De la colonia a la estadidad V, VI, VII, VIII & IX

Vea De la colonia a la estadidad (Parte I)

De la colonia a la estadidad (Parte V)

14 de mayo de 2012 – Opinión – 

Parte 7 de ‘La Nueva Escuelita Estadista’

La vergüenza causa ambivalencia, les planteaba en mi columna pasada. Por eso, el liderato PPD, aunque de la boca hacia afuera lo niegue, ha demostrado históricamente estar profundamente inconforme y avergonzado ‘del ELA’, queriendo significar la condición de inferioridad política en que vivimos. Esa condición dentro del sistema federal se nos impuso por el Congreso y la Corte Suprema en las leyes Foraker (1900) y Jones (1917) y en los casos de Downes (1901) y Balzac (1922). En 1951, sin embargo, los líderes Populares de entonces convencieron a los puertorriqueños que aceptaran voluntariamente en referéndum esa condición de inferioridad política. Desde entonces, cargamos ese carimbo para nuestra desgracia y nuestra vergüenza colectiva.

La primera expresión clara de cuanto se avergonzaba el liderato del PPD de ‘el ELA’ fue en 1959, a solo ocho años de haber dado el consentimiento a la condición de inferioridad política, cuando propusieron el Proyecto Fernós Murray para derogar la Ley de Relaciones Federales y sustituirla con esa nueva ley que le hubiera dado mayores poderes a Puerto Rico. Aparte de hacer patente tanto la condición de inferioridad política como la vergüenza y ambivalencia del PPD, el proyecto no logró nada. Luego, Muñoz trató de usar su relación con Kennedy para impulsar cambios a ‘el ELA’ pero solo logró la creación por el Congreso del STACOM, que no resolvió nada excepto dos cosas: (1) indirectamente, hacer saber que el Congreso no habría de considerar grandes cambios a ‘el ELA’; (2) directamente, proponer un mecanismo para que los puertorriqueños pudiéramos proponer cambios menores a esa condición de inferioridad política a través de unos llamados comités ad hoc.

La frustración de Muñoz y el liderato PPD fue total. Entonces, de forma oportunista, se les ocurrió hacer un plebiscito en 1967 para pedirle a los puertorriqueños que volviéramos a ratificar la condición de inferioridad política de ‘el ELA’ que precisamente habían estado tratando de cambiar. Vueltos a someterse, entonces pedirían cambios menores por medio de unos comités ad hoc. Triunfaron en el Plebiscito del 67 y posteriormente se nombrarían dos comités ad hoc, pero no se logró ni un pequeñito cambio cosmético a ‘el ELA’ a través de este mecanismo. Todo fue otra gran impostura para mantenernos en la condición de inferioridad política, en ‘el ELA’.

En el relevo de la vergüenza del liderato del PPD por ‘el ELA’, le tocó en 1972 a RHC llevar el batón. Como gobernador en 1973, consiguió la creación de un comité ad hoc que estudió y propuso sustituir la condición de inferioridad política de Puerto Rico definida a principios del siglo XX, ‘el ELA’, con un Pacto de Unión Permanente que crearía de nuevo a ‘el ELA’. La misma paleta con diferente palito.

Los cambios que proponía el Pacto de Unión Permanente no hubieran creado un Puerto Rico totalmente diferente. En general, era una continuación de lo que existía. Lo importante para los líderes del PPD era que hubiera derogado la Ley de Relaciones Federales creando un nuevo Estado de Derecho. Desgraciadamente el nuevo Estado de Derecho que se hubiera creado seguiría siendo territorial y colonial a la vez que pretendía, por la alegada ‘bilateralidad’ del Pacto, poner obstáculos a que Congresos futuros pudieran hacer a Puerto Rico un estado federado o una nación independiente. Ni el Presidente de Estados Unidos ni El Congreso le prestaron ninguna atención a esta absurda propuesta. No hay cambios posibles a ‘el ELA’.

Después de ser derrotado por Carlos Romero Barceló en 1976, Rafael Hernández Colón se retiró a cavilar sobre el presente y futuro de Puerto Rico. Con la ayuda de la intelligentsia universitaria del PPD y diversas fuentes de Latinoamérica produjo en 1978 lo que llamó ‘La Nueva Tesis’ en la que pretendió darnos una visión latino­americanizada de Puerto Rico a tenor con la Teoría de la Dependencia en boga en aquellos momentos. La Nueva Tesis terminó siendo a manera de una declaración sobre la necesidad cultural y económica de la independencia en la que se concluía con un rechazo a la independencia política. (¿Quién habló de ambivalencia?) El miedo de RHC a la soberanía separada y la mentalidad colonialista acendrada de los que lo ayudaron a escribir la Nueva Tesis era mayor que el deseo de cambio. Para nada sirvió la Nueva Tesis.

