Apuntes sobre el co gobierno universitario en la UPR y sus intenciones.

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30 de noviembre 2021

Apuntes sobre el co gobierno universitario en la UPR y sus intenciones.

Desde la rectoría de Don Jaime Benítez en la UPR hasta su fin, don Jaime estuvo luchando porque no se instituyera y prevaleciera el cogobierno universitario que tanto daño le ha causado a muchas de las universidades latinoamericanas. Este cogobierno surge en las universidades latinoamericanas como respuesta de la reforma de Córdova (1918) a la universidad colonial fundadas por los jesuitas españoles en la época colonial. Las universidades de esa época se fundaron siguiendo los modelos de Salamanca y Alcalá de Henares con el objetivo principal de proveer localmente de instrucción a los novicios de las órdenes religiosas que acompañaron al conquistador español y para proporcionar oportunidades de educación similares a las que se ofrecían en la metrópoli, a los hijos de los peninsulares y a los criollos, a fin de vincularlos culturalmente con el imperio. En realidad, la universidad colonial existió y trabajó en función de los grupos dominantes, creando una tradición clasista que aún se evidencia en muchas universidades Latinoamericanas.Como resultado de la reforma de Córdova , además de la autonomía universitaria referente al estado, la docencia libre, la selección de los profesores mediante concursos para la opción, la enseñanza gratuita, la asistencia social a los estudiantes, una de las características de la universidad latinoamericana lo ha sido el cogobierno institucional por parte de los estudiantes.

Esta universidad latinoamericana se caracterizó por el énfasis casi exclusivo en la docencia y para dirigirlas se estableció el modelo horizontal de gobierno democrático colegial llevado a cabo por la propia facultad y los estudiantes.

Desde el siglo 19 – como producto de la revolución científica e industrial- comenzó a surgir con gran ímpetu particularmente en los Estados Unidos, la universidad de investigación del Estado “Competitive Research University”.

La estrecha relación exitosa de interdependencia entre el desarrollo científico y económico y la universidad norteamericana de investigación con su modelo administrativo que las ha convertido en las líderes mundiales en la educación superior, ha hecho que gran número de universidades latinoamericanas progresistas hayan descartado el modelo tradicional limitado a la enseñanza y hayan adoptado el modelo de universidad norteamericana. Esta nueva universidad comienza a ser apoyada económicamente en forma masiva puesto que el Estado necesitaba el producto de la investigación para su desarrollo económico y social. Este tipo de universidad se constituyó en una organización compleja que requiere profesionalizar sus cuadros directivos y orientar su desarrollo para ponerlo en sintonía con la visión y metas del desarrollo del país.

La universidad del Estado no es independiente del Estado. El concepto autonomía es distinto al de independencia. Se le ha otorgado a la institución la autonomía fiscal necesaria mediante una formula, un presupuesto que la libera grandemente de estar sujeta a los vaivenes de depender constantemente de la voluntad de los políticos para adjudicarle los recursos que esta requiere para su operación. Sin embargo, esto no le da derecho a usarlos en forma que viole la ley o los reglamentos de sana administración pública.

 Se le ha otorgado también la autonomía académica para que decida qué enseñar y como enseñarlo, pero esto tiene que hacerlo dentro de unos parámetros que le permita ser acreditable por las instituciones que velan por la calidad de lo que se enseña a tono con los intereses del pueblo que la auspicia. No es para enseñar sin visión ni propósito u objetivos claros.

La Universidad de Puerto Rico no es un enclave divorciado de o ajeno al pueblo de Puerto Rico que es quien paga por su funcionamiento. Por ser una institución pública -del Estado- sufragada por los contribuyentes -al igual que las universidades estatales en los Estados Unidos- le responde al estado. Esto lo hace por medio de una junta de gobierno que en su mayoría esta compuesta por representantes del interés público.

La Universidad de Puerto Rico igual que otras instituciones políticas y de gobierno del país -y el país mismo- desde hace muchos años se han convertido en rehén de una minoría de extrema izquierda ruidosa, agresiva y osada que hábilmente ha ido adentrándose y copando las estructuras de poder hasta hacer las instituciones ingobernables. Esto ha sido así en gran medida debido a la alternancia del poder político entre los dos partidos principales que durante las pasadas décadas nos han gobernado. Ambos partidos han llegado al poder- las más de las veces- con pequeñas mayorías y con el poder legislativo y ejecutivo dividido. Es decir, han gobernado en condiciones de precariedad. Esto ha hecho posible que gobernantes y políticos populistas -más pendientes de contar votos y de candidaturas que de gobernar- hayan cedido poderes que no le corresponden, a aquellos que más gritan y más presión ejercen. Esto ha llevado a la Middle States Council on Higher Education (MSCHE) a señalar hace un tiempo atrás a la Universidad como una institución carente de gobernabilidad y al ex gobernador Rafael Hernández Colón (QEPD) a señalar al país como uno ingobernable. 

En el caso de la Universidad de Puerto Rico las distintas administraciones de ésta han ido cediendo sus poderes a organismos oficiales y a grupos extraoficiales de la institución. A pesar de que existen en ley mecanismos de participación de estudiantes, de docentes y no docentes en la discusión y toma de decisiones en los distintos niveles y foros académicos, a estos grupos se les ha ido concediendo -de facto- paulatinamente prácticas y derechos que no estaban contemplados en las leyes del país tales como – entre otros- la negociación colectiva y el derecho a la huelga. Todo ello disfrazado o justificado como medidas demostrativas del gran carácter de justicia social y apego por principios democráticos, cuando la realidad es que han sido cedidas por miedo de los administradores de turno de la universidad y del país a las repercusiones de la agitación universitaria por elementos de la izquierda en los procesos políticos eleccionarios.

