Los sistemas de retiro de los empleados del Gobierno de Puerto Rico están confrontando graves problemas financieros.  De acuerdo a los estudios actuariales al 30 de junio de 2011, que son los más recientes que están disponibles, el Sistema de Retiro de los empleados del Gobierno de Puerto Rico cuenta con seis centavos de activos para pagar cada $1.00 de deudas.  Esto se traduce en un déficit actuarial de $25,491 millones.  Si añadimos el Sistema de Retiro para Maestros, el déficit actuarial asciende a $35,260 millones.

El problema surge, principalmente, por la forma en que se concibieron los sistemas desde sus comienzos, cuando se estructuraron como lo que se conoce en la industria como “defined benefits plans”.  Esto significa que se definieron los beneficios sin necesariamente atarlos a las aportaciones.

A manera de ejemplo, cuando se otorgan pensiones a base del salario promedio de los tres años con los sueldos más altos, pero se aportó al sistema a través de 30 años de servicios, la mayoría de ellos con sueldos menores, se han estado sentando las bases para el problema que vemos hoy.  Si a eso le sumamos los beneficios adicionales que se han concedido sin aumentar las aportaciones, no debe extrañarle a nadie la crisis que enfrentamos.

Para corregir esa situación, en el año 1999 (2004 para maestros), se cerró el plan de beneficios definidos para los nuevos empleados y se convirtió en un plan cuyos beneficios dependen de las aportaciones (“defined contributions plan”).  Quedan todavía tantos empleados en el sistema anterior, sin embargo, que esto no ha permitido resolver el problema.  Peor aún, lo que ha sucedido hasta ahora es que el plan viejo ha absorbido las aportaciones incluso de los empleados bajo el plan nuevo.

Para solucionar estos problemas, los actuarios han determinado que se necesita inyectarle a los sistemas de retiro $2,853 millones anualmente.  Esa cifra es muy alta para que pueda provenir de una sola fuente.  Por lo tanto, somos muchos los que tendremos que aportar a la solución.

Por un lado, los pensionados están disfrutando de unos beneficios mayores a los que les corresponderían a base de lo que aportaron al Sistema durante sus años de trabajo.  Por lo tanto, es posible que haya que reducirles las pensiones aunque esto represente incumplir con la promesa que se les hizo a través de sus treinta años de servicio.  Por otro lado, a los empleados actuales probablemente haya que pedirles que aporten más, aunque esto vaya en contra de su ya maltrecho poder adquisitivo.  Lo mismo vamos a tener que pedirle al patrono, o sea, al gobierno y sus agencias, aunque en la práctica eso saldrá del bolsillo del contribuyente.

Para bien o para mal, no hay una sola persona o entidad responsable por los problemas en los Sistemas de Retiro.  Dejemos de buscar culpables y busquemos soluciones.  En esto se nos va la vida como pueblo.

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