En 1987 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos decidió el caso de California v. Cabazon Band of Missions Indians, donde la controversia giró en torno al desarrollo de los juegos de azar en las tribus de nativos americanos, Cabazon y Morongo, que están enclavadas en el estado de California. Tenían salones de bingo, actividades donde se hacían altas apuestas y juegos de cartas, como el póker, y eran patrocinados por personas de afuera. Una ley del estado californiano prohibía que se celebrara cualquier tipo de juego de azar en estas jurisdicciones.

El argumento de la tribu fue que las leyes del estado de California concernientes a los juegos de azar eran de carácter civil y, por lo tanto, los asuntos de los nativos americanos no caían bajo la jurisdicción legal del gobierno estatal. El Tribunal Supremo nacional, entre otras cosas, decidió dentro de su razonamiento jurídico, que “although state laws may be applied to tribal Indians on their reservations if Congress has expressly consented, Congress has not done so here”. O sea, “la reglamentación del estado sería violatoria del gobierno de la tribu.” Luego de esa decisión, el Congreso aprobó en 1988 la Indian Gaming Regulatory Act (IGRA).

Igual que los casinos comerciales, que son creados mediante legislación de los estados, los de las tribus indias son regulados por el Bank Secrecy Act. Son instituciones financieras no depositarias. Y fue por virtud de IGRA que se dio la proliferación de casinos en tierras nativo-americanas y que han servido para su desarrollo económico y la creación de empleos en estas jurisdicciones que por años padecían de pobreza y los efectos secundarios que ello conlleva; alcoholismo, drogas, bajo aprovechamiento académico, entre otras.

Por estar enclavadas en los estados, las tribus indias —por virtud de IGRA— deben negociar con los estados para poder desarrollar los casinos en sus tierras. La ley exige que la negociación sea de buena fe y lo que mayormente se negocia son las rentas que el estado pueda recibir de lo que produzcan las salas de juegos que estarán en operación. Esa negociación se da por ser ambas partes entes soberanos.

Las tres esferas de soberanía en los Estados Unidos y que pueden negociar entre sí —porque solo los soberanos pueden pactar— son el gobierno de los estados por virtud de la Décima Enmienda, el gobierno federal y el de las tribus indias, llamadas estas como “el tercer soberano”. En un caso hipotético, en que una nación india se estableciera en Puerto Rico y deseara tener casinos para su desarrollo económico, no tendría que hacer un tratado por carecer el Estado Libre Asociado de soberanía.

En Cherokee Nation v. Georgia se clasificaron como “domestic dependent nations”, y han sido “reconocidas como un pueblo capaz de manejar sus propios asuntos y gobernarse ellas mismas.” Por su parte, en Worcester v. Georgia se decidió que son poseedoras de su suelo y que “las leyes de Georgia no tenían efecto sobre la nación Cherokee. El gobierno de los Estados Unidos es el que únicamente tiene el derecho de regular las naciones con las naciones indias”.

Los casinos de estas jurisdicciones están protegidos de cualquier amenaza que ponga en peligro su existencia y salud financiera, porque las “leyes federales y la soberanía de las tribus indias contrarrestan cualquier intento de control que los estados tengan sobre las tribus indias”. (Véase a Jeffrey S. Ashle & Secody J. Hubbard, Negotiated Sovereignty: working to improve tribal-state relations). Por eso, se ha desarrollado la teoría de que los juegos de azar aprobados por los gobiernos tribales derivan de su “estatus de nación soberana preconstitucional que posee un poder inherente a la autodeterminación”.

A los nativos americanos se les concedió la ciudadanía americana el 2 de marzo de 1924. Tardío por su estado único de naciones soberanas en América del Norte. Hoy día hay más casinos tribales que casinos comerciales. 515 contra 466 de los estados. Generan sobre 737 mil empleos y tienen un impacto económico dentro de la geografía indígena y de la nación, en general, de sobre $122 billones, y todo esto es por su significativa autoridad sobre los juegos de azar como actividad económica.