Entre la semana pasada e inicios de la presente, hemos podido inferir que la posición y candidatura a la comisaría residente en Washington trae consigo algún tipo de enajenación. La enajenación como concepto se refiere al estado objetivo en que nuestros productos, actos y obras se han convertido simplemente en nuestros enemigos. Somos, en lo producido, otro, que no solo no reconocemos, sino que nos resulta ajeno. Ajeno en el sentido enfático de enemigo, de algo que se nos niega.

Por un lado, el que aparentemente será el único candidato a la mencionada posición por parte del PPD, comenzó con el pie izquierdo. Tras Pueblo vs. Sánchez Valle, la aprobación de la Ley Promesa y las experiencias con la Junta de Supervisión Fiscal que trajo la misma, muy pocas personas tienen la fuerza de cara suficiente para atreverse a aseverar que Puerto Rico no es una colonia. En pleno día de su presentación en sociedad, el nuevo retoño de la dinastía de Hernández Colón, dijo precisamente eso sin que tan siquiera se sonrojaran un poco sus mejillas. Señaló además al ELA como la mejor alternativa de estatus político y hasta unas nuevas 936 se atrevió a proponer; eso cuando dijo que era cuestión de dejar de llamarle foráneas a los efectos tributarios de las empresas estadounidenses, sino más bien que era cuestión de denominarles como empresas locales con trato contributivo preferente. Desconoce o prefiere mentir al respecto. Ello toda vez que a partir del Acuerdo Sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias de la OMC, se prohíbe categóricamente ese tipo de medidas contributivas en su Art.2.2. Ya desde 1991, expertos de la ONU señalaban aquella sección 936 y otras análogas de Reino Unido con Irlanda como prácticas indeseables en el comercio internacional. Eso que promete Pablo José no es posible.

Por otra parte, la semana pasada en este mismo espacio de opinión, la comisionada residente esbozó sobre la libre asociación una serie de argumentos que de igual manera denotan mucho desconocimiento sobre el tema y/o ánimo demagógico. Ante su patente y evidente fracaso gestacional respecto a la estadidad, aparentemente esta decidió atacar la alternativa de la libre asociación en lugar de defender la estadidad. Jenniffer González lleva casi ocho años como comisionada residente en Washington. Durante todo ese periodo de tiempo, lo único serio aprobado a nivel congresional —por lo menos en la cámara baja— fue producto de las gestiones de Nydia Velázquez dentro de sus compromisos con ciertos sectores del Partido Demócrata, junto con el empujón final de parte de Steny H. Hoyer quien le estaba pagando favores viejos a Pedro Pierluisi. Ante ello, la comisionada residente, utilizando alegada experiencia en la aprobación de nuevos acuerdos entre algunas islas del pacífico y EE. UU., optó por atacar a la libre asociación. Perdiendo de perspectiva que la voluntad descolonizadora se trata de la concertación y unión de voluntades de parte de todos los sectores que promulgan y promueven la descolonización de Puerto Rico. Peor aún, ataque fundado en la demagogia. Primero: dijo González que la libre asociación son tratados entre naciones independientes. Eso no es cierto. Las tres islas en la negociación que ella citó, nunca fueron colonias de EE. UU. Las mismas fueron puestas en administración de EE. UU. en un fideicomiso creado por la ONU conforme a los Artículos 86 al 91 de su carta constitutiva. La libre asociación que algunos promovemos para Puerto Rico es la referida en la Res. AG ONU 1541 (XV) propuesta incluso por el propio EE. UU. para casos de territorios no autónomos bajo control de alguna potencia administradora conforme al Art.74 de la carta en el que caeríamos nosotros. Por lo tanto, no se tiene que decretar independencia para ello. Peor aún, Jenniffer le dice brutos a los estadounidenses que promovieron la aprobación de la Res 1541 (XV) en la que en ningún momento se indica que la libre asociación es lo mismo que independencia, más, por el contrario, las trata como dos fórmulas distintas y separadas en su propio inciso y definición. Segundo: Que los nacidos en esas islas no son ciudadanos americanos. La realidad es que nunca lo fueron y en ningún momento, tras ser puestos en fideicomiso administrado por EE. UU., se le otorgó ciudadanía, a diferencia de Puerto Rico. Tercero: Que solo recibirán siete billones de dólares en veinte años. No les dice la comisionada que esas tres islas del Pacífico tienen poblaciones similares a Adjuntas, Cayey y a Guaynabo, municipios a los que si les dieran siete mil millones por veinte años, estarían bien contentitos.

Enajenación, desconocimiento o demagogia, escoja usted.