No caigamos en la trampa socialista separatista – Por Dr. José M. Saldaña

 26 diciembre 2023

 No caigamos en la trampa socialista separatista.

Los puertorriqueños somos, ciudadanos americanos que vivimos en un territorio no incorporado bajo los poderes plenarios del Congreso de los Estados Unidos. Ante la enorme quiebra del gobierno territorial producto de décadas de gastos onerosos por parte de gobernantes irresponsables, el Congreso se vio en la necesidad de crear la Junta de Supervisión Fiscal mediante la aprobación de la ley PROMESA. Esto con el propósito de enderezar las finanzas del territorio, sacarnos de la quiebra y propiciar un desarrollo económico local sostenible.

Hasta tanto no se evidencie que se han elaborado de forma consecutiva cuatro presupuestos balanceados en conformidad con los estándares de contabilidad, o sea sin que los gastos excedan los ingresos, y que el gobierno de la isla tenga un acceso adecuado, a corto y mediano plazo, a los mercados financieros, a intereses razonables, la Junta de Supervisión Fiscal permanecerá en Puerto Rico.

El Director Ejecutivo de la Junta Robert Mújica hijo, advirtió recientemente, que ni siquiera se ha certificado uno de los cuatro presupuestos equilibrados que se requieren bajo la ley PROMESA para poner fin a sus funciones, y que hasta ahora no ha habido un presupuesto en el que la JSF no haya tenido que intervenir.

Ante esa realidad y la de que la mayor parte de los puertorriqueños deseamos la estadidad para Puerto Rico – según señalan todas las encuestas- los sectores anti-estadistas / antiamericanos y socialistas del patio se han unido y han diseñado e implementan una bien pensada estrategia para detener la estadidad a cualquier precio. Esta estrategia incluye a sectores independentistas de los medios de comunicación, la Universidad, las organizaciones laborales, intelectuales, artistas, la jerarquía de la iglesia católica, el PPD, el PIP y su mogolla con Victoria Ciudadana.

Parte importante de esa estrategia es tratar de lograr que la Junta de Supervisión Fiscal se vaya de Puerto Rico y regrese el gobierno al populismo con el derroche de fondos para otorgando – entre otras cosas – más y mejores beneficios a las agencias públicas y a todos hasta volver a la situacion de crisis fiscal de, hace unos años.

A esos efectos recientemente hemos visto como una serie de catorce lideres sindicales de Puerto Rico junto al congresista independentista, residente en los Estados Unidos, Luis Gutiérrez y Jesús Chui García, se trasladaron a Washington DC y abogaron por que el Congreso eliminara la Ley PROMESA y la JSF que controla las finanzas del gobierno electo de la isla.

En declaraciones escritas que circularon por distintas oficinas del Congreso estos señalaron: “Ante la dictadura colonial de la junta de control fiscal, hoy nos unimos trabajadores y el pueblo, en una sola voz, para reclamar ante el Congreso de Estados Unidos que derogue la ley PROMESA, y la imposición de la Junta, para dar paso a un proceso justo que conduzca a ejercer como pueblo nuestro derecho a la justicia salarial, un retiro digno, proteger servicios esenciales e impulsar un plan de desarrollo económico sostenible”,

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en el descargo responsable de sus funciones informó el pasado viernes por medio de su director Ejecutivo Robert F. Mújica, hijo, sobre varias determinaciones positivas en torno a pedidos de asignación o reasignación de fondos para agencias de gobierno, así como extensiones del plazo a usarse.

“Esta carta es en respuesta a varias solicitudes de reprogramación presupuestaria presentadas por varias agencias gubernamentales a través de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) a la Junta de Supervisión y Administración Financiera de Puerto Rico (la Junta de Supervisión Fiscal) para su revisión y aprobación”. La carta a la OGP fue dirigida a su director ejecutivo señala lo siguiente:

La Comisión Estatal de Elecciones recibirá $14,309,152 adicionales para la compra de equipo. Además, obtendrá $2,683,460 para contratar empleados transitorios, entre otros gastos.

La Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura obtuvo $32,735,955 para el proyecto de construir un hospital en Vieques.

Al Departamento de Educación se le asignaron $31, 266,779 para reparar o rehabilitar escuelas.

Al Departamento de Justicia se le otorgaron $ 174,890 para adquirir un banco de baterías que le permita seguir trabajando en medio de interrupciones en el servicio de electricidad.

Mientras que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio recibirá $10,792,906 para el Fondo de Incentivos Económicos.

A la Administración de Familias y Niños le aprobaron $11,735, para ser usados hasta el 30 de junio de 2024, que es la fecha del fin del año fiscal estatal.

Asi es como debe hacerse. No se puede hacerle caso a las peticiones de estos socialistas que siguen empeñados en un gobierno grande para la isla que todo lo controle.