RHC volvió a residir en La Fortaleza en 1985, pero no empujó sus ideas sobre el estatus apercibido por la Casa Blanca de Ronald Reagan que no habría ambiente para considerar cambios. No fue hasta que George Bush (padre) fue electo a la Presidencia que se le envió la señal en 1988 que bajo su presidencia habría interés en considerar posibles cambios a la condición de inferioridad política de la Isla. (En realidad, George Bush quería promover la estadidad para Puerto Rico, algo con lo que se comprometió desde 1980 cuando corrió y ganó la primaria republicana en la Isla.)

Apercibidos por Bush del deseo de atender el asunto, en 1989, los tres presidentes de los partidos locales reclamaron por carta firmada por los tres que Estados Unidos nunca había consultado a los puertorriqueños sobre sus preferencias en cuanto a las opciones de status. El Congreso entonces aprobó el llamado ‘Comité de Diálogo’ que trajo a la consideración del Congreso las opciones que le presentaban los partidos. Las peticiones ‘wish list’ que el PPD presentó para ‘el Nuevo ELA’ se incluyó en el Proyecto del Senado S712. Contenía toda una serie de peticiones, absurdas, contradictorias o irrealizables en la que pretendían tener los poderes de una república independiente, los beneficios de un estado federado y ninguna de las responsabilidades de una o del otro. En el proceso de consideración senatorial esa propuesta se redujo a unas pocas mejoras al ELA que se consignaron en el sucesor del S712, el S244.

Inconformes con la opción resultante, RHC como gobernador movió sus aliados en el Congreso para matar el S244 en comisión. Así se hizo por un solo voto. (¿Alguien dijo oportunismo?)

Los líderes del PPD ya habían aprendido que ‘el Nuevo ELA’ del S712 no era constitucional ni políticamente posible.

Pero los Populares, avergonzados del rechazo a todas sus propuestas, no se olvidarían de ellas. Las habrían de resucitar para el Plebiscito de 1993. De ahí surgió para consumo local el Frankenstein político que fue la definición de ‘Lo mejor de los dos mundos’. A eso y sus derivados voy en mi próxima columna.

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De la colonia a la Estadidad (Parte VI)

22 de mayo de 2012 – OpiniónPolítica – 

Parte 8 de ‘La Nueva Escuelita Estadista’

Mis amigos, esta serie de columnas ya está teniendo efecto: los defensores de la Estadidad las leen, las recortan, las distribuyen por Internet, las comentan con sus amigos, hacen con ellas su propia escuelita. Los enemigos de la Estadidad y del progreso para Puerto Rico, por su parte, rabian y publican comentarios apócrifos contra mi persona demostrando cuanto les incomoda que, después de tantas décadas de mantener como verdad oficial el gran engaño de ‘el ELA’, me haya dado a la tarea de denunciarlo de manera históricamente exacta pero en forma sencilla, para el Pueblo, en esta Nueva Escuelita Estadista. Les incomoda sobre todo que esté explicando la verdadera naturaleza de la Ley 600, del proceso de 1950 a 1952, de ‘el ELA’ y la estrategia posterior de los líderes del PPD. Les duele que haya demostrado como es claro que se sienten avergonzados de lo que han creado y siguen defendiendo.

Porque no pueden negar que desde 1952, con gran ambivalencia y desacierto en sus posiciones, andan buscando la forma de ‘mejorar’ a ‘el ELA’. Se avergüenzan de lo que es esa opción en la realidad, tanto como de que el Congreso nunca les ha hecho caso cuando piden ‘mejoras’. Más aún, que en todo momento los que de verdad mandan les hayan dejado claro que gobiernan a Puerto Rico con poderes plenarios a tenor con la Cláusula Territorial, es decir, como una colonia. Esto los lleva a la ambivalencia de querer, por un lado de la boca, justificar lo que existe –‘el ELA’ territorial colonial y, por el otro lado, exigir cambios para ‘mejorarlo’. La vergüenza produce ambivalencia, y la ambivalencia sirve de base para mayores vergüenzas. No hay paz para los impíos (Isaías, 48-22) ni siquiera en los momentos que parecen triunfar. Veamos los detalles en la historia que vamos recontando.

