La expresidenta de la Junta Reglamentadora de las Telecomunicaciones (JRT), Sandra Torres, demandó al gobernador Alejandro García Padilla, y al actual jefe de JRT, Javier Rúa, reclamando una indemnización de $4 millones.

El juez federal a cargo del caso, Juan M. Pérez Giménez, denegó el entredicho provisional en el caso, donde Torres pedía que se reinstalara en el puesto, y dispuso que se celebre una vista evidenciaria el 7 de abril próximo en su sala en el edificio del Tribunal de Distrito federal en el Viejo San Juan.

En su solicitud de entredicho provisional, Torres solicitaba que se removiera a Javier Rúa-Jovet de su cargo y se permitiera a Torres retomar su posición como presidente. También Torres reclamaba que se prohibiera a los demandados interferir con sus operaciones en las oficinas de JRT, hasta que el Tribunal federal emitiera su fallo en lo que respecta a los méritos de su demanda.

Al denegar la moción de entredicho provisional, Pérez Giménez recalca que el propósito de este tipo de recurso legal es prevenir daños irreparables que acontezcan en el periodo previo a que se vea el caso en sus méritos. Pero dice el juez federal que Torres esperó 8 meses después de que Rúa-Jovet se le presentó como nuevo presidente designado a JRT, por lo que Pérez Giménez no percibe que mantener a Rúa-Jovet en el cargo pudiera convertir en inefectivo cualquier remedio que genere del caso.

En su demanda, Torres plantea que la reorganización de la agencia, fue un engaño para disponer de la plaza de Torres. Indicó que ella fue designada a su puesto por un término de 6 años, los que expiran en noviembre de 2015. Agrega que tiene un interés propietario sobre su puesto como presidenta como al puesto de comisionada de la Junta.

Torres indica que fue sacada de su puesto por su afiliación al Partido Nuevo Progresista, por tanto su destitución fue una basada en discrimen político.