El 11 de Septiembre del 2001 los países miembros de la Organización de Estados Americanos se reunieron el Lima, Perú, con el fin de adoptar la Carta Democrática Interamericana. Lo hicieron para reafirmar el derecho que las personas de nuestro continente tienen a vivir en democracias basadas en el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, en elecciones libres y justas, en un ambiente de transparencia y respeto, con un Estado de derecho que limite el poder del gobierno, con separación de poderes entre las distintas ramas del Estado, sin discriminación y con el derecho y la responsabilidad de todos los ciudadanos de un país a participar en las decisiones que hacen a su propio desarrollo.

Desde entonces, Venezuela ha invertido enormes cantidades de tiempo, dinero y petróleo en subvertir los principios establecidos en dicha Carta, tanto dentro del país, a través de una continua destrucción de las instituciones democráticas y de sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos; como en el mundo, a través de la captación de los organismos internacionales tales como la propia OEA; o de la creación de nuevas organizaciones, como UNASUR o CELAC. Los resultados de estas acciones, ignoradas por todos e incluso por los Estados Unidos, recién ahora comienzan a materializarse.

Dentro de Venezuela, la situación es evidente para los que la quieren ver: durante los últimos 15 años el país ha padecido la paulatina descomposición de todas las instituciones democráticas. Desde comienzos de año, este proceso destructivo se ha intensificado. El Gobierno de Nicolás Maduro ha atacado sistemáticamente, reprimido y criminalizado las protestas de estudiantes indefensos, en algunos casos mediante la brutal e ilegal práctica de la tortura; ha perseguido y encarcelado, sin proceso judicial, a la disidencia política, hoy convertida en resistencia; ha cerrado medios de comunicación, limitado el acceso a la información, promovido la impunidad, confiscado la propiedad privada, impedido la libre circulación de los ciudadanos, despreciado el derecho a la vida, a la integridad física, a la alimentación y a la educación.

Internacionalmente, la situación se hace evidente al observar el accionar de la Organización de Estados Americanos durante el transcurso del corriente año. A punta de dólares y petróleo, Venezuela ha logrado controlar, casi en su totalidad, los votos dentro de dicha Organización, la cual no solo ha permanecido en silencio respecto a la situación catastrófica que vive la Democracia en el país, sino que ni siquiera ha permitido debatir tal situación en su Consejo Permanente.

Frente el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la reacción del régimen venezolano fue diferente: al no poder controlar a la Comisión Interamericana, decidieron retirarse, en una clara señal de falta de respeto a los principios establecidos en la Carta Democrática.

Dentro del sistema de Naciones Unidas, Venezuela parece decidido a continuar el mismo camino. En octubre próximo se elegirán los nuevos miembros al Consejo de Seguridad, y uno de ellos provendrá de América Latina. El Consejo de Seguridad tiene como principal responsabilidad el velar para que los principios fundamentales que guían las relaciones entre los países, tales como la paz, la seguridad, la vida y la integridad física, el respeto a los Derechos Humanos y la protección del medioambiente, sean respetados.

Lo que preocupa, es que el único país de la región que busca hacerse de esta banca es justamente Venezuela. Fuentes con conocimiento del tema me informan de que a la fecha Venezuela ya habría logrado el respaldo unánime de los 33 países de la región que conforman el Grupo Regional de América Latina y el Caribe (GRULAC).

Lamentablemente, pareciera que la comunidad internacional aún no quiere abrir los ojos ante la realidad social y política que vive Venezuela, comenzando por la violación al Derecho Internacional, el desconocimiento de la justicia internacional y la violación sistemática de los Derechos Humanos. El desinterés o la complicidad de gran parte de los países de la región que sí son democráticos, tales como México, Chile, Perú o Uruguay, puede traer consecuencias aún más graves para la protección internacional de estos principios universales.

La entrada de Venezuela al Consejo de Seguridad sería sin duda una nueva piedra en el zapato para la comunidad internacional, con la que habrá que lidiar al momento de resolver las crisis internacionales que ponen en peligro la paz, la libertad, la seguridad y la democracia en el mundo. Es hora de que los países democráticos de la región pongan fin al silencio.

Ezequiel Vázquez-Ger es consultor y analista político basado en Washington DC. Twitter: @Ezequielvazquez | www.ezequielvazquez.com