La primera gran derrota electoral de ‘el ELA’ ocurre en 1993, aunque los líderes del PPD reclamaron la victoria. Vamos a los datos para evitar engaños. En el plebiscito de ese año desaparece el apoyo mayoritario que, por la fuerza de la personalidad de Luis Muñoz Marín había logrado el ELA en 1951 y 1967. Menos del 50% de los electores (solo el 48.6%) aprobaron con su voto la condición de inferioridad política que se nos impuso entre 1900 y 1922, y, que a instancias del liderato Popular refrendamos por el voto en 1951.

Sin el respaldo de una mayoría absoluta, la condición política actual quedó en esencia deslegitimada; es decir, la mayoría de los puertorriqueños declararon con su voto que no favorecen que Puerto Rico continúe con el régimen imperante. Estamos siendo gobernados sin el consentimiento pleno de los gobernados. Esa es la verdad.

Lo grande es que ‘el ELA’ perdió su legitimidad a pesar de que en ese plebiscito sus defensores utilizaron una engañifa que el gobierno dominado por el PNP les dejó pasar. Confiado del triunfo de la Estadidad, permitieron que los partidos que defendían cada una de las fórmulas produjeran la definición de la opción que aparecería en la papeleta. Los líderes del PPD vieron en esa cláusula su salvación: habrían de pedir el apoyo para un ‘ELA’ de fantasía que no existía, y que no tenía posibilidad de existir, el de “lo mejor de los dos mundos”, para transformar el respaldo que recibiera en apoyo a “el ELA tal como existía”. (Dígame usted, ¿necesitamos alguna prueba adicional de la ambivalencia o de hipocresía?)

Esa definición engañosa la basaban en la petición de un llamado “pacto bilateral” que no podría “ser alterado sino por mutuo consentimiento”; ahí estaba la primera mentira de esa definición. El Congreso siempre ha hecho claro que no existe un pacto bilateral que le impida al Congreso ejercer los poderes supremos, con inmunidad soberana, sobre Puerto Rico según el interés nacional así lo requiera.

Además, en virtud de la cláusula territorial (Constitución de EE.UU., Art IV, Sec. 3 Pár. 2, Línea 1), el Congreso tiene poderes plenarios para establecer localmente cualquier regla o reglamento necesarios para gobernar el territorio. Nada puede hacer el Gobierno de Puerto Rico para protestar o impugnar esos poderes gracias al consentimiento que los líderes del PPD hicieron que diéramos en 1951 y refrendáramos en 1967.

Mintieron igualmente al decir que de continuar bajo la presente condición política, los nacidos en esta isla están asegurados de no perder en el futuro la ciudadanía americana (ciudadanía americana irrevocable); y que es imposible que futuros Congresos nos impongan limitaciones al mercado con los estados (mercado común), o que nos obliguen a crear el dólar puertorriqueño (moneda común) o que nos saquen fuera de la protección de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de América (defensa común). Todo eso lo podíamos perder entonces y lo podemos perder ahora mismo si el Congreso decidiera concedernos la soberanía con que coquetean los líderes Populares.

La ambivalencia que sienten los Populares por la condición de inferioridad política y la manera descarada en que mienten sobre este tema se hizo clara otra vez con su reacción a los resultados del Plebiscito de 1993. Los Populares alegan que ‘el ELA’ ganó el plebiscito ya que sacó más votos que la Estadidad (46.2%) o que la Independencia (4.4%). Pero fíjense si sabían que su victoria no era real, que no se atrevieron a ir al Congreso a pedir ningún cambio o ‘mejora’ a ‘el ELA’. En otras palabras, se sacaron la lotería pero no fueron a cambiar el billete por la vergüenza del premio que pidieron.

“Hipocresía de hipocresías y todo es hipocresía” (cf. Kempis) en lo que ‘el ELA’ se refiere. Todo lo que dijeron en la campaña de 1993 sobre mejorar ‘el ELA’ (las mismas que van a tratar de vendernos ahora en el 2012) fueron mentiras; lo que querían y lo que lograron fue mantener la condición territorial colonial de manera inalterada. Es lo mismo que habían querido y logrado en 1951 en 1967. Es lo mismo que quieren lograr en este plebiscito votando doble: votando por el ‘SÍ’ para justificar lo que existe y por el ELA Soberano para ocultar lo abyecto tras lo imposible. Son como el esclavo que lame y ama sus cadenas; y las lamen por ambas puntas.

