Un potente virus contamina el sistema nervioso central del servicio público. Lleva décadas propagándose por las arterias del Estado, minándolo poco a poco, dejándole inválido, sin que a nadie en posición de hacer algo se le ocurra cómo detenerlo, claro está, porque cualquiera «en posición de hacer algo» también es víctima de esta plaga.
El nombre del virus todos lo conocen y lo sufren, aunque no todos quieran reconocer la insondable magnitud de la devastación. Este virus se llama el partidismo político y ha envenenado de tal manera el servicio público que, a estas alturas, hay quien cree, y no sin cierta razón, que ya no tiene remedio.
Que venga Dios y vea si esto no es un problema de proporciones paquidérmicas. Que venga y vea si en cada rincón de cada agencia no hay un comisario velando por su partido, marcando territorio, pavoneándose y persiguiendo el que de arriba, complotando, y boicoteando el de abajo.
Que venga y vea si no están recogiendo dinero y reclutando gente para el partido, repartiéndose puestos, en tareas de dirección, siguiendo el libreto de la colectividad y no el del servicio. Que venga, pues, y vea si la inmensa mayoría de los que tienen puestos de dirección no los lograron por su lealtad al partido y no por sus méritos. Que venga y vea si esto no causa una monumental desmoralización en el servicio público porque todos saben que esmerarse no tiene ningún sentido, pues los ascensos y los privilegios, salvo muy raras excepciones, se dan por servirle bien al partido y no por ser un buen empleado.
Que venga, en fin, a ver si el buen servidor público cuyo espíritu está comprometido con el país y no con el partido no vive un infierno en las agencias públicas, porque ve todo su esfuerzo, esmero, compromiso, dedicación y talentos, ignorados porque tiene criterio propio y no sigue libretos de lo absurdo.
Brincan por ahí muchos, están brincando al leer esto, porque se reconocen, porque saben que esta es una verdad tan grande como una montaña y se sienten amenazados cada vez que se toca el tema. Le tienen terror a que se hable de esto porque el que no está en ese baile lee esto, lo mira y lo ve desnudo: ve que todo lo que tiene, lo que es, lo que aspira ser, todo su destino, en fin, están atados a cuán bien le sirva a su partido, a cuantas caravanas, mitines y reuniones de marquesina vaya, y no a ningún talento especial que tenga de los que tanto necesitamos para sacar al país del profundo hoyo en que está.
Este problema tiene consecuencias devastadoras. Uno ve la ineficiencia crónica de las agencias públicas y, si no tiene la vista bien afinada y no comprende que todo pasa por una razón, puede creer que los boricuas somos así, mediocres e incompetentes.
No lo somos. Lo que pasa es que las tareas de dirección en las agencias generalmente no las tienen los más talentosos, sino los que se pintan la cara de X o Y color. Las decisiones las toman ellos, los planes los hacen ellos, las prioridades las establecen ellos.
Hemos tenido, alguna vez, por obra y gracia de la providencia, la fortuna de que el comisario de barrio es también un buen funcionario de gobierno, una persona seria y talentosa. Pero ha sido una de mil veces, porque por lo general el talentoso tiene el espíritu ocupado en cosas un poco más productivas que estar fotuteando por las redes sociales, pasquinando o gritando «chiji chijá, chijajajá, el mío, el mío, arriba va» en mítines y repitiendo como papagayos cuanto disparate diga un político.
En su último mensaje ante la Legislatura, el gobernador Alejandro García Padilla propuso una medida dizque para atajar este problema. Dicha medida, una copia de un estatuto federal, no atiende ni una cuarta parte del problema. Prohibe cosas que ya están prohibidas o define como ilegales cosas que ya están definidas como tal en otros estatutos.
Además, contiene disposiciones que parecen inconstitucionales, como la prohibición de que los empleados públicos promuevan la participación en ciertas asociaciones políticas. Eso se puede prohibir en horas laborables, pero fuera cualquiera puede pertenecer a la organización que le plazca.
La medida, en fin, no toca ni de lejos el verdadero problema aquí. El problema no es que las batatas políticas se asocien entre sí; el problema es que las batatas existan.
Para eso, lo que hay que hacer es establecer reglamentos en el gobierno que obliguen, por ejemplo, a condicionar los nombramientos, ascensos o puestos de dirección a que los candidatos pasen exámenes que demuestren sus aptitudes. Si el comisario politiquero tiene el talento, que pase el examen. Si no, que coja el servicio público en serio. Cuando se entere de que «lamberle el ojo'» al político no le garantiza nada, de seguro lo hace y así nos beneficiamos todos.
«Ha habido en el mundo tantas pestes como guerras y, sin embargo, pestes y guerras cogen a las gentes siempre desprevenidas», decía Albert Camus en su clásica novela, La Peste.
El partidismo político en el servicio público es una peste. Pero no estamos desprevenidos. Lo vemos. Está ahí. Hiede como cadáver abandonado.
Hagan algo si se atreven.
(benjamin.torres@gfrmedia.com, Twitter.com/TorresGotay)
Por suerte, los llamados servidores públicos estadistas no son sofisticados y en la propia asamblea dejaron ver la verdadera razón de su protesta. Desde arriba el flautista les dijo el libreto: Invoquen el derecho constitucional a la libertad de expresión. Pero esa no era la verdadera motivación. La música de hechizo que hace mella en los fanáticos los llevó a derroteros menos altruistas y así fue como aprobaron otras resoluciones de apoyo a varios candidatos, entre ellos, el hijo de Rosselló, quien por pura casualidad estaba presente.
Les propongo por un momento que aceptemos las siguientes hipótesis como si fueran ciertas: Estamos en 2017 y el aludido candidato ha ganado las elecciones. Sé que es duro el ejercicio, pero no se vayan todavía. Presumamos además, que surge una vacante en uno de los departamentos de la Rama Ejecutiva. Uno de los aspirantes es un empleado que lleva quince años en la agencia, nunca se ausenta, conoce todos los procedimientos y es muy eficiente. La plaza a disposición es el paso lógico de ascenso para el anónimo funcionario. El otro aspirante es uno de los servidores públicos estadistas, lleva apenas cinco años en la dependencia, pero vendió taquillas para los cumpleaños del hijo del mesías, siempre decía presente a la hora de decorar postes y plazas con retratos del sonriente heredero y en la agencia llevaba la cuenta de los que cooperaban con las actividades y ayudaban a alcanzar las cuotas. Era de las voces más activas al movilizar la asociación en la recolección de donativos para la campaña. Hasta aquí la hipótesis. Ahora viene la pregunta. ¿A quién le darán el ascenso?
Las asociaciones proselitistas no cumplen ninguna función en el gobierno. Por el contrario son perniciosas porque fomentan la división entre compañeros de trabajo, menoscaban el principio del mérito y desmoralizan a los que cumplen su deber. Además, las actividades políticas en el trabajo son actos de corrupción. No le pagamos a nuestros servidores públicos para promover una caravana, preparar listas de asistencia o vender boletos para un candidato.
Si hubiera una discusión seria sobre los derechos constitucionales, habría que decir que no existe un derecho absoluto a la libre expresión y que es legítimo limitar tal derecho en el ámbito del empleo público. La discusión jurídica es importante y debe darse en el marco de seriedad y ponderación que figuras jurídicas tan fundamentales ameritan.
Mientras tal discusión se da, el flautista seguirá tocando y allá irán los incautos detrás de la melodía que los hechiza y los hace caminar en fila. Pero que nadie se salga de la línea, les dice el que toca la música, que hasta ahí llega la libertad de expresión.
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