Otro elemento ideológico en la estrategia obstruccionista de la mogolla socialista es revertir la decisión que se tomó de privatizar la generación y distribución de energía eléctrica para que sea otra vez la AEE – el gobierno – quien se haga cargo de suplir la energía eléctrica al país. Esto a pesar de que la AEE fue llevada a la quiebra por las onerosas demandas de la UTIER, la ineficiencia administrativa y gobiernos irresponsables que sucumbieron ante estas.

Tenemos que recordarles a los lectores que luego del desastre dejado por la AEE – la quiebra de la empresa- el actual gobierno otorgó contratos a empresas privadas Luma Energy y Genera para la generación y distribución de la energía eléctrica.

Desde un principio la UTIER con Figueroa Jaramillo y los sectores de la mogolla socialista /separatista se han opuesto tenazmente a esto y abogan por darle marcha atrás. Estos han pretendido tratar de convencer a la ciudadanía mediante noticias y reportajes fatulos en la prensa de que los servicios ahora están peor que cuando estaban en las manos de la AEE. Pretenden que la ciudadanía acepte que el desastre dejado por más de 60 años de ineficiencia por parte de la AEE y la UTIER se corrija por estas organizaciones privadas en solo un año y medio.

La realidad se está haciendo evidente y ya se ha informado que, en el pasado año fiscal, los clientes sufrieron menos interrupciones del sistema eléctrico y éstas fueron de menor duración que en años anteriores, según un informe de 93 páginas publicado por el Negociado de Energía que analiza el desempeño de Luma Energy, Genera y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Durante el periodo de julio de 2022 a junio de 2023, la duración de las interrupciones (SAIDI, por sus siglas en inglés) fue de 1,218 minutos. La métrica histórica de la AEE era de 1,243 minutos en promedio por año para un cliente.

El dato, aunque representa una mejoría, “aún está lejos de la exigencia impuesta por el Negociado de Energía en llevar a los consumidores a disfrutar de un sistema de energía de primera categoría al mismo nivel de los mejores sistemas eléctricos en Estados Unidos, que están entre 133 a 102 minutos por año. Dicha meta es prioridad para el Negociado de Energía y está directamente relacionado a los incentivos que Luma y Genera tendrán que trabajar y demostrar al país para lograr dichos incentivos”.

Por otro lado, el número de interrupciones (SAIFI, por sus siglas en inglés) por cliente se ha reducido a 7.0 interrupciones por año comparado con la métrica histórica de la AEE para el año fiscal 2020 de 10.6 interrupciones por año.

El Negociado de Energía exige a los operadores del sistema eléctrico que las interrupciones se reduzcan a solo una interrupción en promedio por año.

Además, el Negociado de Energía anunció el lanzamiento del portal “PREPARE”, con información sobre ventas, generación y demanda.

“En cumplimiento con nuestro deber de transparencia, todo el proceso de evaluación de estas métricas fue público y abierto. De la misma manera, nos aseguraremos de que LUMA cumpla con sus obligaciones con el gobierno y el pueblo de Puerto Rico. Los cambios que estamos viendo son un paso en la dirección correcta pero falta todavía mucho trabajo por hacer”, comentó Edison Avilés Deliz, presidente del Negociado.

El Negociado de Energía aprobó una reducción de 3.8% en el factor de ajuste trimestrales por compra de combustible y compra de energía de 23.4 centavos por kilovatio hora (kWh) a 22.5 centavos por kWh para el trimestre de enero a marzo de 2024.

Para un hogar con un consumo de 800 kWh al mes, la nueva tarifa se traducirá en una reducción de $3.9 en su factura mensual, un ahorro de 2.1%.

La resolución del Negociado también incluye una reserva en el factor de compra de energía de $0.004390, o sea, menos de medio centavo, para cubrir cualquier costo derivado de la tercera enmienda al contrato de compra de energía y operación entre la AEE y la termoeléctrica de AES. De concluir dicho proceso de renegociación sin impacto económico, se le devolvería a los clientes la cantidad que se cobre por este concepto de reserva mediante un crédito en una futura reconciliación.

“El rol de Negociado es hacer un balance en pro del interés público. Eso implica velar que no se le pasen gastos excesivos al consumidor, pero igual significa evitar las irresponsabilidades gerenciales que llevaron a la Autoridad a la quiebra. En esta reconciliación, nos complace ver una tarifa que se mantiene estable y, responsablemente, estamos tomando previsiones ante impactos futuros producto de otros procesos pendientes,” explicó Avilés Deliz.

La próxima revisión trimestral se llevará a cabo a finales del mes de marzo de 2024.

Estos sectores antiestedidad / socialistas se están confrontando con la realidad de que ambas instituciones la JSF y las privatizadoras de la energía eléctrica están llevando a cabo su función. Una dándole marcha atrás a la quiebra y mejorando la economía, la otra mejorando el servicio de energía eléctrica a la ciudadanía. Esto hace que en su rebeldía estos sectores tengan que optar por acciones más contundentes. Sobre esto tenemos que estar pendientes, sobre todo en este año de elecciones.

No podemos caer en la trampa socialista separatista.