provea detalles de los ahorros asociados con la nómina. Que provea un roster segregado por tipo de empleado elegible para cuidado de salud y beneficios de pensión y aquellos que no lo son. Que provea detalles sobre cuales salarios están cubiertos por donativos de investigación.

Señala que el plan propuesto por UPR tiene una diferencia de $12 millones menos (-7%) en los ingresos por concepto de matrícula. Pregunta cuantos estudiantes del total  provienen del sistema público y cuantos del privado y que se provea un desglose de la merma de estudiantes matriculados por recinto.

Se señala en el Plan Propuesto que $13.4 millones o 10% de aumento en los ingresos han sido generados internamente. Se le pide que provea los detalles sobre las fuentes de ingreso en este particular y los componentes principales de crecimiento adicional.

El plan propuesto señala una reducción significativa en los siguientes desembolsos operacionales: servicios comprados, servicios profesionales y gastos de transportación. Se pide proveer una explicación de la razón por la que ese ajuste sea parte de las proyecciones básicas de gastos en lugar de ser parte de las medidas.

La JSF requiere los siguientes cambios o explicaciones respecto a las medidas de ingreso incluidas en el Plan Propuesto:

                          En el Plan Propuesto no cuadran los aumentos en los costos de la matricula con los del Plan Fiscal Certificado (PFC). En el Plan Propuesto el costo promedio de matrícula por estudiante es de $6,252 mientras el Plan Fiscal Certificado requiere un costo promedio de matrícula de $7,446. Se requiere que se ajuste el costo de matrícula de acuerdo con el Pln Fiscal Certificado o señale que otra fuente de ingresos la UPR estaría considerando para sostener esta reducción.

                          El Plan Propuesto establece que las exenciones de matrícula estarán limitadas a tres categorías (veteranos, asistentes de cátedra y estudiantes de honor) sin embargo la UPR ha añadido otra categoría que incluye representantes estudiantiles. Se pide que se provea el número de estudiantes que anticipa en esta categoría y el impacto financiero que esta tendría.

                          El Plan Propuesto señaló que en el año fiscal 2020 la UPR sometió un total de 588 propuestas con una aprobación de 44 % y recibió donativos por $161 millones. Adicionalmente la UPR anticipa un aumento de $20 millones para el 2023 por este y otros esfuerzos. Se le solicita una lista de pasadas propuestas y propuestas actuales que tienen pendiente posibles aprobación de fondos asi como los esfuerzos que se están haciendo en esta área de desarrollo organizacional.

                          El Plan Propuesto no indica sobre iniciativas de ingreso por concepto de patentes y se solicita información al respecto.

                          El Plan Propuesto debe incluir una sección sobre donativos de exalumnos. Se solicita un detalle de los donativos anticipados por este concepto por el periodo del Plan. Se solicita detalles sobre las alegadas donaciones recibidas por la UPR según mencionado por el Presidente Haddock ( $10 millones anuales ) en la llamada de  abril 2021 a  miembros de la Junta de Supervisión Fiscal.

La Junta de Supervisión Fiscal requiere explicaciones sobre las medidas de gastos señaladas en el Plan Propuesto particularmente sobre el alegado ahorro de $19.8 millones para el año fiscal 2022.

La JSF señala que hay una serie de áreas en las que es necesario mejorar o cambiar la manera de reportarlas para lograr mayor visibilidad y mejorar el monitoreo de las mismas.

Finalmente, la JSF le señala al gobernador la fecha del 30 de abril para que se someta el Plan Fiscal revisado y actualizado que incluya todos los modelos fiscales y de apoyo.

No entro aquí en más de los muchos detalles adicionales de falta de información creíble e inconsistencias por parte de la administración de Haddock de las que se queja Jaresko en la bochornosa carta al Gobernador, pues esta consta de 7 páginas.