Una de esas prácticas y políticas que supuestamente comenzó como un intento genuino de la comunidad universitaria para la solución de conflictos mediante la no violencia, desde hace tiempo se ha desvirtuado totalmente su intención, constituyéndose en un impedimento para la gobernabilidad institucional, ha sido la llamada política de no confrontación.

Esta mal llamada política de no confrontación ha servido como manto sagrado para que elementos revoltosos, anarquistas, irrespetuosos de la ley y el orden institucional y del país violen reglamentos, leyes y derechos a tutiplén. Provoquen, confronten, desafíen, insulten y agredancomo les plazca y enseguida apelen a la política de no confrontación para que no se les arreste, encause ni se les apliquen las leyes y reglamentos. Increíblemente, ya se espera y se pretende -por haberse constituido en la práctica usual por administradores timoratos y cobardes- el que en aquellos casos que se logre apresar a estos delincuentes, no se les discipline de forma alguna, que no se proceda contra ellos en aras de que son jóvenes inocentes víctimas del sistema, que lo que hacen es protestar contra las injusticias del sistema ejerciendo su derecho a la libertad de expresión.

Conjuntamente con esta política de no confrontación existe la errónea percepción de que la policía del país está totalmente vedada de entrar a la institución para garantizar el orden y los derechos de las personas que desean acceder a la institución para llevar a cabo sus funciones mientras se ejerce por distintos grupos los paros y huelgas ilegales.

En la huelga de estudiantes que recientemente “terminó” en el recinto de Río Piedras con la firma de un “convenio colectivo” mediante el cual la gerencia básicamente les concedió a los estudiantes la capacidad y poder de negociar las determinaciones administrativas/académicas, es decir, el recinto concedió de facto el cogobierno universitario.

Con el cese de esa huelga estudiantil lo único que hasta ahora se ha demostrado es la incapacidad del gobierno de hacer cumplir las leyes del país pues es un hecho que esa es y ha sido una huelga ilegal. Ver el caso UPR vs. Laborde Torres, 2010 TSPR 225, el cual declaró que los estudiantes no tienen derecho a huelga, y la administración tiene la obligación de salvaguardar los derechos de todos los miembros de la comunidad universitaria. Ante esa realidad, no se ha acudido por la Junta de Gobierno al tribunal para emitir un interdicto de cese y desista y proceder a arrestar a su liderato si no la terminan. O sencillamente a llamar la policía y arrestar al liderato estudiantil que se encuentra obstruyendo la entrada a los recintos y el funcionamiento de la institución.
La excusa que se ofrece para no hacer eso es que no se tienen la prerrogativa de movilizar la policía para hacer cumplir la ley. Varios Juristas consultados me han señalado que lo anterior no es cierto. Pero aún si tuvieran dudas y reservas en asi hacerlo motu proprio, cómo JG tienen la responsabilidad de ilustrar al gobernador sobre las consecuencias para la institución de no hacer cumplir la ley en el caso de una huelga estudiantil ilegal. Tienen la obligación ministerial de ejercer como cuerpo esa responsabilidad que aparentemente no lo han hecho y si lo hicieron háganlo saber.
Si luego de ejercer esa responsabilidad, el gobernador no les da el aval para hacer cumplir la ley, entonces la responsabilidad queda en manos del gobernador asi como también las consecuencias. Pero lo que es inaceptable es que la JG en última instancia no haya hecho cumplir la ley o haberle solicitado al gobernador la necesidad de hacer cumplir la ley.

Tenemos que estar claros de que esta es una huelga ideológica. Es una huelga que obedece a una estrategia que lleva décadas gestándose para utilizar la Universidad como ente desestabilizador del gobierno tal como ha ocurrido en países como Cuba, Venezuela, Nicaragua y otros.  Las decenas de peticiones de los estudiantes para irse a una huelga ilegal han sido la excusa. De igual manera el llamado diálogo, al que los estudiantes, la presidenta interina y rectores mediante los llamados comités de dialogo apelan que se respete, no es otra cosa que un mecanismo para comprar tiempo para evitar que se utilice la ley en contra de los revoltosos y asi continuar con los procesos desestabilizadores institucionales y del gobierno.

Ante la cobardía administrativa en el Recinto de Rio Piedras y la mirada apática de la Junta de Gobierno, los estudiantes revolucionarios y sus mentores consiguieron de facto el co gobierno universitario, elemento indispensable para lograr constituirse en un ente desestabilizador. Este “logro” próximamente habrán de extenderlo a otras unidades en lo que vuelve a presentarse el proyecto de Vargas Vidot, P del S172.

No debemos bajar la guardia con la derrota por un solo voto de ese proyecto de marras que,con un lenguaje y prosa altisonante y buenista, es un engendro de las mentes separatistas, socialistas comunistas que por generaciones han promovido el cogobierno universitario, para entregarle la Universidad de Puerto Rico a los estudiantes y profesores de la extrema izquierda, y de ahí mover sus fuerzas hasta lograr su propósito de convertir a Puerto Rico en una república socialista. Primero tomar la Universidad y luego a Puerto Rico. Ese ha sido el caso en la mayor parte de los países que forman parte de las dictaduras comunistas. Tomar primero la Universidad y luego al país.

A esa opción del cogobierno se opuso Don Jaime Benítez en su día y hoy con el devenir del tiempo y las circunstancias geopolíticas esa oposición es más necesaria. No permitamos que una Junta de Gobierno y una administración de la UPR ineptas y cobardes se plieguen ante los grupos subversivos de la izquierda y lleven a nuestra universidad al desastre total que se perfila.

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