Las libertades civiles en los treinta – nPor Mario Ramos

Las libertades civiles en los treinta

Página de un libro
>Suministrada.

Sin esperarlo, ha caído en mis manos un informe que la American Civil Liberties Union (ACLU) publicó en febrero de 1939. Con el sugestivo título de Civil Liberties in American Colonies, esta publicación hace énfasis en su portada del propósito de la misma: “This pamphlet is published to bring before the American public the issues of democratic rights in our island territories for the purpose of arousing remedial legislation in Congress.”

El informe, una revisión del emitido en 1933, expone el estudio sobre los derechos civiles en los territorios durante esos años: Filipinas, Hawái, Guam y Samoa en el Pacífico, y Puerto Rico e Islas Vírgenes en el Caribe. La Zona del Canal -territorio de los Estados Unidos por muchos años- y Alaska no están incluidos porque su población es densamente americana y los problemas de derechos son análogos a los de los estados continentales.

Los casos de Samoa Americana y Guam son parcos y breves. Para el momento del estudio, no se les había concedido la ciudadanía americana y de manera dictatorial permanecían bajo la tutela del Departamento del Navy sin un estatus legal definido y sin interés de parte del Congreso de los Estados Unidos de ejercer cambio alguno a su condición política.

Así cambian los tiempos.

En las Islas Vírgenes, adquirida por compra a Dinamarca en 1917 por $25 millones, la ciudadanía americana les fue otorgada en 1927 a todos los habitantes y en 1931 se estableció un gobierno civil. Aun así, como en los demás territorios, el gobierno de los Estados Unidos ejercía -y ejerce todavía- total control sobre el territorio.

La ley Tydings-McDuffie de 1934 fue la que le otorgó la independencia a Filipinas. Adoptando una constitución conforme a la legislación congresional, había luego un periodo de transición hacia la soberanía separada a efectuarse en 1945. Luego se extendió hasta el año siguiente por motivos de la Segunda Guerra Mundial. El informe señala la posibilidad de un gobierno militar despótico o una dictadura fascista luego de la independencia.

Sobre el caso de Hawái es poco lo que dice. Recomienda que su estatus de territorio cambie al de estado, y señala abusos cometidos por los dueños de las plantaciones de azúcar y piñas que explotan a los trabajadores con salarios míseros y que las autoridades locales no pueden hacer nada por estar bajo la influencia de los terratenientes.

A Puerto Rico le dedica varias páginas. Reconoce que desde 1898 se han establecido sobre 2,200 escuelas y que la tasa de analfabetismo se ha reducido de 80% a 35 %. La educación escolar se ha hecho compulsoria y la Universidad de Puerto Rico goza de prestigio académico y alberga alrededor de 5,000 estudiantes. Además, recomienda la celebración de un referéndum entre estadidad e independencia.

El informe hace una síntesis apretada sobre el movimiento independentista y señala que gran parte de la lucha por la independencia viene por la situación económica de la época, donde existían los grandes monopolios de la tierra y de la industria controlada por capital americano.

Durante esos años se dieron claras violaciones de derechos civiles como el cometido contra Antonio R. Barceló, al Tribunal Supremo rechazarle su pedido de retener el nombre de su partido. Además, violaciones al derecho de expresión se cometieron contra este líder y contra líderes nacionalistas al impedirles que transmitieran sus actividades políticas por radio.

El juicio contra Pedro Albizu Campos en el Tribunal Federal fue seguido por la ACLU. Arbitrariamente, se cambió el jurado con el claro propósito de que el líder nacionalista fuera encontrado culpable. Lo sentenciaron a prisión y luego esta entidad de defensa de los derechos civiles, aunque sin obtener respuesta, peticionó indulto al presidente de los Estados Unidos.

Denegarles permisos para reuniones públicas y paradas, rodear iglesias si la mayoría de la feligresía era nacionalista, la masacre de Ponce -tal vez,el acto más criminal perpetrado por cualquier gobierno en la historia del siglo XX- fueron ejemplos de la violación de derechos civiles en Puerto Rico.

La ACLU ha tenido un papel protagónico en la historia de los Estados Unidos. Entre otros, Brown v. Board of Education, que declara inconstitucional la segregación racial en las escuelas; Miranda v. Arizona, que obliga al estado informarle los derechos que tiene el arrestado, y Loving v. Virginia, que declara inconstitucional la prohibición de matrimonios interraciales, han sido llevados por ellos. Todos esos derechos conquistados en cualquier lugar de la nación protegen a todos los ciudadanos americanos en Puerto Rico y forman parte del acervo cultural de nuestro pueblo.

mramos

Mario Ramos Méndez

Mario Ramos, Historiador

Lo ultimo en política de Puerto Rico/USA

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