De nuestra parte está detener ahora ese gran engaño histórico continuado. NO se les puede permitir que en la misma papeleta vuelvan a votar dos veces por el ELA. Y sobre todo tenemos que salir todos a votar para ver que esta vez gane el NO y la ESTADIDAD.

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De la colonia a la estadidad VIII

4 de junio de 2012 – OpiniónPolítica – 

Parte 10 de ‘La Nueva Escuelita Estadista’

Entre las principales mentiras que constantemente cotorrean los líderes del PPD, tanto en Puerto Rico como en el Congreso, se destaca el afirmar, sin probar, que el ‘ELA’ ha triunfado en todas las consultas sobre status; que ha sido la única fórmula preferida del electorado por los pasados 60 años. Eso es falso. Mire, si bien el ‘ELA’ logró un respaldo considerable en el referéndum de 1951 y el plebiscito de 1967, ya en 1993, los resultados del plebiscito hicieron patente que el ‘ELA’ no contaba con al apoyo de una mayoría absoluta de los puertorriqueños y advino ilegítimo como régimen político. Esa fue su primera gran derrota. Más aun, considere que en el plebiscito de 1998 se demostró que prácticamente nadie apoyaba al ‘ELA’ en sus diversas expresiones para esa fecha. En esa consulta, además, la Estadidad emergió como la alternativa preferida de los puertorriqueños, por mucho, entre las opciones de cambio para poner fin a nuestra condición de inferioridad política. Vamos a los detalles.

El plebiscito de 1998 fue consecuencia del proceso bipartidista que comenzó en el Congreso con la iniciativa del presidente Bush, padre, y que para 1997 se concretaba en el llamado Proyecto Young. La importancia de ese proceso, como expliqué en mi columna anterior, es que gracias al mismo se fue definiendo en el Congreso, con la participación de ambos partidos nacionales -el Republicano y el Demócrata- una política pública bipartita sobre el asunto del status de Puerto Rico. En una columna por venir discutiré en detalle el contenido de esa política bipartita. Baste por ahora señalar que, en cuanto a lo procesal, no producirían resultados que tuvieran validez y eficacia congresional aquellas consultas en las que se presentaran opciones de status sin definiciones, como en 1967, o con definiciones amañadas, como en 1993. Para tener validez en el Congreso, las opciones que se presentaran al Pueblo tenían que ser válidas, tanto desde la perspectiva del Derecho Internacional púbico y como del Derecho Constitucional americano.

El plebiscito bajo el Proyecto Young les hubiera presentado a los puertorriqueños unas definiciones descolonizadoras y “el ELA como existía” de naturaleza territorial y transitoria. Las opciones para una verdadera consulta al Pueblo estaban listas. El Pueblo estaba presto a definir su futuro… pero “no contaban con su astucia”… los líderes del PPD, respaldados por el dinero de las 936, lograron descarrilar el Proyecto Young en el Senado federal por obra del senador racista Trent Lott. Así frustraron de nuevo el deseo y el derecho de los puertorriqueños a tener un régimen político que de verdad tuviera el consentimiento de los gobernados. No quedaba entonces, más remedio que legislar localmente para aprovechar la definición congresional de las opciones. Así se cumplía la promesa a esos efectos del programa de gobierno del PNP para las elecciones de 1996.

En ese plebiscito, la presente condición de inferioridad política, “el ELA como está”, fue derrotado monumentalmente. Solo obtuvo el .06%, 993 votos de los 1,566,270 votos emitidos.  Todos abandonaron el barco que se hundía. La libre Asociación (el ‘ELA Soberano’ de ahora) obtuvo 4,536 votos para un .29%, cinco veces más votos que “el ELA como está”. Juntos, ambos ‘ELA’ no captaron ni siquiera la mitad de un por ciento de los electores. La Independencia con 39,838 votos, el 2.6% del total, obtuvo siete veces más votos que todas las formas de el ‘ELA’, juntas. ¡Qué derrota!

Sin embargo, los líderes del PPD reclamaron la victoria. ¿Qué cómo? Mediante el truqueo, como siempre. Conscientes de antemano de que, con una papeleta que reflejara la verdad sobre las opciones de status y sin poder incluir fórmulas falsas, habrían de ser derrotados, los líderes del PPD y de la colonia recurrieron al Tribunal Supremo para tergiversar la consulta. Los jueces aliados en ese alto foro ‘legislaron’ la solución para proteger al ‘ELA’, alterando la papeleta de tal manera que cambiara todo el sentido de la consulta. Introdujeron en ella una ‘Quinta Columna’ en la que consignaron una ‘no opción’, “ninguna de las anteriores”. En ella, los electores podrían expresarse sobre otras cosas que no fueran las opciones reales de status, sino asuntos de política pública (e.g., la venta de la Telefónica) y a\un eventos naturales (e.g., la frustración por los estragos del huracán Georges).