El hecho de que Natalie Jaresko -en esta carta- tenga que recurrir a solicitarle información al Presidente de la UPR, a través del Gobernador, sobre las operaciones de la UPR, claramente significa que la alta gerencia – específicamente la Oficina del Presidente- no está siendo responsiva, transparente ni los datos incluidos en el reciente Plan Fiscal sometido a la Junta de Supervisión Fiscal son creíbles. Tampoco la Oficina del Presidente ayuda a la Junta de Gobierno (JG) pues la hace quedar mal ante la Junta de Supervisión Fiscal ya que la responsabilidad final del Plan Fiscal es de la Junta de Gobierno. En otras palabras, la JSF no le da credibilidad a la JG ni al Presidente Haddock con el Plan Fiscal de la UPR el cual está siendo ajustado para ocultar la verdadera realidad financiera de la UPR y las llamadas ejecutorias del presidente. Se da a entender que ha habido un acuerdo implícito entre el Presidente Haddock y la JG para ocultarle información a la JSF. Esto es nefasto para la credibilidad de los miembros de la JG como cuerpo colegiado.

 Analizando cada uno de los datos que se solicitan podemos concluir que todos están disponibles en diferentes oficinas de la Presidencia y que no debe haber problemas en someterlos en o antes del 30 de abril. La JG debe pedirle al Haddock que le someta dicha información en o antes del 26 de abril y le certifique a la JG que la misma es correcta so pena de destitución por falta de integridad. A su vez la JG le debe someter a la JSF los datos solicitados con la certificación del presidente.

Por todo lo anterior se puede concluir que:

1.  Ni el presidente Haddock ni su equipo de trabajo conocen la operación de la UPR y no saben ni como empezar a estructurar la misma.

2. El Presidente Haddock no está siendo integro y honesto con la JG con el fin de ocultar sus deficiencias y la poca o ninguna transformación que ha hecho en la UPR.

3. Que la JSF, como entidad evaluadora externa profesional, conoce mejor las operaciones de la UPR que la propia gerencia universitaria.

4. Que el presidente Haddock no está dispuesto a hacer una verdadera transformación de la UPR por temor de antagonizar las diferentes asociaciones o gremios de la UPR. Prefiere el mantener el actual estatus quo para su sobrevivencia como presidente que el futuro de la UPR.

5- El Presidente Haddock tiene un salario de $240,000 anuales más beneficios marginales como casa, automóvil, chofer y gastos de representación que suman alrededor de $350,000. Además de esto se le reclutó prometiéndole una plaza docente permanente de catedrático. Todo esto porque supuestamente era un efectivo y extraordinario recaudador de recursos externos de filantropía – no de recursos federales como de investigación , becas y ayudas económicas a los que se acceden por razones que nada tienen que ver con la gestión personal del funcionario – pero la realidad es que no ha conseguido prácticamente nada de empresas, ni de exalumnos con mucha solvencia, asi como tampoco ha puesto en vigor un plan de Práctica Intramural para toda la institución que generen los recursos necesarios. Tampoco hemos visto un plan efectivo de reducción y de integración de recintos, ni de reorganización académica que acabe con la duplicidad e irrelevancia del gran número de cursos y programas académicos existentes. La opción no puede ser pedir más dinero al estado para seguir haciendo más de lo mismo porque el estado no tiene los recursos y mucho menos para sostenerla en la actual situación de irrelevancia y desprestigio en la que lleva tiempo sumida.

6-Haddock ha demostrado que no es un líder transformacional ni uno que toma decisiones a base de los datos que se tienen de la nueva realidad fiscal de Puerto Rico y de la propia UPR.

Una carta como la enviada por la JSF dirigida directamente al gobernador y al presidente de la JG constituye una prueba de que el Presidente Haddock ha perdido totalmente la credibilidad ante dicha Junta. Esto junto a todo lo anterior debe ser razón de peso suficiente para que este someta su renuncia a la Junta de Gobierno de la UPR o esta solicitársela a la mayor brevedad posible por el bien de la institución. Ya esto no aguanta más.