Fallas en Tribunales

No entregarán copias de documentos al PPD

El Desencajado usó fondos públicos para la defensa personal de AAV
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El senador popular Eduardo Bhatia reaccionó a las expresiones de su homólogo novoprogresista Roger Iglesias y de su interpretación a la orden emitida por la jueza Gisselle Romero Díaz, diciendo que él no puede decidir a cuál material tienen acceso y a cuál no. (Primera Hora / Vanessa Serra Díaz)

sábado, 21 de abril de 2012   –  Maritza Díaz Alcaide / Primera Hora

Los populares sólo podrán “mirar” los documentos que el Senado recibió de manos de la Administración de Tribunales sobre el uso de propiedad y personal de la Rama Judicial por parte de los jueces del Supremo.

El presidente de la Comisión de Seguridad y Asuntos Judiciales de la Cámara Alta, Roger Iglesias, se reafirmó ayer en que no le entregará a la delegación del PPD las copias que está solicitando porque algunos de los documentos “son confidenciales”.

El “examen” de los documentos, agregó Iglesias, lo podrán llevar a cabo los populares el lunes en su oficina en el Capitolio, donde se guardan las 40 cajas llenas de papeles.

El senador aclaró que la delegación popular está recibiendo copias de algunos documentos, pero sólo de los que se utilizan como “prueba” durante las visitas ejecutivas que se llevan a cabo sobre las supuestas irregularidades cometidas por el juez presidente del Supremo, Federico Hernández Denton.

“Él no puede decidir qué va a entregar o qué no va a entregar”, reaccionó Bhatia airado, cuando supo de la interpretración que Roger Iglesias le da a la orden emitida por la jueza Gisselle Romero Díaz.

El PPD interpreta que la jueza ordenó que les den acceso total a la información, y que eso incluye el poder fotocopiar los papeles y llevarse las copias.

Las vistas acerca del caso de Hernández Denton continuaron ayer a puerta cerrada.

Ayer prestaron testimonio los alguaciles José A. Calzada García de la Noceda y Julio César Altieri, quienes en el pasado trabajaron con la oficina del Juez Presidente.

Fuentes de Primera Hora aseguraron que a Altieri le preguntaron cómo el Juez llevaba a cabo sus trabajos y realizaba sus funciones al frente del sistema judicial, y que éste contestó que siguiendo las reglamentaciones.

Altieri –dijo la fuente– afirmó que no había visto nada anormal.

A Calzada García de la Noceda lo cuestionaron sobre la actividad del 50 Aniversario del Tribunal Supremo, una actividad que el Senado intenta probar que era de la firma de corretaje UBS y que se pagó con fondos públicos.

Calzada García de la Noceda insistió que la misma fue organizada por la Fundación del Tribunal Supremo y que, hasta donde él tenía entendido, UBS fue uno de los coauspiciadores del evento.

Altieri, se indicó, trabaja ahora en Mayagüez y Calzada de la Noceda en Carolina.

“Los dos cooperaron con la investigación” dijo Iglesias al culminar las audiencias.

El presidente de la Comisión de Seguridad señaló que, de los empleados de tribunales que han desfilado por las vistas, unos han corroborado información sobre las supuestas irregularidades de Hernández Denton y otros dicen que “no recuerdan”.

San Juan (PE) – El 19 de marzo de 2012, la Oficina del Contralor de Puerto Rico emitió un informe (INFORME DE AUDITORÍA DA-12-52) que confirma las denuncias de corrupción en la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, bajo la dirección del popular Juez Federico Hernández Denton. Entre los hallazgos de la contraloría, se pueden destacar la pre-contratación de una entidad jurídica privada sin que mediara subasta, tal como lo requería la reglamentación vigente; la contratación con una entidad jurídica privada sin proteger como venía obligada por ley los intereses de la OAT; cánones de arrendamiento estipulados para los edificios de la OAT y del Tribunal de Apelaciones en exceso de la cantidad razonable que se paga en el mercado; el no cobro de las penalidades acordadas con una entidad jurídica privada por la entrega tardía de un edificio para uso de la OAT; visos de conflictos de intereses entre un funcionario del Poder Judicial y un empleado de la firma de ingenieros a cargo de la Oficina de Inspección que representaba a la OAT en la construcción de los edificios; y la no registración de los contratos en conformidad a la ley y a la reglametanción aplicable al Registro de Contratos en la Oficina del Contralor de Puerto Rico. Por tales actos, de seguro los populares ya le hubieran exigido a la Cámara de Representantes de Puerto Rico el inicio del Jucio Político al Juez Presidente si se hubiera tratado de un juez estadista. ¿Qué esperan los estadistas para exigir de su Cámara de Representantes el inicio del Juicio Político del Juez Presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico? Ya tienen el informe de la Oficina del Contralor de Puerto Rico, y previo a éste, la determinación del pleno de jueces asociados del Tribunal Supremo de Puerto Rico con relación a su intervención indebida en investigaciones constitucionales de otros poderes públicos. En palabras claras, ya la Cámara de Representante no tiene excusas para hacer lo que le compete hacer por disposición constitucional. Manos a la obra, sin miedo.
Vea PDF file DA-12-52.pdf
INFORME DE AUDITORÍA DA-12-52 19 de marzo de 2012 Tribunal General de Justicia Oficina de Administración …
… DE AUDITORÍA DA-12-52 19 de marzo de 2012 Tribunal General de …
http://www.ocpr.gov.pr/informes_en_PDF/pdf_2011_2012/da/DA-12-52.pdf •  viernes, 30 marzo 2012, 1:53pm GMT •  6203k
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