Así, aunque en realidad los Populares votaron de manera que rechazaron a ambos ‘ELA’ al escoger “ninguna de la anteriores”, reclamaron el triunfo por esta lograr más votos que las otras opciones. En ese voto de rechazo, se les unieron un grupo sustancial de independentistas desafectos al PIP (calculado en no menos de 2% del electorado) y otro grupo también sustancial de personas que deseaban expresar su rechazo al gobierno PNP. Juntos, amasaron 787,900 votos, el 50.3% del total. Habían logrado que la mitad de los electores se confundieran al punto de negarse a sí mismos el derecho a afirmar su deseo, su dignidad y su progreso y, que en el proceso, le negaran ese derecho a la otra mitad de los electores. ¡Qué vergüenza!

Desgraciadamente para ellos (y para nosotros) lo que hicieron fue consignar las grandes contradicciones de la condición y de la mentalidad colonial. Con su voto volvieron a darle vida, ahora por inacción, a la condición de indignidad política. Su estrategia principal fue crear confusión; pues aquellos que se oponen a lo que es correcto, a lo que es beneficioso, a lo que es el futuro, no pueden triunfar, solo pueden impedir que triunfe la bondad creando confusión. Nunca es posible argumentar lógicamente a favor del error, de la indignidad o el progreso. Por lo tanto, los que favorecen esas maldades solo pueden distorsionar lo que es verdadero, crear dudas sobre lo que es cierto, hacer que el electorado actúe a base de pasiones descarriadas y sobre asuntos que no estén siendo considerados.

Esta lección los estadistas tenemos que tenerla clara: los que generen confusión en la consulta de status, sean quienes sean, los que rompan la unidad, los que sin tener la autoridad insistan imponer ‘de todos modos’ su manera de ver las cosas, son enemigos de la Estadidad.

Así en 1998, la infame coalición ‘ningunista’ saboteó para todos el proceso decisional; pero quedaba una reserva de dignidad entre el electorado de Puerto Rico: los 772,531 electores que votaron por fórmulas descolonizadoras. Entre estos, el 94% favoreció la Estadidad, demostrando claramente cual es la opción descolonizadora que tiene un apoyo contundente.  Entrabamos en nuevo territorio. A pesar de los trucos, avanzamos en la ruta ‘De la Colonia a la Estadidad’.

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De la colonia a la estadidad IX

11 de junio de 2012 – Opinión, Política

Parte 11 de ‘La Nueva Escuelita Estadista’

Archivo

En el plebiscito de 1998, el ELA perdió todo vestigio de legitimidad. Eso fue un gran triunfo para todo el pueblo de Puerto Rico. Sin embargo, sus resultados nos propinaron un golpe que no esperábamos. Vistos estos desde la perspectiva de los defensores de la Estadidad, contemplamos estupefactos como se nos pasó la oportunidad de demostrar que la Estadidad es la opción de cambio de status preferida de los puertorriqueños. La oposición a la venta de la Telefónica y el Huracán Georges, una causa política y otra natural, habían causado que los estadistas, siendo una mayoría real en la población, perdiéramos la oportunidad de demostrarlo. Desde la perspectiva de cualquier puertorriqueño, perdimos la ocasión de expresar nuestras preferencias pues el resultado no fue un mensaje claro al Congreso sino un absurdo: ‘ninguna de las anteriores’. Los que así escogieron, votando escogieron no votar, y de paso invalidaron el voto de los demás. ¡Qué desgracia!

Si es verdad que todas las cosas que ocurren tienen su razón de ser, entonces la explicación de por qué el destino nos jugó esa mala pasada a los estadistas en 1998 tiene que ser que no hubiera convenido solicitar la Estadidad a la misma vez que se desenvolvía en Puerto Rico el movimiento de oposición a la presencia del Navy en Vieques. Convenía que los pseudo líderes que convirtieron el asunto de Vieques en una cruzada antiamericana agresiva y violenta pudieran demostrar sus actitudes e ideología sin que se confundieran con los reclamos de los buenos ciudadanos americanos que favorecemos la Estadidad. Menos aun hubiera convenido haber logrado captar la atención del Congreso y poner en movimiento un proceso para resolver el problema del status en 1999 si Sila Calderón iba a ganar las elecciones del 2000. ¿Quién sabe a dónde esa señora hubiera conducido a Puerto Rico si el Pueblo hubiera dado un mandato de cambio en ese plebiscito. Visto en ese contexto, la ausencia de una victoria por mayoría absoluta para la Estadidad en ese evento puede haber sido una bendición disfrazada.

