La representante novoprogresista Jenniffer González arremetió hoy contra la Administración de Familias y Niños (Adfan) por cesar un contrato con la Cooperativa de Servicios Legales (Cosel), que desde 2009 movilizó abogados especializados para atender en los tribunales querellas sobre maltrato de menores y otros importantes casos.
González planteó en conferencia de prensa que la no renovación del contrato a Cosel constituye una contradicción a la política pública anunciada por el gobernador Alejandro García Padilla en el sentido de que la presente administración impulsaría el movimiento cooperativista en Puerto Rico.
La expresidenta de la Cámara y portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) en ese cuerpo, además, destacó la alta especialidad de los abogados del equipo cooperativista y opinó que el cese de ese contrato pone en riesgo la atención adecuada de casos sobre maltrato, por lo que no descartó que niños o ancianos estén en alto riesgo debido a la decisión de Adfan, que ya contrató a otra entidad para realizar las labores encomendadas previamente a Cosel.
«Al quitar este contrato vendrá un estancamiento de los casos de menores que se están viendo hoy en los tribunales», sostuvo González, quien cuestionó si la acción de Adfan se trata «discriminación» porque el contrato fue otorgado en el cuatrienio pasado, bajo la administración gubernamental del PNP.
El representante novoprogresista, José Enrique “Quiquito” Meléndez, acompañado del director regional de la Juventud del Partido Nuevo Progresista (PNP) en Arecibo, William Xavier Rosales, presentaron la radicación de sendas querellas que señalan donativos ilegales a la campaña electoral del 2012, del alcalde popular de Quebradillas, Heriberto Vélez Vélez, por parte de una corporación que tiene contratos por más de $1.2 millones con ese municipio.
“Es sencillo, hay que respetar la ley. Aquí, vemos otro alcalde del PPD, que defrauda la confianza de su pueblo, le miente y favorece a los suyos a cambio de dinero. El señor Vélez, de forma descarada acepta donativos de corporaciones a las que luego le otorga contratos, y eso es ilegal. Sepa usted señor alcalde, que esta violando la ley, y le recomiendo que se prepare, porque la Contralora de Puerto Rico, el Departamento de Justicia, Ética Gubernamental y el FBI, serán testigos de las serias denuncias en su contra que aquí estamos presentando. No hay espacio para la corrupción en Quebradillas, ni para el fraude en Cataño”, sostuvo Meléndez.
Según la querella presentada por el legislador, el 22 de septiembre del año pasado a las 8:00 de la noche, el Comité Amigos de Heriberto Vélez Vélez, celebró una bohemia con el propósito de recaudar fondos para la reelección de su Presidente y Alcalde.
Del informe radicado, se desprende que dicho comité, el 15 de octubre del año pasado a las 11:26 de la mañana, presentó ante la Oficina del Contralor Electoral de Puerto Rico, a la actividad asistieron 111 personas y los ingresos fueron de $11 mil.
Además, el informe indica que entre las aportaciones en esta actividad se recibió la cantidad de mil dólares por parte de la corporación “Vega Morales Construction Corp.”.
Informes oficiales de la Oficina del Contralor sostienen que la corporación “Vega Morales Construction Corp.” tiene contratos con el Municipio de Quebradillas ascendentes a $1,248,052.06.
William Rosales Jr. manifestó que “ya sabemos que el alcalde de Quebradillas Heriberto Vélez Vélez, le ha fallado ha la confianza de nuestra gente y que tiene serios problemas con obedecer leyes y reglamentos electorales de Puerto Rico. En este caso, peor aún, ya que la transacción de dinero la efectuó con la corporación de construcción predilecta del municipio de Quebradillas. Es por esto que estaremos radicando copia de esta querella ante los foros locales y al FBI. Por mucho menos que esto, nuestro partido (PNP) ha expulsado funcionarios electos. Entiendo que el Alcalde de Quebradillas no tiene otra alternativa, debe renunciar inmediatamente a su cargo y de no hacerlo su partido tendrá que tomar cartas en el asunto porque la corrupción no se puede perdonar por nada, ni por nadie”.
El Artículo 6.007 de la Ley Electoral de Puerto Rico establece que ninguna corporación podrá hacer donativos de sus propios fondos en o fuera de Puerto Rico a partidos políticos, aspirantes, candidatos, comités de campaña, o a agentes, representantes o comités autorizados de cualquiera de los anteriores, o a comités de acción política sujetos a esta Ley que hagan donaciones o coordinen gastos entre sí. No obstante, podrá establecer, organizar y administrar un comité que se conocerá como comité de fondos segregados, que para el fin de donación y gastos se tratará como un comité de acción política que deberá registrarse en la Oficina del Contralor Electoral, rendir informes y cumplir con todos los requisitos Impuestos por la Oficina.
Según certificación ponchada el pasado 6 de agosto por la Oficina del Contralor Electoral de Puerto Rico, la corporación “Vega Morales Construction Corp.” no esta inscrita como un Comité de Fondos Segregados ante esa entidad pública. Además, de ir en contra del reglamento de la Oficina del Contralor Electoral, esta transacción de dinero viola los artículos de la Ley Electoral.
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