El mejor argumento a posteriori para dar apoyo a esa conclusión providencialista reside en la observación evidente que los resultados del plebiscito de 1998, lejos de enterrar para siempre el tema del status, avivaron su discusión. El triunfo del ningunismo recalcó, aquí y en el Congreso, la necesidad apremiante de llevar a su fin la presente condición política indigna de Puerto Rico. Consecuentemente, los 14 años desde entonces hasta ahora han sido unos de intensa actividad en el Congreso y en la Casa Blanca sobre el problema de la condición política de Puerto Rico. En este período hemos visto operar un Task Force del Presidente sobre el Status de Puerto Rico por más de una década, bajo tres diferentes presidentes, y producir tres informes (2005, 2007 y 2011). En estos informes se ha consignado una política pública, clara, elaborada sobre bases bipartitas, que establece la forma en que ha de concebirse y solucionarse el problema de subordinación e inferioridad que aflige a Puerto Rico.

El Congreso ha hecho también su parte para delinear esa política bipartita. Se han radicado en ese período, una serie de proyectos de ley en la Cámara de Representantes federal, a manera de prosapia del Proyecto Young, para atender el problema de nuestra condición política indigna, entre los que se destacaron los presentados por los comisionados residentes de Puerto Rico en Washington: el HR 900 de Luis Fortuño presentado en el 2007 y aprobado por el Comité de Recursos pero no considerado por la Cámara; y el HR 2499 de Pedro Pierluisi, que sí fue considerado y aprobado en el 2010 por la Cámara en pleno aunque no por el Senado. A estos se le unen unos ‘contraproyectos’ presentados por los representantes antipuertorriqueños Luis Gutiérrez y Nydia Velázquez que, por no pasar de ser mera charlatanería congresional, nunca tuvieron oportunidad alguna de ser considerados seriamente.

Cada uno de los proyectos serios de los comisionados residentes causaron que se produjera por las comisiones de jurisdicción sobre ellos, unos informes recomendando su aprobación en los que además, se consiga la misma política pública que aparece en los informes del Task Force de Casa Blanca. En ellos se presenta una interpretación de los eventos que tienen que ver con la condición política de Puerto Rico como parte de la historia nacional; un análisis esclarecedor de la condición territorial de la Isla que debe superarse; y, una enumeración taxativa de las opciones de cambio de status legalmente válidas y políticamente viables desde la perspectiva de Derecho Constitucional americano y del Derecho Internacional público. Se han producido además, otros informes que pudiéramos llamar técnicos que apoyan las interpretaciones que hacen y conclusiones a los que llegan.

Es decir que, a pesar de que Sila Calderón como gobernadora (2001-2004) y Aníbal Acevedo Vilá como comisionado residente (2001-2004) y como gobernador (2005-2008) trataron de impedir que se discutiera el status de Puerto Rico, en los pasados 14 años, el asunto no solo se siguió discutiéndose aquí y en el Congreso, sino que la discusión fue orientándose cada día más hacia la forma en que Puerto Rico debe solicitar la Estadidad. Hubo un avance claro en la ruta de la colonia a la Estadidad.

Con la gran victoria del PNP en el 2008 con Luis Fortuño como candidato a gobernador y Pedro Pierluisi como candidato a comisionado residente, Puerto Rico siguió avanzando hacia la Estadidad. Como los más elevados funcionarios electos por los puertorriqueños, el primero republicano y el segundo demócrata, han logrado asegurar que la Estadidad de Puerto Rico se mantenga vigente en la agenda nacional. Y lo han logrado a pesar de que Barack Obama parece estar más interesado en las contribuciones de campaña de los Populares y sus aliados en el continente que en completar la agenda inconclusa de la democracia americana acabando con la última gran colonia del mundo entero.

A pesar de la falta de interés de Obama, en estos cuatro años se continuó el desarrollo de una política bipartita en el Gobierno federal que, queriéndolo o sin querer, va demarcando la ruta de Puerto Rico hacia la Estadidad. En mi próxima columna detallaré los elementos constitutivos de esa política pública y explicaré cómo consignan el progreso que hemos hecho en la ruta de la colonia a la Estadidad.

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